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Acuerdo por «la mínima presencialidad en la docencia durante febrero» en las universidades públicas valencianas

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Universidad Politécnica de Valencia. EFE/Biel Aliño/Archivo

Alicante, 26 ene (EFE).- La Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital y las rectoras y rectores de las universidades públicas valencianas han acordado que durante febrero haya mínima presencialidad en la docencia, al tiempo que quedan aseguradas las prácticas que tengan que desarrollarse de forma presencial, garantizando todas las medidas de seguridad.

La consellera de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, Carolina Pascual, ha mantenido este martes una reunión por videoconferencia con las rectoras y rectores de las cinco universidades públicas de la Comunitat para evaluar la enseñanza, según un comunicado de la Generalitat.

A este encuentro también han asistido la secretaria autonómica de Universidades e Investigación, Carmen Beviá, y la directora general de Universidades, Pilar Ezpeleta.

La Conselleria y las universidades, según ha explicado Pascual, «han acordado este martes la mínima presencialidad en las aulas durante el mes de febrero, situación que se irá evaluando en función de la evolución de la pandemia y siempre con la finalidad de asegurar la salud de toda la comunidad universitaria».

En este sentido, la consellera ha precisado que la docencia durante este mes consistirá en que «serán en formato online en los contenidos que puedan ser impartidos por esta vía y que las prácticas que necesiten presencialidad queden también aseguradas».

«Esta medida estaba así contemplada en los planes de contingencia que cada una de las universidades está implementando y en este plazo iremos coordinándonos y evaluando los escenarios a los que nos vamos enfrentando», según Pascual.

También ha indicado que las universidades y la Generalitat se están coordinando con la finalidad de «tomar las decisiones adecuadas para una docencia de calidad y la seguridad y salud de toda la comunidad universitaria».

Pascual ha destacado que los exámenes que se están realizando de forma presencial se están desarrollando sin incidencias y ha animado a las universidades a que «se hagan online aquellas pruebas que se puedan adaptar a este formato».

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Ribó imputado por supuesta construcción ilegal de piscina en Alboraia

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Joan Ribó imputado

VALÈNCIA. La presunta edificación irregular de una piscina municipal promovida por el Ayuntamiento de Alboraia en terrenos pertenecientes a València está generando controversia legal. Esta situación no solo afecta al consistorio de l’Horta Nord, sino también a la capital del Turia, ya que su exalcalde, Joan Ribó, ha sido citado a declarar como investigado en el proceso judicial.

El Juzgado de Instrucción Nº 19 de València ha admitido la solicitud de comparecencia formulada por la Asociación para la Defensa del Estado de Derecho, que ejerce la acusación popular y está presidida por la exalcaldesa de Catarroja, María Ángeles López. Según el auto judicial al que ha accedido Valencia Plaza, Ribó deberá comparecer el próximo 22 de julio.

La mencionada asociación, representada por el abogado Víctor Soriano, sostiene que existía conocimiento previo por parte de Joan Ribó y la exconcejala de Urbanismo, Sandra Gómez, sobre la construcción de la piscina, dado que su emplazamiento fue ampliamente difundido en medios de comunicación.

 

Sin embargo, afirman que no se tomaron medidas administrativas para legalizar la situación o iniciar procedimientos sancionadores.

Tanto el Ayuntamiento de València como el de Alboraia están bajo investigación por esta supuesta irregularidad urbanística. Desde 2022, el consistorio de Alboraia impulsó la construcción de la piscina en terrenos propios ubicados dentro del término municipal de València.

Según las declaraciones recopiladas en la instrucción judicial, estos terrenos se encontrarían en un proceso de segregación para ser incorporados al municipio de Alboraia.

Plan General de Alboraia

El Plan General de Alboraia los clasifica como suelo urbano, mientras que el de València los considera suelo protegido no urbanizable.

El complejo acuático en cuestión es una piscina municipal al aire libre, cuyo coste ascendió a 1,2 millones de euros, financiado parcialmente con una subvención de la Diputación de València. Su ubicación colinda con el campo de fútbol del Alboraya UD, pero según la investigación, fue construido en terrenos no urbanizables catalogados como huerta protegida.

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