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Valencia

Así serán las 10.000 nuevas viviendas asequibles de la Generalitat Valenciana

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viviendas asequibles Generalitat Valenciana
El president de la Generalitat, Carlos Mazón, presenta el Plan de Vivienda ‘Vive Comunitat Valenciana’. EFE/Manuel Bruque

València, 2 abr (OP-EFE).- Carlos Mazón ha presentado las nuevas viviendas asequibles de la Generalitat Valenciana. Impulsará la promoción de 10.000 viviendas de protección pública mediante la colaboración público-privada en régimen de venta y alquiler para beneficiar a 24.000 personas en los próximos cuatro años.

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha presentado este martes el plan ‘Vive Comunitat Valenciana’, y ha firmado junto a la presidenta de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), Rocío Cortés, el convenio de colaboración para la promoción de viviendas de protección pública en suelo de los ayuntamientos.

La Comunitat Valenciana dispone de una importante bolsa de suelo público, de titularidad de la Generalitat y principalmente de los municipios, cuya puesta a disposición daría lugar a la construcción de 10.000 viviendas en los próximos cuatros años.

En la actualidad, se produce una grave situación de dificultad de acceso a la vivienda, con un incremento de más del 80 % de los precios del alquiler y de casi un 45 % en los de compra durante el periodo 2015-2023.

El colapso del parque público

A ello se suma el colapso del parque público de vivienda de la Generalitat, con más de 15.000 inmuebles, que resultan insuficientes para atender la creciente demanda de vivienda asequible.

Carlos Mazón ha destacado el compromiso del Consell para que la vivienda sea por fin un derecho constitucional en marcha y «no una expectativa» y ha asegurado que es un plan cien por cien sostenible «en base a las catalogaciones y calificaciones de suelo ya disponibles» en el que no se va a recalificar.

Ha anunciado que el plan se completará con los nuevos avales para jóvenes que está ultimando la Conselleria de Economía y Hacienda con los que se cubrirá hasta el 95 % del precio de la vivienda.

El president ha criticado al gobierno de Ximo Puig por generar «un colapso» del parque público y un subida de los precios del alquiler durante su mandato del 90,5 % y el de compra en un 48 %.

Efectos del plan ‘Vive Comunitat Valenciana’

El plan beneficiará a 24.600 personas, generará 7.326 millones de euros de inversión, tendrá un impacto del 2 % en el PIB regional y prevé la creación de 74.000 puestos de trabajo.

Se estructura en torno a la seguridad jurídica de iniciativas ya puestas en marcha (las normas de diseño y calidad en edificios de vivienda, el Reglamento de vivienda de protección pública y régimen jurídico del patrimonio público de vivienda y suelo y la agilización administrativa de licencias de obras) y la colaboración público-privada al contemplar el concurso de derechos de superficie o concesión administrativa destinado a desarrollar por el sector privado promociones para alquiler asequible por un periodo determinado.

También se prevé las permutas de suelo/inmuebles que permitan concursos para promoción de vivienda protegida sobre suelo público y la entrega a la Administración de viviendas para fines sociales, entre otros.

Según un estudio del Instituto Valenciano de la Edificación, con el suelo público disponible de titularidad de los ayuntamientos de más de 10.000 habitantes podrían construirse más de 9.200 viviendas (562 en la provincia de Castellón, 6.200 en Valencia y 2.466 en Alicante), y además se pondrá a disposición el suelo de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA) y los solares para vivienda de protección pública de titularidad privada pendientes de desarrollar que podrán albergar más de 4.000 viviendas.

Nuevas viviendas asequibles de la Generalitat Valenciana

El Plan Vive estipula un parque de 1.101 viviendas mediante concurso derecho de superficie financiados con fondos europeos y capital privado destinadas a alquiler asequible en el periodo 2024-2026.

El plan contempla 360 inmuebles del proyecto Cuartel Ingenieros de València para alquiler asequible y financiación de fondos europeos y privados; 685 viviendas mediante derecho de superficies; y rehabilitación de 184 inmuebles en el edificio de La Torre de València.

En rehabilitación se prevén actuaciones en 600 viviendas para alquiler social con fondos del plan estatal, europeos, Generalitat y ayuntamientos hasta 2027.

