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Un total de 682 familias de Murcia se beneficiarán de ayudas para mejorar la accesibilidad en sus edificios y viviendas

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ANA CÁNOVAS
MURCIA, 18 Feb.- Un total de 682 familias del municipio de Murcia se van a beneficiar de las ayudas del anterior Plan de Vivienda de la Región para la mejora de la accesibilidad en sus edificios y viviendas, según ha informado el director general de Ordenación del Territorio, Arquitectura y Vivienda, José Antonio Fernández Lladó, durante la visita al edificio ‘Profesor Tierno Galván’, en Murcia, que ha sido uno de los beneficiarios de las subvenciones públicas.

Asimismo, Lladó ha destacado que estas ayudas para la eliminación de barreras arquitectónicas, que suponen el 50 por ciento del importe de la actuación, «representan un impulso en la mejora de la accesibilidad y también una inyección para el sector de la arquitectura e ingeniería, y por tanto para el crecimiento regional», según informaron fuentes del Gobierno regional.

En este edificio, que data de 1976 y consta de 16 viviendas, se ha instalado un ascensor y se han eliminado peldaños y desniveles, mejorando la accesibilidad del edificio mediante la instalación de rampas de acceso desde la acera hasta la cota de embarque del nuevo ascensor. La actuación realizada en este inmueble ha recibido una subvención pública de 26.900 euros sobre el presupuesto total de la obra de 39.855 euros

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Facebook cierra un grupo de 32.000 usuarios en Italia por difundir fotos íntimas sin consentimiento

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Meta ha cerrado un grupo de Facebook con más de 32.000 usuarios en el que se compartían imágenes íntimas de mujeres, muchas de ellas tomadas sin su consentimiento.

El grupo, llamado “Mia Moglie” (“Mi esposa”, en italiano), llevaba más de siete años activo, publicando fotos y comentarios de carácter sexista y misógino.

Facebook elimina un grupo que compartía imágenes íntimas sin consentimiento

Según ha explicado un portavoz de Meta a EFE, el grupo fue eliminado por infringir la normativa de la plataforma contra la explotación sexual de adultos:

“No permitimos contenidos que promocionen la violencia, los abusos o la explotación sexual. Si detectamos publicaciones que inciten a la violación o difundan material íntimo sin consentimiento, deshabilitamos grupos y cuentas y compartimos la información con las fuerzas de seguridad”.

El grupo, con 31.885 miembros, compartía fotos de mujeres en momentos privados, en ocasiones tomadas por sus propias parejas para difundirlas en el foro y comentarlas con otros usuarios. Parte del material estaba además generado con Inteligencia Artificial, lo que agrava la situación al simular escenas íntimas sin consentimiento.

Denuncias que provocaron el cierre del grupo

El caso salió a la luz gracias a la denuncia de la organización No Justice No Peace y de la escritora Carolina Capria, quien expuso el caso en su cuenta de Instagram.

Capria explicó:

“Me han informado de un grupo de Facebook con 32.000 usuarios en el que algunos hombres intercambian fotos íntimas de sus propias esposas para comentarlas y fantasear sexualmente. Mujeres que muchas veces ni siquiera saben que son fotografiadas, siendo sometidas a una especie de violación virtual”.

En apenas 48 horas, las denuncias se viralizaron en Italia, con críticas masivas desde la ciudadanía, asociaciones y figuras políticas, que presionaron a Meta hasta conseguir el cierre del grupo.

Reacciones políticas en Italia

El caso ha tenido eco en la política italiana. El Partido Demócrata (PD) denunció públicamente este tipo de violencia digital.

Roberta Mori, portavoz nacional de la Conferencia de Mujeres Democráticas, declaró:

“Alentar, tolerar o minimizar estas formas de violencia digital significa ser cómplice de una cultura de la violación que lleva siglos afectando a mujeres y niñas. La responsabilidad es individual, pero también colectiva cuando se difunden imágenes sin consentimiento”.

El marco legal: “Revenge porn” en Italia

En Italia, la difusión no consentida de imágenes sexuales explícitas se castiga bajo el delito de “revenge porn” recogido en el artículo 612-ter del Código Penal.

La norma establece que cualquier persona que publique, difunda o comparta imágenes privadas sin consentimiento puede enfrentarse a penas de prisión de 1 a 6 años y multas de entre 5.000 y 15.000 euros, salvo que el hecho constituya un delito más grave.

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