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Valencia

La Generalitat debe abonar 12.000 € a una doctora contagiada de covid por falta de medios

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generalitat doctora contagiada covid
EFE/Pedro Puente Hoyos/Archivo
València, 1 jun (OFFICIAL PRESS-EFE).- El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ha instado a la Generalitat al pago de 11.965 euros a una doctora contagiada de covid por considerar que la Administración «incumplió las medidas de seguridad y salud laboral» cuando la afectada se contagió, en marzo de 2020.

Así lo indica este jueves el sindicato CSIF, que presentó un escrito ante la Dirección Provincial de la Seguridad Social para que se produjera un recargo de prestaciones económicas derivadas de un accidente de trabajo el 17 de marzo de ese año consistente en neumonía por covid, a consecuencia de la cual padeció determinadas lesiones que le provocaron incapacidad temporal hasta abril de 2021, según consta en el expediente del INSS.

CSIF alegó falta de medidas de seguridad y pidió que se resolviera en el sentido de condenar a la Conselleria de Sanidad a que, a su exclusivo cargo, abonara un recargo sobre las prestaciones económicas derivadas del accidente de trabajo sufrido.

En un comunicado, el sindicato considera que la Conselleria ha incumplido su obligación legal de dotar a sus empleados con los medios materiales de protección necesarios y suficientes que garanticen unas condiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo.

El 31 de enero de 2020 el sindicato preguntó por escrito a la Conselleria qué medidas de protección iba a adoptar ante la propagación de la covid, sin obtener respuesta, y en marzo de ese año llegó la pandemia a España y los profesionales de la sanidad tuvieron que afrontarla con escasez de mascarillas, EPI o batas.

La central sindical explica que la resolución emitida por el INSS deja claro ese incumplimiento de medidas de seguridad y salud laboral y propone un incremento de las prestaciones derivadas del mismo de un 30 %, «siendo responsable la empresa Generalitat Valenciana». Ese recargo supone 11.965 euros en el caso de la afectada.

Es el primer caso en la provincia de Valencia en que el INSS reconoce explícitamente que se produjo ese incumplimiento de medidas de seguridad por parte la Generalitat para con sus trabajadores en los primeros meses de pandemia y resuelve que, en consecuencia, ha de abonar un recargo como responsable.

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Valencia

Investigan al alcalde de Jérica (PP) por presuntas agresiones sexuales a dos menores

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Jorge Peiró

Partido Popular suspende su militancia y lo cesa como asesor en la Diputación de Castellón

El alcalde de Jérica (Castellón), Jorge Peiró, del Partido Popular, está siendo investigado por presuntos delitos de agresión sexual a dos menores de edad, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

La causa se tramita en la Plaza número 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Segorbe y está abierta desde hace varios meses. La jueza que instruye el caso impuso medidas cautelares que incluyen alejamiento y prohibición de comunicación con los denunciantes, las cuales continúan vigentes.


Reacciones del Partido Popular

El PP de Castellón ha solicitado al Comité de Derechos y Garantías la suspensión inmediata de militancia de Peiró y lo ha cesado como asesor del Grupo Popular en la Diputación Provincial de Castellón. El partido ha reafirmado su respeto a la justicia y a la presunción de inocencia del investigado.


Reacciones del PSPV-PSOE

El PSPV-PSOE provincial ha pedido que Peiró dimita como alcalde de Jérica, argumentando que su imputación es incompatible con el ejercicio de un cargo público.
Maria Jiménez, secretaria de Organización del PSPV-PSOE en Castelló, instó a los responsables del PP provincial, Marta Barrachina y Salvador Aguilella, a tomar medidas contundentes frente a esta situación.


Contexto

Jorge Peiró es alcalde de Jérica desde 2019. La investigación busca determinar la presunta implicación en agresiones sexuales a dos menores de edad. La apertura de la causa y las medidas cautelares reflejan la gravedad de las denuncias y la protección de las víctimas durante el proceso judicial.

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