València, 4 abr (OFFICIAL PRESS- EFE).- El hombre de 47 años que fue detenido este domingo tras matar con un cuchillo de cocina a su hijo de 11 años en una vivienda de la localidad valenciana de Sueca será puesto mañana por la mañana a disposición del juez, según ha informado a EFE la Guardia Civil.
El pequeño Jordi, que acababa de cumplir 11 años, se encontraba en el domicilio de su padre a pesar de que éste tenía una orden de alejamiento respecto de la madre, que era la responsable de la custodia del menor, hijo único de la pareja.
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha informado este lunes de que los cónyuges ratificaron el convenio regulador de custodia compartida sin informar al juzgado de que existía un procedimiento penal por malos tratos.
Dicho convenio fue establecido en julio de 2021, cuando ambos cónyuges presentaron una demanda de divorcio de mutuo acuerdo, y fue ratificado también por ambos en septiembre de ese mismo año.
Sin embargo, el TSJCV informa de que ninguno de los dos padres informó al juzgado que veía su proceso de divorcio de la existencia de un procedimiento penal abierto en agosto, un mes antes, que se cerró con una condena para el padre de 40 días a trabajos en beneficio de la comunidad, 8 meses de alejamiento y prohibición de comunicación con su exmujer.
La sentencia se dictó el 12 de agosto por conformidad y por tanto es firme -por lo que la orden de alejamiento debería haber estado vigente hasta el próximo 12 de abril- y establecía la custodia y la patria potestad para la madre.
En consecuencia, esta decisión suspendía cualquier régimen de visitas del progenitor condenado respecto de su hijo, y fijaba además una pensión alimenticia de 200 euros mensuales.
Ahora se trata de determinar si fue la familia materna la que accedió a llevar al menor con el padre durante unas horas con motivo de su reciente cumpleaños.
Los responsables del colegio Unión Cristiana, donde acudía a clase el menor, han informado a través de terceros de que el profesorado se limitará a acompañar a los alumnos en este trance y a apoyarles, sin ningún tipo de acto de recuerdo u homenaje.
El crimen se conoció este domingo alrededor de las 14 horas, cuando la madre del menor, de 44 años, acudió al domicilio paterno a recoger a su hijo y, al no abrirle la puerta, ha avisado a los servicios de Emergencias.
Cuando una patrulla de la Guardia Civil se ha personado en la vivienda, ubicada en la calle Rafael Hervás, en el mismo centro de Sueca, los agentes han comprobado los hechos y han detenido al progenitor.
El padre fue trasladado al cuartel de la Guardia Civil de Sueca, donde permanecerá hasta mañana, cuando sea puesto a disposición del juez.
El Ayuntamiento de Sueca ha decretado tres días de luto oficial y suspenderá cualquier actividad lúdica, mientras que el de Cullera, donde reside la familia materna mantendrá el luto durante las dos próximas jornadas. Ambos consistorios han organizado concentraciones en repulsa por este asesinato esta tarde a las 20 horas.
La Policía Nacional ha detenido en València a cinco personas, entre ellas dos abogados, un notario de reconocido prestigio en la ciudad, la cuidadora de la víctima y el comprador de varios inmuebles, por presuntamente expoliar el patrimonio de una mujer octogenaria con alzhéimer. El perjuicio económico asciende a unos 785.000 euros, según ha informado la Jefatura Superior de Policía.
La investigación ha destapado una trama de ventas inmobiliarias irregulares, abusos de confianza y una grave situación de vulnerabilidad, en la que la anciana habría sido despojada de todos sus bienes en apenas un año.
Ventas irregulares y patrimonio enajenado
Las pesquisas policiales comenzaron en junio de 2025, tras la denuncia interpuesta por los familiares de la mujer. Estos alertaron de que cada vez les resultaba más difícil contactar con la anciana o visitarla, lo que despertó su preocupación.
Al consultar el Registro de la Propiedad, comprobaron que la totalidad de los inmuebles de la mujer habían sido vendidos en un corto periodo de tiempo. Las investigaciones revelaron que las operaciones se realizaron con el asesoramiento de dos abogados que, además, actuaban como letrados del comprador, incurriendo en un claro conflicto de intereses y dejando a la víctima en una situación de absoluta indefensión.
Los inmuebles fueron vendidos muy por debajo de su valor real de mercado, lo que permitió a los implicados obtener importantes beneficios económicos.
El papel clave del notario y la cuidadora
Todas las operaciones se formalizaron ante el mismo notario, que dio validez legal a las transacciones. Incluso en la venta de la vivienda habitual de la anciana —realizada bajo la fórmula de nuda propiedad— se incluyeron condiciones especialmente gravosas, que llegaban a contemplar la posible pérdida del usufructo.
Los agentes constataron además que el notario, junto al comprador, realizó gestiones para suprimir dicho usufructo, entrevistándose con vecinos para intentar demostrar que la mujer ya no residía en el inmueble, algo que no era cierto.
La cuidadora, que se encargaba de preparar la comida y atender diariamente a la octogenaria, tenía una posición de especial influencia sobre ella. Fue incluida en el testamento y era quien realizaba extracciones de dinero de las cuentas bancarias de la víctima.
Sustancias tóxicas y agravamiento del caso
Durante una hospitalización de la anciana, los investigadores llegaron a detectar presencia de mercurio y metanol en su organismo, un hallazgo que incrementó la gravedad de las sospechas sobre su entorno más cercano y reforzó la investigación policial.
Delitos y situación judicial
Como resultado de la operación, los cinco detenidos están acusados de prevaricación, falsedad en documento público, estafa, delito contra los derechos de los trabajadores y deslealtad profesional. Uno de ellos cuenta con antecedentes policiales.
Todos han pasado ya a disposición judicial, mientras continúa la investigación para esclarecer completamente los hechos y determinar si existen más personas implicadas.
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