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Acuerdo por «la mínima presencialidad en la docencia durante febrero» en las universidades públicas valencianas

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Universidad Politécnica de Valencia. EFE/Biel Aliño/Archivo

Alicante, 26 ene (EFE).- La Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital y las rectoras y rectores de las universidades públicas valencianas han acordado que durante febrero haya mínima presencialidad en la docencia, al tiempo que quedan aseguradas las prácticas que tengan que desarrollarse de forma presencial, garantizando todas las medidas de seguridad.

La consellera de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, Carolina Pascual, ha mantenido este martes una reunión por videoconferencia con las rectoras y rectores de las cinco universidades públicas de la Comunitat para evaluar la enseñanza, según un comunicado de la Generalitat.

A este encuentro también han asistido la secretaria autonómica de Universidades e Investigación, Carmen Beviá, y la directora general de Universidades, Pilar Ezpeleta.

La Conselleria y las universidades, según ha explicado Pascual, «han acordado este martes la mínima presencialidad en las aulas durante el mes de febrero, situación que se irá evaluando en función de la evolución de la pandemia y siempre con la finalidad de asegurar la salud de toda la comunidad universitaria».

En este sentido, la consellera ha precisado que la docencia durante este mes consistirá en que «serán en formato online en los contenidos que puedan ser impartidos por esta vía y que las prácticas que necesiten presencialidad queden también aseguradas».

«Esta medida estaba así contemplada en los planes de contingencia que cada una de las universidades está implementando y en este plazo iremos coordinándonos y evaluando los escenarios a los que nos vamos enfrentando», según Pascual.

También ha indicado que las universidades y la Generalitat se están coordinando con la finalidad de «tomar las decisiones adecuadas para una docencia de calidad y la seguridad y salud de toda la comunidad universitaria».

Pascual ha destacado que los exámenes que se están realizando de forma presencial se están desarrollando sin incidencias y ha animado a las universidades a que «se hagan online aquellas pruebas que se puedan adaptar a este formato».

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Confirmada la fecha que entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios

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El Gobierno implantará la jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios de la Administración General del Estado en la primera quincena de abril. La medida beneficiará a unos 220.000 empleados públicos y será de aplicación inmediata tras la publicación de la resolución oficial.

El anuncio lo ha realizado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, quien ha confirmado que el acuerdo con los sindicatos se materializará en los próximos días.

Vuelta a las 35 horas tras años de recortes

La recuperación de esta jornada supone volver al modelo previo a los ajustes aplicados tras la crisis financiera. La medida forma parte del Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y busca reforzar tanto la calidad del servicio como las condiciones laborales.

Desde el Ejecutivo aseguran que la reducción de jornada se aplicará garantizando la atención a la ciudadanía y la continuidad de los servicios públicos, mediante una mejor planificación de plantillas y organización interna.

Los sindicatos celebran un acuerdo “histórico”

Organizaciones como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios han calificado la medida como “histórica”, destacando que mejorará la conciliación, el bienestar laboral y la productividad.

Además, subrayan que puede contribuir a la creación de empleo en un contexto en el que una parte importante de la plantilla se acerca a la jubilación: más del 20% de los funcionarios se retirará en los próximos cinco años.

Nueva figura del cuidador para la conciliación

La resolución incluirá también la figura del cuidador, dirigida a empleados públicos que atienden a familiares o convivientes con necesidades médicas graves.

Esta medida, alineada con la normativa europea, busca reforzar los derechos de conciliación y adaptar la Administración a las nuevas realidades sociales.

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