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Compromís inicia un proceso participativo para crear una ley anti ‘bullying’

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sobresalientes Bachillerato

VALÈNCIA, 2 May. (EUROPA PRESS) –

Compromís en Les Corts Valencianes ha puesto en marcha un proceso participativo para conformar una ley específica contra el acoso escolar en las aulas de la Comunitat. El objetivo de la coalición es «poner en el centro a la víctima del acoso» mediante «la primera ley del Estado y una de las primeras de España contra el ‘bullying’, según ha destacado la diputada Marian Campello.

Para la elaboración de la normativa, Compromís contará con profesionales de los sectores relacionados con un fenómeno que «lejos de desaparecer, va incrementándose y adaptándose a los nuevos entornos tecnológicos».

Desde la coalición advierten en un comunicado que, según los datos de Save the Children, cerca de un 10% de los alumnos sufren acoso en las aulas. Es decir, «entre dos y tres alumnos en cada aula sufren acoso escolar de forma continuada por parte de sus compañeros».

Para hacer frente a esta situación, Compromís propone elevar a rango de ley las medidas contra el acoso escolar. La normativa pretende así tanto «poner freno al acoso en las aulas valencianas» como iniciar «un nuevo ciclo en materia de convivencia y un nuevo capítulo para las personas que en algún momento de nuestra vida nos enfrentamos a este tipo de violencia», ha reivindicado Campello.

REGULAR EL ‘CIBERBULLYING’
De momento, la parlamentaria ha adelantado que el articulado de esta nueva ley prevé regular también las formas de acoso relacionadas con las nuevas tecnologías, como el ‘ciberbullying’.

«Este interés que estamos demostrando desde el territorio valenciano por luchar contra el ‘bullying’ lamentablemente contrasta con la baja implicación del Gobierno central del PP, que lleva siete años sin reunir el observatorio contra el acoso escolar para acabar con esta lacra en las aulas», ha denunciado la diputada de Compromís.

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Esta es la indemnización que cobrarán los familiares de los fallecidos en Adamuz y Gelida

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indemnización familiares fallecidos trenes

Las indemnizaciones alcanzarán los 210.000 euros por fallecido y se abonarán en un plazo máximo de tres meses

El Gobierno ha aprobado un paquete de ayudas de 20 millones de euros destinado a las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), en los que murieron 46 personas y otras 164 resultaron heridas. El nuevo mecanismo permitirá que los familiares de cada persona fallecida reciban hasta 210.000 euros en concepto de indemnización.

La medida ha sido anunciada este martes por el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, tras el Consejo de Ministros, donde se ha dado luz verde a un real decreto-ley de medidas urgentes para garantizar una respuesta rápida y eficaz a las víctimas.


Cómo se repartirán los 20 millones de euros en ayudas

Del total aprobado, 10 millones de euros se destinarán a ayudas directas y los otros 10 millones a anticipos de los seguros obligatorios. En el caso de fallecimiento, cada familia recibirá inicialmente 144.000 euros, libres de impuestos, repartidos del siguiente modo:

  • 72.000 euros en ayudas directas del Estado

  • 72.000 euros como anticipo del seguro

Una vez que las aseguradoras determinen oficialmente los daños personales, se abonará una cantidad adicional equivalente, lo que elevará la indemnización total hasta los 210.000 euros por víctima mortal, todo ello en un plazo máximo de tres meses.


Ayudas para heridos según la gravedad de las lesiones

En el caso de las personas heridas, las ayudas se calcularán conforme al baremo vigente, en función de la gravedad de las lesiones. Las cuantías oscilan entre:

  • 2.400 euros para lesiones leves

  • Más de 84.000 euros en los casos de máxima gravedad

Estas cantidades se duplicarán al sumarse el anticipo del seguro obligatorio, garantizando así un apoyo económico inmediato a los afectados.


El Ejecutivo quiere evitar retrasos como en el accidente de Angrois

Óscar Puente ha subrayado que el objetivo del Gobierno es evitar que las víctimas tengan que esperar años para cobrar las indemnizaciones, como ocurrió tras el accidente de Angrois.

“No vamos a consentir que haya víctimas que estén diez años esperando una compensación. Hemos aprendido de lo ocurrido y por eso aprobamos este mecanismo”, ha afirmado el ministro.


Hacia un sistema permanente de compensación anticipada

Además de las ayudas actuales, el Gobierno iniciará cambios normativos para crear un mecanismo estructural de intervención pública que permita al Estado adelantar parte de las indemnizaciones en accidentes de transporte colectivo, sin esperar a que se resuelva la responsabilidad civil.

Este sistema garantizará una atención rápida y homogénea a las víctimas, independientemente de la complejidad judicial de cada caso.


Oficinas de atención y apoyo directo a las víctimas

El Ejecutivo también ha puesto en marcha líneas de atención integral a las víctimas. A partir de este miércoles se abrirán oficinas específicas en:

  • Huelva, para atender a los afectados del accidente de Adamuz

  • Barcelona, para las víctimas del siniestro en Gelida y Rodalies

Además, se activará el servicio ‘Administración Cerca de Ti’, mediante el cual profesionales de las delegaciones del Gobierno podrán desplazarse a los domicilios para ayudar en la tramitación de las ayudas.

 

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