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Fin de la era Rajoy ¿Quién le sucederá?

Publicado
hace 7 añosen
Tras la moción de censura socialista que ha costado la presidencia del Gobierno del PP, este martes, Mariano Rajoy ha comparecido en rueda de prensa tras el Comité Ejecutivo Nacional del PP para anunciar que abandona el liderazgo del PP, ante lo que se convocará un Congreso del partido para elegir candidato. «Es lo mejor para el partido, para España y para mí», ha señalado Rajoy.
«Hemos ganado todas las elecciones de ámbito nacional: 2011, 2015 y 2016. También las europeas de 2014 y las municipales de 2015. Somos el primer partido de España a pesar del daño que nos han hecho los casos de corrupción» ha señalado haciendo balance de su gestión, añadiendo que «he defendido de la mejor manera que he sabido mi honorabilidad y la del partido. He intentado ser justo, proteger el buen nombre del PP y su trayectoria. He asumido mis errores y los que no eran míos», ha detallado.
«Contamos con el grupo parlamentario más grande del Congreso y con la mayoría absoluta en el Senado. Tenemos dirigentes preparados, una militancia como ninguna otra, y no hay ningún motivo para el desánimo», ha expresado su confianza en que «sabemos gobernar, pero también sabemos hacer oposición. Tenemos que defender nuestra obra y evitar que vuelvan a dejar España en caída libre. Nos exigirá esfuerzo y trabajo, pero no más que el que nos exigió rescatarla de la crisis económica o de la ruptura».
Y en este contexto es cuando ha dado a conocer la que, sin duda, es una de las noticias del día al anunciar que abandona la presidencia del Partido Popular. «Es lo mejor para el Partido Popular y para mí. También para España. Lo demás no importa nada», detalla Rajoy.
Pese a ello, el todavía líder del PP, ha puntualizado que «seguiré con vosotros. No imagino mi vida fuera del Partido Popular. No voy a dejar el carnet. Ahí donde me encuentre estaré con vosotros, a la orden de quien escogáis», para asegurar que se mantendrá en el cargo hasta que el PP elija a su sustituto, para lo cual la formación deberá convocar un Congreso.
En su comparecencia, Rajoy también se ha referido al nuevo gobierno socialista. «Este gobierno nace con una debilidad extrema. No sabemos cuál es su programa ni con qué apoyos piensa tirar hacia adelante», puntualizando que «gobierna España quien ha perdido las elecciones, y este estigma acompañará a este Gobierno hasta el final». Y es que el peso de la independencia de Cataluña es uno de los temas más destacados. «Resulta inquietante la fragilidad política del nuevo Gobierno cuando la situación de Catalunya y en sus calles dista mucho de estar calmada». A este respecto, Rajoy ha defendido la gestión de su Ejecutivo. «El balance global es que ni hubo independencia ni Puigdemont es presidente».
En sus palabras, también ha lanzado un mensaje a Sánchez. «No nos han censurado los ciudadanos, y esto es lo más importante que debemos saber. Es nuestra tranquilidad y nuestra fuerza».
Las quinielas de quien sucederá a Rajoy, al frente del PP , ya han comenzado y figuran;
– Soraya Sáenz de Santamaría
– María Dolores de Cospedal
– Alberto Núñez Feijóo
– Ana Pastor
Las habladuríaS sitúan al presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, en el más popular para situarse al frente del PP.
Airbnb ha manifestado su «firme oposición» al procedimiento llevado a cabo por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, tras conocerse este lunes un auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que insta a la plataforma a eliminar 5.800 anuncios de pisos turísticos.
La compañía denuncia el uso de una «metodología indiscriminada» en la elaboración del listado de anuncios presuntamente ilegales, que formaría parte de una serie de resoluciones remitidas por Consumo, y ha confirmado que continuará recurriendo las decisiones judiciales por considerar que «están en desacuerdo con las normativas españolas y europeas».
Un portavoz de Airbnb ha explicado que el Ministerio de Consumo «no es competente para hacer cumplir regulaciones turísticas» y que ha enviado un listado que incluye anuncios con licencia y otros que, según la plataforma, «podrían no necesitarla, como los arrendamientos de temporada».
