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El Gobierno no se responsabiliza de las víctimas de la vacuna covid: «Se la pusieron voluntariamente»

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El Ministerio de Sanidad se desentiende de las víctimas de la vacuna contra el COVID-19 y ahora rechaza la responsabilidad de la Administración, a pesar de un dictamen específico de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (Aemps) que establece por primera vez la relación de causalidad entre la administración de la vacuna Spikevax-COVID-19 de Moderna y la miocarditis grave.

En su respuesta a un procedimiento de reclamación patrimonial, el Ministerio de Sanidad argumenta que cualquier ciudadano que reciba atención médica debe aceptar los efectos adversos derivados de la misma, siempre y cuando haya dado su consentimiento informado. Además, sostiene que la posibilidad de sufrir el daño reclamado fue divulgada por la Aemps al administrarse la vacuna y que ésta fue recibida voluntariamente, por lo que no puede considerarse un daño antijurídico imputable a las administraciones públicas.

Los hechos se remontan a diciembre de 2021, cuando un ciudadano recibió la vacuna contra el COVID-19 tras la imposición del Certificado COVID-19 Digital de la UE en casi todo el país y bajo la premisa de que la vacuna era segura y efectiva. Sin embargo, poco después de la vacunación, comenzaron a manifestarse síntomas alarmantes que llevaron a una hospitalización urgente en la UCI del Hospital.

A pesar de que los médicos inicialmente consideraron un infarto de miocardio, pronto relacionaron los síntomas con la vacuna COVID-19, dada la proximidad temporal con la vacunación. Después de estabilizar al paciente, el diagnóstico final fue miocarditis aguda, probablemente como reacción a la vacuna, según los informes médicos.

Dictamen de la Aemps

Aunque la Aemps reconoce la relación probable entre la vacuna y la miocarditis, el Ministerio de Sanidad se exime de responsabilidad, argumentando que la posibilidad de efectos adversos fue comunicada previamente y que la vacunación fue voluntaria.

El abogado de la víctima critica la falta de información accesible para el público sobre los riesgos reales de la vacuna y señala que la campaña de vacunación del Ministerio de Sanidad transmitía un mensaje de seguridad. Además, destaca la responsabilidad moral del Ministerio en resolver el procedimiento de reclamación, que ha permanecido estancado por más de dos años, a pesar del dictamen de la Aemps.

 

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El juez pide a la Policía una copia del DNI de Begoña Gómez «visto el estado de las actuaciones»

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Begoña Gómez última hora
Begoña Gómez

El juez que está investigando la denuncia presentada por Manos Limpias contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por presunto tráfico de influencias, ha solicitado a la Policía Nacional una copia autenticada y legible del DNI de la señora Gómez, «dado el estado actual de las actuaciones».

En una providencia obtenida por Europa Press, el juez instructor Juan Carlos Peinado se dirige expresamente a Gómez como «investigada», aunque aún no ha sido formalmente citada como tal en el proceso.

Las visitas del fiscal

Por otro lado, el juez también ha pedido al Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid que evalúe «las visitas personales frecuentes e inusuales» realizadas en la sede judicial por parte del representante del Ministerio Fiscal. Esta solicitud se realiza debido a lo inusual de la actitud procesal de la Fiscalía, especialmente en relación con la interposición automática de recursos de apelación y la insistencia en ser informados de forma inmediata sobre las resoluciones dictadas y las que puedan ser emitidas en el futuro.

En respuesta a esta solicitud del juez, fuentes fiscales consultadas por Europa Press señalan que si la Fiscalía muestra interés en el caso, es porque el magistrado «no ha notificado nada a la Fiscalía». Afirman que el juez inició las diligencias sin notificarles, y solo lo hizo cuando el fiscal preguntó al respecto.

Además, estas fuentes destacan que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid emite comunicados de prensa sobre el caso, pero no informa a la Fiscalía, que es parte en el proceso. Esto ha llevado a situaciones en las que la Fiscalía tuvo que pedir información después de enterarse de los avances del caso a través de los medios de comunicación.

En resumen, la Fiscalía considera que es fundamental ser notificada oficialmente sobre los procedimientos judiciales en los que está involucrada, ya que esto le permite cumplir con su deber de representar los intereses del Estado en el proceso.

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