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Valencia

La Generalitat debe abonar 12.000 € a una doctora contagiada de covid por falta de medios

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EFE/Pedro Puente Hoyos/Archivo
València, 1 jun (OFFICIAL PRESS-EFE).- El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ha instado a la Generalitat al pago de 11.965 euros a una doctora contagiada de covid por considerar que la Administración «incumplió las medidas de seguridad y salud laboral» cuando la afectada se contagió, en marzo de 2020.

Así lo indica este jueves el sindicato CSIF, que presentó un escrito ante la Dirección Provincial de la Seguridad Social para que se produjera un recargo de prestaciones económicas derivadas de un accidente de trabajo el 17 de marzo de ese año consistente en neumonía por covid, a consecuencia de la cual padeció determinadas lesiones que le provocaron incapacidad temporal hasta abril de 2021, según consta en el expediente del INSS.

CSIF alegó falta de medidas de seguridad y pidió que se resolviera en el sentido de condenar a la Conselleria de Sanidad a que, a su exclusivo cargo, abonara un recargo sobre las prestaciones económicas derivadas del accidente de trabajo sufrido.

En un comunicado, el sindicato considera que la Conselleria ha incumplido su obligación legal de dotar a sus empleados con los medios materiales de protección necesarios y suficientes que garanticen unas condiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo.

El 31 de enero de 2020 el sindicato preguntó por escrito a la Conselleria qué medidas de protección iba a adoptar ante la propagación de la covid, sin obtener respuesta, y en marzo de ese año llegó la pandemia a España y los profesionales de la sanidad tuvieron que afrontarla con escasez de mascarillas, EPI o batas.

La central sindical explica que la resolución emitida por el INSS deja claro ese incumplimiento de medidas de seguridad y salud laboral y propone un incremento de las prestaciones derivadas del mismo de un 30 %, «siendo responsable la empresa Generalitat Valenciana». Ese recargo supone 11.965 euros en el caso de la afectada.

Es el primer caso en la provincia de Valencia en que el INSS reconoce explícitamente que se produjo ese incumplimiento de medidas de seguridad por parte la Generalitat para con sus trabajadores en los primeros meses de pandemia y resuelve que, en consecuencia, ha de abonar un recargo como responsable.

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Valencia

Investigan a una falsa médica por realizar tratamientos estéticos ilegales en Valencia

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Investigan a una falsa médica por realizar tratamientos estéticos ilegales en Valencia-GUARDIA CIVIL

Una mujer de 36 años está siendo investigada en la provincia de Valencia por presuntamente realizar tratamientos estéticos ilegales sin la titulación médica necesaria. La actuación policial se inició tras detectarse que ofrecía servicios como aumento de labios, pómulos, rinomodelación o infiltraciones de bótox en distintos centros y domicilios sin estar habilitada para ello.

La investigación, desarrollada por agentes de la Guardia Civil en Sueca y dirigida por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de la localidad, apunta a la posible comisión de varios delitos, entre ellos intrusismo profesional, falsedad documental y delitos contra la salud pública por el uso de medicamentos y toxina botulínica.

Tratamientos estéticos sin autorización en centros y domicilios

La mujer promocionaba sus servicios en redes sociales, donde mostraba supuestos resultados de tratamientos como perfilado de labios, aumento de pómulos, modelación nasal o infiltraciones en frente y patas de gallo. Según la investigación, estos procedimientos se realizaban en distintos centros de la provincia de Valencia y, en ocasiones, en su propio domicilio.

El caso salió a la luz tras una denuncia presentada en marzo por una profesional sanitaria. En ella se alertaba de que una persona estaba practicando tratamientos estéticos en una peluquería de Sueca sin ningún control sanitario ni habilitación profesional para ello.

A partir de esa denuncia, los agentes iniciaron las pesquisas para localizar los lugares donde se llevaban a cabo los tratamientos y verificar la formación de la persona investigada.

Titulación en odontología pero sin habilitación para medicina estética

Durante la investigación se comprobó que la supuesta “doctora” contaba con un título de odontología obtenido en una universidad privada. Sin embargo, tras consultar a las autoridades sanitarias competentes y a los colegios profesionales, se confirmó que los tratamientos estéticos con infiltraciones de medicamentos o toxina botulínica están reservados exclusivamente a médicos especialistas en medicina estética.

Esta interpretación cuenta con el respaldo tanto del Colegio de Médicos como del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos, que coinciden en que estos procedimientos no pueden ser realizados por profesionales sin la formación médica específica y la habilitación correspondiente.

Centros sin licencia sanitaria ni condiciones adecuadas

Los agentes también comprobaron que la mayoría de los centros donde se realizaban los tratamientos no disponían de la licencia administrativa obligatoria para ofrecer este tipo de servicios. Para practicar medicina estética es necesario contar con la autorización sanitaria específica de la Conselleria de Sanidad de la Comunitat Valenciana, conocida como permiso U48.

Además, se detectaron importantes irregularidades en las condiciones de los locales. En algunos casos no existían sistemas de refrigeración adecuados para conservar los productos sanitarios, ni protocolos de gestión de residuos biológicos ni las medidas de seguridad exigidas por la normativa.

Estas deficiencias aumentan el riesgo para la salud de los pacientes, ya que el uso incorrecto de medicamentos o su mala conservación puede provocar infecciones graves, reacciones adversas o complicaciones médicas de gran gravedad.

Dudas sobre la procedencia de los productos utilizados

Otro de los aspectos que se investigan es la procedencia de los productos utilizados en los tratamientos. Según las pesquisas, no se ha podido verificar la legalidad ni la trazabilidad de los medicamentos y sustancias administradas, entre ellas toxina botulínica.

Todo apunta a que los productos podrían haber sido adquiridos por canales no autorizados y sin seguir los procedimientos legales establecidos para su distribución y manipulación. Esta circunstancia agrava la situación, ya que la aplicación de sustancias de origen desconocido o mal conservadas puede suponer un serio riesgo para la salud e incluso para la vida de los pacientes.

Delitos investigados y recomendaciones a los usuarios

La mujer está siendo investigada por presuntos delitos de intrusismo profesional, delito contra la salud pública por suministro de medicamentos y toxina botulínica, y falsedad documental. La investigación sigue abierta para determinar el alcance total de los tratamientos realizados y posibles afectados.

Desde las autoridades sanitarias y policiales se recuerda la importancia de acudir siempre a profesionales cualificados y centros autorizados antes de someterse a cualquier tratamiento estético. Verificar la titulación del especialista, la licencia del centro y la procedencia de los productos es fundamental para evitar riesgos.

Los expertos advierten de que la aplicación de tratamientos estéticos por personas no autorizadas puede provocar consecuencias graves para la salud. La falta de garantías sanitarias, la manipulación incorrecta de medicamentos o el uso de productos de origen desconocido pueden derivar en complicaciones severas e incluso poner en peligro la vida.

El caso ha vuelto a poner el foco en la proliferación de tratamientos estéticos ilegales y en la necesidad de reforzar la vigilancia para proteger a los usuarios en un sector en crecimiento.

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