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Valencia

La Generalitat debe abonar 12.000 € a una doctora contagiada de covid por falta de medios

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generalitat doctora contagiada covid
EFE/Pedro Puente Hoyos/Archivo
València, 1 jun (OFFICIAL PRESS-EFE).- El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ha instado a la Generalitat al pago de 11.965 euros a una doctora contagiada de covid por considerar que la Administración «incumplió las medidas de seguridad y salud laboral» cuando la afectada se contagió, en marzo de 2020.

Así lo indica este jueves el sindicato CSIF, que presentó un escrito ante la Dirección Provincial de la Seguridad Social para que se produjera un recargo de prestaciones económicas derivadas de un accidente de trabajo el 17 de marzo de ese año consistente en neumonía por covid, a consecuencia de la cual padeció determinadas lesiones que le provocaron incapacidad temporal hasta abril de 2021, según consta en el expediente del INSS.

CSIF alegó falta de medidas de seguridad y pidió que se resolviera en el sentido de condenar a la Conselleria de Sanidad a que, a su exclusivo cargo, abonara un recargo sobre las prestaciones económicas derivadas del accidente de trabajo sufrido.

En un comunicado, el sindicato considera que la Conselleria ha incumplido su obligación legal de dotar a sus empleados con los medios materiales de protección necesarios y suficientes que garanticen unas condiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo.

El 31 de enero de 2020 el sindicato preguntó por escrito a la Conselleria qué medidas de protección iba a adoptar ante la propagación de la covid, sin obtener respuesta, y en marzo de ese año llegó la pandemia a España y los profesionales de la sanidad tuvieron que afrontarla con escasez de mascarillas, EPI o batas.

La central sindical explica que la resolución emitida por el INSS deja claro ese incumplimiento de medidas de seguridad y salud laboral y propone un incremento de las prestaciones derivadas del mismo de un 30 %, «siendo responsable la empresa Generalitat Valenciana». Ese recargo supone 11.965 euros en el caso de la afectada.

Es el primer caso en la provincia de Valencia en que el INSS reconoce explícitamente que se produjo ese incumplimiento de medidas de seguridad por parte la Generalitat para con sus trabajadores en los primeros meses de pandemia y resuelve que, en consecuencia, ha de abonar un recargo como responsable.

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Valencia

La jueza vuelve a citar al alto cargo de confianza de Mazón tras los WhatsApp de la consellera Pradas

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La exconsellera de Justicia y Emergencias de la Generalitat valenciana Salomé Pradas ofrece declaraciones a los medios a su llegada a declarar, en calidad de investigada ante la Ciudad de la Justicia de Valencia, a 11 de abril de 2025 - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

Sigue la última hora de la investigación de la justicia en la gestión de la DANA:

La investigación judicial sobre la gestión de la reciente emergencia en la Comunitat Valenciana vuelve a intensificarse. La magistrada instructora ha decidido citar por segunda vez a la mano derecha del president Carlos Mazón, después de que la consellera de Medio Ambiente, Salomé Pradas, entregara al juzgado una serie de mensajes de WhatsApp que abren nuevas incógnitas sobre la toma de decisiones durante el episodio crítico.

Los WhatsApp de Pradas reactivan la investigación

La documentación aportada por Pradas la semana pasada ha tenido un efecto inmediato en el proceso judicial. Según fuentes del caso, los mensajes revelan intercambios directos con el alto cargo de Presidencia, en los que se habría tratado información relevante sobre la evolución de la emergencia y la valoración de un posible confinamiento preventivo, finalmente descartado.

Estos mensajes han llevado a la instructora a convocar un nuevo interrogatorio para esclarecer qué datos recibió el asesor de Mazón, cómo los interpretó y qué argumentos dio a la consellera para no activar medidas más restrictivas.

Qué pretende aclarar la jueza

La magistrada busca concretar cuatro puntos:

  1. El tipo de avisos o informes que manejaba el asesor.

  2. Si existía riesgo real que justificara el confinamiento en algún municipio afectado.

  3. El criterio técnico o político utilizado para desaconsejar esa medida.

  4. La coordinación entre Consellerias y Presidencia durante las primeras horas de la emergencia.

Fuentes jurídicas señalan que la intención es determinar si hubo alguna omisión de información, valoración errónea o interferencia política en decisiones que pudieran haber afectado a la seguridad de la población.

Crece la presión sobre el Consell

La nueva citación supone un revés para el equipo de Mazón, que insiste en que la gestión se realizó siguiendo criterios técnicos y con absoluta transparencia. Sin embargo, la aparición de los WhatsApp ha generado inquietud en el seno del Consell, que teme que la causa derive en nuevas declaraciones o peticiones de documentación.

La oposición, por su parte, reclama al president que dé explicaciones públicas y remarca que los mensajes “muestran contradicciones” entre las versiones ofrecidas hasta ahora por distintos cargos del Gobierno valenciano.

El proceso judicial continúa abierto

La jueza mantiene activas las diligencias y no se descartan nuevas comparecencias a medida que se analice el contenido completo de las conversaciones aportadas por Pradas. El juzgado está también a la espera de recibir informes técnicos de distintos departamentos del Consell, así como las comunicaciones oficiales emitidas durante la emergencia.

Mientras tanto, el Consell considera que la investigación sigue su curso normal y pide “prudencia” para no interferir en el procedimiento.

 

 

 

Carta abierta de Maribel Vilaplana sobre su comida con Mazón

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