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Detenidas cinco personas por la compraventa ilegal de una recién nacida por 2.000 euros

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venta ilegal bebé

Agentes de la Policía Nacional han detenido a cinco personas, implicadas en un caso de compraventa ilegal de una recién nacida, tras descubrir un acuerdo entre la madre biológica y una pareja con problemas de fertilidad por un importe de 2.000 euros. La operación ha tenido lugar entre las ciudades de Madrid y Córdoba, y la menor ha sido puesta bajo custodia de los servicios sociales de la Junta de Andalucía.

Una denuncia que destapó la compraventa ilegal de una menor

La investigación se inició en marzo, cuando una mujer de 37 años denunció el supuesto secuestro de su hija recién nacida por parte de una familia cordobesa. En su declaración ante los agentes, la denunciante aseguró que conoció a un joven de 24 años en una fiesta en Madrid en noviembre, con quien compartió su preocupación por perder la custodia del bebé si nacía en la capital, ya que en 2022 la Fiscalía de Menores le retiró la custodia de seis hijos por encontrarse en situación de desamparo.

La mujer relató que fue trasladada a Córdoba, donde permaneció en casa de la familia del joven hasta el momento del parto. Sin embargo, tras el nacimiento, no pudo regresar con su hija y denunció que le exigieron 3.000 euros por los gastos de estancia si quería recuperarla.

Un acuerdo económico para «comprar» a la recién nacida

Las primeras diligencias policiales revelaron que la madre biológica había pactado la venta de su hija por 2.000 euros con una pareja cordobesa que estaba intentando ser padres a través de tratamientos de fertilidad. La operación quedó registrada oficialmente cuando ambos acudieron al Registro Civil de Córdoba para inscribir a la menor como hija del varón de la pareja compradora y de la madre biológica.

Posteriormente, se constató que el varón retiró 2.000 euros en efectivo de un cajero automático y se los entregó a la madre biológica, quien fue posteriormente trasladada de nuevo a Madrid por otro miembro de la familia.

La madre se arrepintió y denunció el caso

Fuentes policiales confirman que la madre biológica se arrepintió de haber entregado a su hija, motivo por el que presentó una denuncia falsa alegando secuestro. Sin embargo, tras confirmar la falsedad del relato inicial, fue arrestada en el municipio madrileño de Móstoles a finales de marzo.

Simultáneamente, en Córdoba, fueron detenidos cuatro miembros de la familia compradora, incluida la pareja que planeaba hacerse pasar por progenitores. La detención se produjo cuando se dirigían a una consulta pediátrica con la recién nacida.

Delitos imputados a los detenidos

A los cinco implicados se les imputan varios delitos graves:

  • Alteración de la paternidad

  • Detención ilegal

  • Falsificación de documento público

  • Acusación y denuncia falsa

El caso ha sido puesto en manos de la autoridad judicial, mientras que la menor ha ingresado en un centro de protección de menores en Córdoba, bajo custodia de los servicios sociales.

Un nuevo caso que reabre el debate sobre la protección de menores en situación de vulnerabilidad

Este nuevo caso de compraventa ilegal de menores vuelve a poner el foco sobre la situación de riesgo en la que se encuentran muchas mujeres sin recursos, y la necesidad de reforzar los mecanismos de prevención y seguimiento en los procesos de custodia y tutela.

El Cuerpo Nacional de Policía continúa investigando si existen otros casos relacionados y no descarta nuevas detenciones. Además, subrayan la importancia de la colaboración ciudadana para detectar y denunciar cualquier intento de tráfico de menores o adopciones ilegales, prácticas que atentan contra los derechos fundamentales de los niños.

 

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Sucesos

Investigan a una joven por robar un móvil, suplantar una identidad y cometer una estafa a través de una falsa factura

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La Guardia Civil le atribuye delitos de hurto, usurpación de estado civil y estafa en la provincia de Valencia

La Guardia Civil investiga a una mujer de 22 años por presuntamente robar un teléfono móvil del interior de un vehículo y utilizarlo posteriormente para usurpar una identidad y cometer una estafa económica, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado oficial.

La investigación se inició tras la denuncia del hurto de un terminal móvil que se encontraba en el interior de un vehículo estacionado en la vía pública. Apenas un día después del robo, la víctima recibió un mensaje en el que se le reclamaba el pago de una factura correspondiente a unas supuestas obras realizadas en su domicilio.

Tras recibir la factura, la denunciante efectuó el pago en el número de cuenta bancaria que figuraba en el documento, sin sospechar que se trataba de una estafa.

Descubren la estafa un mes después

Un mes más tarde, el verdadero propietario de la empresa que realizó las obras se puso en contacto con la víctima para reclamar el pago pendiente. Al enviarle el justificante de la transferencia, este confirmó que la cuenta bancaria no le pertenecía, lo que destapó el fraude.

Las pesquisas de la Guardia Civil permitieron comprobar que el número de cuenta utilizado para recibir el dinero pertenecía a un familiar de la investigada, quien actuó de buena fe tras recibir un mensaje desde el móvil previamente sustraído, en el que se le solicitaba un número de cuenta bancaria. De este modo, la presunta autora utilizó a este familiar como una “mula” financiera para ocultar el rastro del dinero.

Coordinación entre puestos de la Guardia Civil

Para localizar a la sospechosa, los agentes del Puesto de la Guardia Civil de Benaguasil se coordinaron con efectivos del Puesto de Montanejos (Castellón), logrando finalmente identificar a la presunta autora de los hechos.

La investigada es una mujer de 22 años y nacionalidad española, a la que se le atribuyen los delitos de hurto en el interior de vehículo, usurpación de estado civil y estafa.

Diligencias judiciales

La investigación ha sido desarrollada por agentes del Puesto de la Guardia Civil de Benaguasil, que ya han entregado las diligencias en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Llíria, donde continuará el procedimiento judicial.

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