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Detenidas cinco personas por la compraventa ilegal de una recién nacida por 2.000 euros

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venta ilegal bebé

Agentes de la Policía Nacional han detenido a cinco personas, implicadas en un caso de compraventa ilegal de una recién nacida, tras descubrir un acuerdo entre la madre biológica y una pareja con problemas de fertilidad por un importe de 2.000 euros. La operación ha tenido lugar entre las ciudades de Madrid y Córdoba, y la menor ha sido puesta bajo custodia de los servicios sociales de la Junta de Andalucía.

Una denuncia que destapó la compraventa ilegal de una menor

La investigación se inició en marzo, cuando una mujer de 37 años denunció el supuesto secuestro de su hija recién nacida por parte de una familia cordobesa. En su declaración ante los agentes, la denunciante aseguró que conoció a un joven de 24 años en una fiesta en Madrid en noviembre, con quien compartió su preocupación por perder la custodia del bebé si nacía en la capital, ya que en 2022 la Fiscalía de Menores le retiró la custodia de seis hijos por encontrarse en situación de desamparo.

La mujer relató que fue trasladada a Córdoba, donde permaneció en casa de la familia del joven hasta el momento del parto. Sin embargo, tras el nacimiento, no pudo regresar con su hija y denunció que le exigieron 3.000 euros por los gastos de estancia si quería recuperarla.

Un acuerdo económico para «comprar» a la recién nacida

Las primeras diligencias policiales revelaron que la madre biológica había pactado la venta de su hija por 2.000 euros con una pareja cordobesa que estaba intentando ser padres a través de tratamientos de fertilidad. La operación quedó registrada oficialmente cuando ambos acudieron al Registro Civil de Córdoba para inscribir a la menor como hija del varón de la pareja compradora y de la madre biológica.

Posteriormente, se constató que el varón retiró 2.000 euros en efectivo de un cajero automático y se los entregó a la madre biológica, quien fue posteriormente trasladada de nuevo a Madrid por otro miembro de la familia.

La madre se arrepintió y denunció el caso

Fuentes policiales confirman que la madre biológica se arrepintió de haber entregado a su hija, motivo por el que presentó una denuncia falsa alegando secuestro. Sin embargo, tras confirmar la falsedad del relato inicial, fue arrestada en el municipio madrileño de Móstoles a finales de marzo.

Simultáneamente, en Córdoba, fueron detenidos cuatro miembros de la familia compradora, incluida la pareja que planeaba hacerse pasar por progenitores. La detención se produjo cuando se dirigían a una consulta pediátrica con la recién nacida.

Delitos imputados a los detenidos

A los cinco implicados se les imputan varios delitos graves:

  • Alteración de la paternidad

  • Detención ilegal

  • Falsificación de documento público

  • Acusación y denuncia falsa

El caso ha sido puesto en manos de la autoridad judicial, mientras que la menor ha ingresado en un centro de protección de menores en Córdoba, bajo custodia de los servicios sociales.

Un nuevo caso que reabre el debate sobre la protección de menores en situación de vulnerabilidad

Este nuevo caso de compraventa ilegal de menores vuelve a poner el foco sobre la situación de riesgo en la que se encuentran muchas mujeres sin recursos, y la necesidad de reforzar los mecanismos de prevención y seguimiento en los procesos de custodia y tutela.

El Cuerpo Nacional de Policía continúa investigando si existen otros casos relacionados y no descarta nuevas detenciones. Además, subrayan la importancia de la colaboración ciudadana para detectar y denunciar cualquier intento de tráfico de menores o adopciones ilegales, prácticas que atentan contra los derechos fundamentales de los niños.

 

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Emergencias reforzará la normativa de castillos hinchables para evitar accidentes como el de Mislata

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Hablan los padres de una menor fallecida en el castillo hinchable de Mislata

La Generalitat estudia crear la figura de un operador cualificado para supervisar el uso de hinchables

La Conselleria de Emergencias e Interior reforzará la normativa que regula los castillos y atracciones hinchables en la Comunitat Valenciana con el objetivo de mejorar la seguridad y prevenir accidentes como el ocurrido en Mislata en enero de 2022, donde fallecieron dos niñas de 4 y 8 años.

Así lo ha anunciado el conseller Juan Carlos Valderrama tras una reunión con representantes de la Asociación Española de Juegos Hinchables (AEJH), en la que se ha acordado crear un grupo de trabajo para actualizar la normativa vigente sobre instalaciones eventuales, portátiles y desmontables.


Un nuevo marco normativo para eventos públicos y privados

El departamento de Emergencias pretende impulsar una regulación más clara y homogénea que abarque todo tipo de instalaciones hinchables, tanto en espacios públicos como privados, incluyendo ferias, comuniones y celebraciones particulares.

Valderrama ha recordado que, en el caso del accidente de Mislata, la autorización era de competencia municipal, pero ha subrayado la necesidad de establecer criterios de seguridad comunes que garanticen la protección de los usuarios, especialmente de los menores, independientemente del ámbito donde se instalen estas atracciones.

El grupo de trabajo contará con la participación de la AEJH, colegios oficiales de ingenieros, responsables municipales y otros agentes implicados, con el objetivo de consensuar un nuevo desarrollo normativo centrado en la prevención de riesgos.


La figura del operador cualificado, clave del nuevo modelo

Una de las principales medidas que estudia la Conselleria es la creación de la figura de un operador cualificado para el control directo del hinchable durante su uso, una propuesta impulsada por el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Valencia (Cogiti).

Este operador sería responsable del control, mantenimiento y correcto funcionamiento de la atracción, así como de suspender la actividad ante condiciones meteorológicas adversas como viento o lluvia, o cualquier situación de riesgo sobrevenida.

La medida busca reforzar la vigilancia en tiempo real de estas instalaciones y añadir un plus de seguridad, especialmente en eventos con gran afluencia de niños.


Formación homologada de 20 horas

Para obtener la acreditación como operador cualificado, la Conselleria plantea un curso formativo de 20 horas, homologado por la Generalitat, dirigido a instaladores, titulares de atracciones hinchables, ayuntamientos, entidades organizadoras, empresas de ocio, asociaciones y particulares.

El programa incluirá contenidos teóricos y prácticos sobre:

  • Primeros auxilios

  • Normativa UNE-EN 14960 de seguridad en juegos hinchables

  • Requisitos de diseño, montaje, inspección y mantenimiento

  • Gestión de riesgos y protocolos de actuación ante emergencias


Un objetivo claro: más seguridad para los menores

Desde la Asociación Española de Juegos Hinchables han trasladado a la Generalitat la falta de una regulación estatal específica, lo que refuerza la voluntad del Consell de avanzar en una normativa autonómica que mejore la seguridad en todas las fases de uso de los hinchables.

“Queremos hacer todo lo que esté en nuestra mano para reforzar la seguridad y evitar tragedias como la de Mislata”, ha insistido Valderrama, destacando que el nuevo marco normativo se desarrollará desde el consenso y con la participación de todos los sectores implicados.


Prevención para evitar nuevas tragedias

La futura regulación de los castillos hinchables en la Comunitat Valenciana pretende convertirse en un referente en materia de prevención, estableciendo controles más estrictos y formación específica para quienes gestionan estas atracciones lúdicas, muy populares en celebraciones infantiles.

El objetivo final es claro: garantizar la seguridad de los niños y niñas y evitar que se repitan accidentes que han marcado profundamente a la sociedad valenciana.

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