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Valencia

La Generalitat debe abonar 12.000 € a una doctora contagiada de covid por falta de medios

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generalitat doctora contagiada covid
EFE/Pedro Puente Hoyos/Archivo
València, 1 jun (OFFICIAL PRESS-EFE).- El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ha instado a la Generalitat al pago de 11.965 euros a una doctora contagiada de covid por considerar que la Administración «incumplió las medidas de seguridad y salud laboral» cuando la afectada se contagió, en marzo de 2020.

Así lo indica este jueves el sindicato CSIF, que presentó un escrito ante la Dirección Provincial de la Seguridad Social para que se produjera un recargo de prestaciones económicas derivadas de un accidente de trabajo el 17 de marzo de ese año consistente en neumonía por covid, a consecuencia de la cual padeció determinadas lesiones que le provocaron incapacidad temporal hasta abril de 2021, según consta en el expediente del INSS.

CSIF alegó falta de medidas de seguridad y pidió que se resolviera en el sentido de condenar a la Conselleria de Sanidad a que, a su exclusivo cargo, abonara un recargo sobre las prestaciones económicas derivadas del accidente de trabajo sufrido.

En un comunicado, el sindicato considera que la Conselleria ha incumplido su obligación legal de dotar a sus empleados con los medios materiales de protección necesarios y suficientes que garanticen unas condiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo.

El 31 de enero de 2020 el sindicato preguntó por escrito a la Conselleria qué medidas de protección iba a adoptar ante la propagación de la covid, sin obtener respuesta, y en marzo de ese año llegó la pandemia a España y los profesionales de la sanidad tuvieron que afrontarla con escasez de mascarillas, EPI o batas.

La central sindical explica que la resolución emitida por el INSS deja claro ese incumplimiento de medidas de seguridad y salud laboral y propone un incremento de las prestaciones derivadas del mismo de un 30 %, «siendo responsable la empresa Generalitat Valenciana». Ese recargo supone 11.965 euros en el caso de la afectada.

Es el primer caso en la provincia de Valencia en que el INSS reconoce explícitamente que se produjo ese incumplimiento de medidas de seguridad por parte la Generalitat para con sus trabajadores en los primeros meses de pandemia y resuelve que, en consecuencia, ha de abonar un recargo como responsable.

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Valencia

Los pisos turísticos en la Comunitat Valenciana caen un 25% en un año hasta los 48.411 apartamentos

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Viviendas turísticas España
Dos turistas recorren con sus maletas el casco antiguo de la ciudad de València. EFE/Manuel Bruque/Archivo

València multiplica por seis el cierre de pisos turísticos ilegales y endurece el control en todos los barrios

El Ayuntamiento de València ha intensificado su ofensiva contra los apartamentos turísticos ilegales, multiplicando por seis las órdenes de cese durante el actual mandato. El consistorio asegura que este incremento refleja un “cambio radical” en la política municipal para frenar la proliferación de viviendas de uso turístico fuera de la legalidad.

Según ha explicado el concejal de Urbanismo, Vivienda y Licencias, Juan Giner, se ha pasado de una media de 71 órdenes anuales en el anterior gobierno a 449 expedientes por año, lo que supone un aumento superior al 600%. De estas órdenes, el 87% ya se han ejecutado.

Más inspecciones y vigilancia continua

Para lograr estos resultados, el Ayuntamiento ha reforzado los equipos de control con cinco grupos de inspectores de Urbanismo y siete unidades de Policía Local, que rastrean de forma constante la actividad ilegal en todos los distritos.

El consistorio defiende que esta estrategia marca el paso de una etapa de “permisividad” a otra de “tolerancia cero”, en un contexto de creciente presión turística en la ciudad.

Moratoria y nuevas normas urbanísticas

El aumento de cierres llega acompañado de medidas estructurales. Desde mayo de 2024 está en vigor una moratoria que suspende la concesión de nuevas licencias turísticas, prorrogada hasta al menos mayo de 2026. Durante este periodo se han paralizado 363 expedientes, evitando la creación de casi 4.700 nuevas plazas.

Además, el gobierno municipal liderado por María José Catalá prepara una nueva normativa urbanística que limitará el crecimiento de estos alojamientos. Entre las principales restricciones destacan:

  • Máximo del 2% de viviendas turísticas por barrio
  • Límite del 8% de plazas turísticas respecto a la población
  • Tope del 15% en plantas bajas por manzana
  • Exigencia de acceso independiente y aprobación vecinal

También se creará un censo municipal de alojamientos turísticos (CATAV) y se reforzarán las inspecciones para detectar irregularidades.

Críticas de la oposición

Desde la oposición, Compromís cuestiona la eficacia de estas medidas. Su portavoz, Papi Robles, sostiene que la normativa “ni reduce ni controla” el número real de plazas turísticas y acusa al gobierno local de utilizar una “cortina de humo”.

En la misma línea, el edil socialista Javier Mateo critica que las cifras ofrecidas por el ejecutivo no reflejan la situación real y denuncia que se está facilitando la expansión de apartamentos turísticos en los barrios.

Presión sobre la vivienda en València

El debate sobre los pisos turísticos se produce en un momento de fuerte tensión en el mercado inmobiliario de València, donde vecinos y colectivos denuncian el impacto de estos alojamientos en el precio del alquiler y en la vida de los barrios.

Con las nuevas medidas, el Ayuntamiento busca equilibrar el atractivo turístico de la ciudad con la protección del uso residencial, aunque el enfrentamiento político sobre su efectividad sigue abierto.


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