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Golpe de estado Brasil: Lula impone el orden con arrestos masivos y el apoyo del poder

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Golpe de estado Brasil: Simpatizantes de Bolsonaro invaden el Congreso, Presidencia y Supremo

Suspendido durante 90 días el gobernador del Distrito Federal, que no cortó el paso a los extremistas

El Estado brasileño ha vivido el mayor desafío a la democracia de su historia reciente. Una oleada de manifestantes asaltó la sede del Congreso Nacional, el palacio presidencial y la sede del Tribunal Supremo, en una movilización violenta en defensa del ya expresidente brasileño, Jair Bolsonaro.

Las fuerzas de seguridad lograron recuperar el control de las sedes, cargando contra los manifestantes y estableciendo un perímetro alrededor de la plaza de los Tres Poderes, donde los bolsonaristas fueron desistiendo y abandonando poco a poco el lugar. El balance total ha sido cerca de 50 heridos y más de mil detenidos.

El gobernador bolsonarista del Distrito Federal de Brasilia, Ibaneis Rocha, ha sido apartado del cargo 90 días por parte del Tribunal Supremo Brasileño, acusado de consentir los disturbios. Además, el secretario de Seguridad, Anderson Torres, ha sido destituido.

Simpatizantes de Bolsonaro invaden el Congreso, Presidencia y Supremo

Miles de simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro han asaltado en la tarde de este domingo el Congreso brasileño tras romper las barreras policiales y mostrar su rechazo al recién nombrado presidente del país.

Lula da Silva, que hace tan solo una semana asumía la presidencia de Brasil, ha interrumpido su viaje en Araraquara, en São Paulo, para anunciar la intervención federal y condenar la acción de los miles de radicales, una decisión avalada por el Tribunal Supremo del país.

La cifra de detenidos no deja de aumentar. Hay, por el momento, al menos 400. La policía ha tenido que utilizar una flota de autobuses para poder llevarse a todos los simpatizantes del expresidente que han participado en los disturbios. Pero pese a la detención muchos de ellos tachaban de «injusto» su arresto defendiendo que «solamente estábamos protestando, queremos salvar el país».

Los manifestantes se han concentrado frente al Cuartel General del Ejército, en el centro administrativo de Brasil, donde han marchado hasta la Explanada de los Ministerios. En los tres edificios se han roto ventanas y han causado daños en el interior de las sedes. Esto ha obligado a la Policía Antidisturbios a entrar en acción y comenzar a lanzar gases lacrimógenos con el objetivo de disuadirles.

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Fiscalía solicita prisión sin fianza para Ábalos por riesgo de fuga en la trama de mascarillas

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Koldo García, que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, comparece ante la comisión del Senado. EFE/ J.J. Guillén

La Fiscalía ha pedido al Tribunal Supremo el ingreso en prisión provisional sin fianza para el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ante el riesgo de fuga de cara al juicio por la trama de mascarillas durante la pandemia. La solicitud se produce en el marco de la revisión de las medidas cautelares que actualmente mantienen en libertad a Ábalos y a su exasesor Koldo García.

Acusaciones y petición de penas

La Fiscalía considera que existen indicios racionales de criminalidad y una elevada petición de pena que justifican la prisión preventiva. Para Ábalos, el Ministerio Público solicita 24 años de prisión, mientras que para Koldo García se reclaman 19 años y medio, por presuntos delitos de:

  • Pertenencia a organización criminal

  • Cohecho

  • Tráfico de influencias

  • Malversación de fondos públicos

  • Uso de información privilegiada

Además, se solicita que ambos sean condenados a pagar una multa de 3,9 millones de euros. Por su parte, las acusaciones populares elevan las penas a 30 años e incluyen delitos adicionales como prevaricación y falsedad documental.

Riesgo de fuga y medidas cautelares

La Fiscalía argumenta que el ingreso en prisión es idóneo, necesario y proporcionado para evitar el riesgo de fuga antes del juicio. Actualmente, Ábalos y Koldo García están sujetos a medidas cautelares que incluyen la retirada del pasaporte, la prohibición de salida del país y comparecencias quincenales en sede judicial.

El magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, escuchará a las partes durante la vista para decidir si modifica las medidas cautelares y decreta la prisión provisional, conforme al artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

 

 

24 años de prisión y multa de casi 4 millones para José Luis Ábalos

El Ministerio Público pide una condena de 24 años de prisión para José Luis Ábalos, exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE.
La Fiscalía le atribuye cinco presuntos delitos:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Tráfico de influencias

  • Malversación

  • Uso de información privilegiada

Además, reclama para él una multa de 3,9 millones de euros y responsabilidades económicas conjuntas por los perjuicios ocasionados a dos empresas públicas.

19 años y medio de cárcel para Koldo García

Para Koldo García, exasesor ministerial de Ábalos, Anticorrupción solicita 19 años y medio de prisión, así como una multa también de 3,9 millones de euros, por los mismos delitos atribuidos al exministro.

La Fiscalía pide que tanto Ábalos como Koldo indemnicen de forma conjunta y solidaria a:

  • Ineco: 34.477,86 euros

  • Tragsatec: 9.500,54 euros

Asimismo, reclama el decomiso de al menos 430.298,4 euros, cantidad que correspondería a ganancias obtenidas mediante cohecho.

Atenuante de confesión para Víctor de Aldama

En el caso del empresario Víctor de Aldama, considerado presunto intermediario de la trama, la Fiscalía aplica la atenuante de confesión y solicita una pena de 7 años de prisión por:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Uso de información privilegiada

También reclama para él una multa de 3,8 millones de euros.

El origen de la causa

El escrito de acusación llega después de que el magistrado instructor del Supremo, Leopoldo Puente, propusiera el pasado 3 de noviembre juzgar a los tres implicados. Según el juez, se habrían concertado poco después de la llegada de Ábalos al Ministerio, buscando obtener beneficios económicos mediante su influencia en contratos públicos.

Puente dividió la causa en dos piezas:

  • La principal, centrada en los contratos de mascarillas.

  • Una pieza separada dedicada a la supuesta trama de cobro de comisiones por obra pública.

 

 

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