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Trillo dimite como embajador de España en Londres

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El Embajador de España en Reino Unido, Federico Trillo, ha anunciado su dimisión. Decisión que llega días después de que el Consejo de Estado responsabilizara por primera vez al Ministerio de Defensa del accidente del Yak-42, del que él era titular, años después de que ocurriera.

No obstante, Exteriores también había anunciado que Trillo sería relevado, igual que el resto de embajadores, en las próximas semanas o meses como parte del proceso ordinario para sustituir a otros 71 embajadores una vez formado el Gobierno.

La dimisión de Trillo llega la misma semana en que la actual Ministra de Defensa, Mª Dolores de Cospedal, asumiera las responsabilidades de Defensa en la tragedia aérea que se cobró la vida de 61 militares que regresaban de prestar servicio en Afganistán, anunciando que «seguirá el dictamen del Consejo de Estado, pese a su carácter no vinculante».

Y es que Trillo siempre ha mantenido que no tuvo ninguna responsabilidad en el suceso y era el único embajador político, que no es diplomático de carrera, nombrado por el Gobierno de Mariano Rajoy. La pérdida de confianza del Jefe del Ejecutivo podría haber propiciado su dimisión.

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Ribó imputado por supuesta construcción ilegal de piscina en Alboraia

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Joan Ribó imputado

VALÈNCIA. La presunta edificación irregular de una piscina municipal promovida por el Ayuntamiento de Alboraia en terrenos pertenecientes a València está generando controversia legal. Esta situación no solo afecta al consistorio de l’Horta Nord, sino también a la capital del Turia, ya que su exalcalde, Joan Ribó, ha sido citado a declarar como investigado en el proceso judicial.

El Juzgado de Instrucción Nº 19 de València ha admitido la solicitud de comparecencia formulada por la Asociación para la Defensa del Estado de Derecho, que ejerce la acusación popular y está presidida por la exalcaldesa de Catarroja, María Ángeles López. Según el auto judicial al que ha accedido Valencia Plaza, Ribó deberá comparecer el próximo 22 de julio.

La mencionada asociación, representada por el abogado Víctor Soriano, sostiene que existía conocimiento previo por parte de Joan Ribó y la exconcejala de Urbanismo, Sandra Gómez, sobre la construcción de la piscina, dado que su emplazamiento fue ampliamente difundido en medios de comunicación.

 

Sin embargo, afirman que no se tomaron medidas administrativas para legalizar la situación o iniciar procedimientos sancionadores.

Tanto el Ayuntamiento de València como el de Alboraia están bajo investigación por esta supuesta irregularidad urbanística. Desde 2022, el consistorio de Alboraia impulsó la construcción de la piscina en terrenos propios ubicados dentro del término municipal de València.

Según las declaraciones recopiladas en la instrucción judicial, estos terrenos se encontrarían en un proceso de segregación para ser incorporados al municipio de Alboraia.

Plan General de Alboraia

El Plan General de Alboraia los clasifica como suelo urbano, mientras que el de València los considera suelo protegido no urbanizable.

El complejo acuático en cuestión es una piscina municipal al aire libre, cuyo coste ascendió a 1,2 millones de euros, financiado parcialmente con una subvención de la Diputación de València. Su ubicación colinda con el campo de fútbol del Alboraya UD, pero según la investigación, fue construido en terrenos no urbanizables catalogados como huerta protegida.

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