Además, ha afirmado que Consumo ha ignorado resoluciones del Tribunal Supremo que aclaran que no todos los anuncios de Airbnb están obligados a mostrar un número de registro. Según la sentencia del Supremo de enero de 2022, la obligación recae sobre el prestador del servicio turístico, no sobre la plataforma de intermediación.
La compañía ha insistido en que actúa conforme a la Ley de Servicios Digitales europea, y que no tiene obligaciones de supervisión activa sobre el contenido publicado por los usuarios. En esta línea, recuerda que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó en diciembre de 2019 que Airbnb es un servicio de la sociedad de la información, y no un agente inmobiliario, por lo que su función es la de intermediación.
Este argumento es clave en la defensa de la plataforma, que reitera que los anfitriones son responsables de cumplir con las leyes locales y de que los anuncios incluyan la información necesaria cuando así se requiera.
En los últimos meses, el Ministerio de Consumo ha remitido a Airbnb tres resoluciones diferentes en las que notificó un total de 65.935 anuncios supuestamente ilegales. El auto conocido este lunes por parte del TSJM corresponde a la primera de esas resoluciones, que obliga a retirar 5.800 anuncios concretos.
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha calificado esta decisión como una «gran victoria» en defensa del derecho a la vivienda y ha afirmado que se trata de un «aval claro a la labor del ministerio» en su objetivo de proteger a los consumidores.
Respecto a las otras dos resoluciones, el Ministerio espera que la justicia se pronuncie en la misma línea, aunque reconoce que la plataforma «habrá recurrido» también estos casos.
En relación con sus procedimientos, Airbnb ha recordado que siempre informa a los anfitriones de la necesidad de cumplir las leyes locales antes de publicar sus anuncios. La plataforma exige a los usuarios que certifiquen que cuentan con los permisos necesarios y les recuerda de forma periódica que revisen la normativa aplicable.
“Esto se deja claro en los Términos de Servicio y los usuarios que no cumplan con las políticas pueden ser eliminados de la plataforma”, ha indicado el portavoz.
Además, aclaran que no todos los alojamientos publicados en la web corresponden a viviendas turísticas. También se incluyen apartamentos turísticos, hoteles, hostales o arrendamientos de temporada, modalidades que no están sujetas a las mismas obligaciones que el alquiler vacacional de corta duración.
Para demostrar su voluntad de cooperación, Airbnb ha puesto en valor sus recientes acuerdos con gobiernos autonómicos como los de Islas Canarias, Región de Murcia y el Consejo Insular de Ibiza, con el objetivo de fomentar un modelo de turismo sostenible. Según la plataforma, estas iniciativas son ejemplos de que «Airbnb quiere trabajar junto a las autoridades locales para crear un sistema equilibrado y beneficioso para todas las partes implicadas».
La Dirección General de Consumo ha detallado tres motivos principales por los que considera que los anuncios detectados en Airbnb incumplen la normativa vigente:
Una gran parte de los anuncios analizados no incluyen el número de licencia o registro obligatorio, exigido por varias normativas autonómicas. Esta omisión constituye, según el Ministerio, la infracción más frecuente en la publicidad alojada en la plataforma.
Otro incumplimiento recurrente es que no se identifica la naturaleza jurídica del arrendador. Es decir, no se especifica si quien alquila es un particular o un profesional, algo fundamental para determinar si el contratante está protegido por la legislación de consumo.
Consumo también denuncia la presencia de anuncios con números de licencia falsos o inválidos, es decir, no expedidos por ninguna autoridad oficial. Esta práctica puede ser considerada engañosa o fraudulenta, ya que puede inducir a error a los usuarios que creen estar alquilando alojamientos legales.
El conflicto entre Airbnb y el Ministerio de Consumo refleja un choque de competencias y de interpretaciones legales sobre cómo debe regularse el alquiler turístico en España. Mientras Consumo insiste en la necesidad de más transparencia y legalidad en las plataformas, Airbnb reivindica su papel como intermediario tecnológico, sin responsabilidad directa sobre el contenido que publican los anfitriones.
La decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid marca un punto de inflexión en la batalla judicial entre la administración y las plataformas digitales, y podría sentar precedente para el control del mercado de alquiler turístico en España.
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