Por otro lado, durante esta legislatura se van a crear 6.000 viviendas mediante la modalidad de permuta, derecho de superficies o concesión administrativa sobre suelo público destinadas a alquiler, alquiler con opción a compra o compra a precio VPE que serán construidas con financiación privada.

Igualmente, se van a desarrollar 1.100 viviendas resultantes de permutas a cambio de obra sobre suelo público.

La vigencia del convenio marco con la FVMP será de cuatro años y las partes podrán acordar una prórroga por un periodo de hasta cuatro años adicionales o su extinción.

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Valencia

La jueza de la dana pide al TSJCV que impute a Carlos Mazón

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Carlos Mazón imputación dana
La jueza de la dana pide al TSJCV que impute a Carlos Mazón-EUROPA PRESS

La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 ha acordado elevar una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) para que se investigue al expresident de la Generalitat Carlos Mazón por una presunta “inactividad negligente” durante la emergencia que causó 230 víctimas mortales y una más en estudio.

La magistrada considera que existen indicios suficientes para que el alto tribunal asuma la investigación sobre el exjefe del Consell, dado que mantiene su acta de diputado en Les Corts y, por tanto, su condición de aforado. En la causa ya figuran como investigados la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y su ex número dos Emilio Argüeso.

La instructora ve “conexidad” para investigar al expresident

Según el auto judicial, de 109 páginas, la investigación debe “extenderse de manera inevitable” a Mazón por la “evidente conexidad” con los hechos y la normativa de protección civil. La magistrada sostiene que, desde la perspectiva de la Presidencia de la Generalitat, la gestión de la emergencia “se detuvo de facto” durante varias horas en las que el entonces president permaneció en el reservado de un restaurante.

La resolución subraya que esa permanencia “absolutamente pasiva” durante cerca de cinco horas podría constituir una “grosera negligencia” con un resultado mortal de 230 fallecidos y numerosos heridos.

Competencia autonómica en la emergencia

La jueza recuerda que la gestión de la emergencia correspondía “exclusivamente” a la Generalitat Valenciana al haberse declarado el nivel dos. En ese contexto, cita resoluciones de la Audiencia Provincial que inciden en la competencia autonómica conforme al Estatuto de Autonomía, la Ley de Protección Civil y el plan especial frente a inundaciones.

El auto detalla además las circunstancias de cada una de las víctimas mortales y sitúa la dirección del plan de emergencias en la entonces consellera Salomé Pradas.

Cadena de negligencias y responsabilidad jerárquica

La instructora describe una “cadena de negligencias” en la que habrían intervenido distintos responsables. Entre los elementos señalados figuran:

  • La convocatoria tardía del CECOPI.

  • El retraso en el envío de la alerta a la población, que se produjo a las 20.11 horas cuando la mayoría de víctimas ya habían fallecido.

  • La falta de coordinación entre organismos autonómicos.

  • Los avisos previos de la Agencia Estatal de Meteorología y la Confederación Hidrográfica del Júcar.

  • El elevado número de llamadas al 112 durante la jornada.

A juicio de la magistrada, la estructura jerárquica implicaba que el president debía supervisar y controlar la actuación de los responsables inferiores, lo que sitúa su eventual responsabilidad en un plano de mayor gravedad.

Horas clave sin decisiones relevantes

El auto apunta a una “situación de ajenidad” del entonces president entre las 14.30 y las 20.28 horas, cuando llegó al CECOPI en l’Eliana. En ese periodo, la jueza aprecia una supuesta minimización de la gravedad de la emergencia y ausencia de decisiones relevantes por parte de la máxima autoridad autonómica.

También ve indicios de una posible participación en el proceso de envío de la alerta Es-Alert, al considerar que los mensajes del jefe de gabinete del expresident a la consellera no eran simples opiniones, sino órdenes.

La instructora cuestiona además la falta de comunicación directa en momentos críticos y la imposibilidad de coordinar la emergencia si el teléfono no estaba operativo o accesible.

Sin valoración política

La magistrada recalca que la exposición razonada no se basa en un análisis moral o político, sino en la posible relevancia penal de la actuación del aforado y en su papel en la coordinación de la emergencia.

El TSJCV deberá decidir ahora si asume la investigación sobre Carlos Mazón en el marco de la causa abierta por la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 en la Comunitat Valenciana.

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