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Una nueva sentencia establece que el confinamiento no son vacaciones

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Después del fallo en ese sentido de un juez en Cantabria, una nueva sentencia judicial ha dado la razón a un trabajador que demandó a su empresa por darle vacaciones durante el confinamiento. El Juzgado de lo Social número 1 de Melilla ha fallado a favor de una empleada de una de las empresas de ITV de la ciudad autónoma a quien se le concedieron vacaciones del 30 de marzo al 5 de abril, en pleno Estado de Alarma.

La trabajadora tenía sus vacaciones solicitadas y aprobadas para esas fechas, pero el 21 de marzo pidió un aplazamiento ante la nueva situación. La empresa no contempló la petición. Ahora, la sentencia declara la nulidad de ese periodo vacacional y da derecho a la demandante a disfrutar de sus vacaciones entre el 9 y el 15 de diciembre.

El fallo judicial equipara el confinamiento con la Incapacidad Temporal recogida en el Estatuto de los Trabajadores. Según el artículo 38.8 de dicho estatuto, el trabajador que inicia una situación de incapacidad temporal antes o después de su disfrute de periodo vacacional «conserva su derecho a disfrutar sus vacaciones». Para el juez, la situación excepcional del estado de Alarma ha impedido a la trabajadora su «legítimo derecho» a disfrutar de las vacaciones autorizadas, ante «las restricciones de su libertad ambulatoria (desplazarse, salir de su domicilio, tener un ocio particular, visita de familiares, acudir a un bar, hacer deporte, etc…)».

Para UGT, de la que es miembro la demandante, la sentencia supone un antes y un después para los trabajadores. Según el sindicato, queda claro que el confinamiento no son vacaciones, ya que estas son «un derecho irrenunciable, como protección de la salud y seguridad y como recuperación de la fatiga que provoca el trabajo y ahora también el confinamiento».

«El favorecimiento de las relaciones familiares y sociales fuera de la vivienda, el ocio, la restauración los viajes, el turismo y/o el descanso debe ser donde uno decida sin obligación», ha expresado el sindicato en un comunicado.

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La familia de Álex, el menor asesinado en Sueca, pide ayuda económica para afrontar el proceso judicial

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La familia de Álex, el niño de 13 años asesinado en Sueca el pasado 24 de enero, ha puesto en marcha una campaña de crowdfunding para poder hacer frente a los costes judiciales derivados del proceso penal y garantizar que el caso llegue hasta el final.

La iniciativa, titulada “Justicia para Álex”, ha sido impulsada por el padre del menor y ha logrado recaudar más de 2.800 euros en apenas cuatro días, gracias a la solidaridad de vecinos, amigos y personas de distintos puntos del país.

Una comunidad volcada con la familia

Desde que se produjo el crimen, Sueca permanece conmocionada. Las muestras de apoyo no han cesado: concentraciones silenciosas, mensajes de condolencia y homenajes espontáneos reflejan el impacto que ha tenido la muerte del menor en el municipio.

Con esta campaña solidaria, los padres de Álex buscan contar con los recursos necesarios para afrontar el procedimiento judicial, pero también mantener viva la memoria de su hijo y evitar que el caso caiga en el olvido.

El acusado, en prisión provisional sin fianza

Según la investigación, Álex acudió a casa de un amigo para pasar la tarde. Presuntamente, el padre del menor lo atacó con un arma blanca, causándole heridas mortales. El hombre fue detenido horas después por la Guardia Civil y reconoció los hechos ante los agentes.

El juez encargado del caso decretó prisión provisional, comunicada y sin fianza para el acusado, imputado por un delito de asesinato agravado, al tratarse de una víctima menor de 16 años. Desde su ingreso en la prisión de Picassent, el detenido ha optado por no declarar y remitirse a sus manifestaciones previas.

Apoyo social y búsqueda de justicia

La familia insiste en que la recaudación no responde solo a una necesidad económica, sino también a un deseo de justicia y acompañamiento. El respaldo ciudadano se ha convertido en un pilar fundamental en un momento de enorme dolor.

El caso de Álex ha trascendido el ámbito judicial para convertirse en una herida colectiva, con un municipio entero unido en el recuerdo del menor y en el apoyo a sus padres durante un proceso largo y complejo.


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