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Compromís inicia un proceso participativo para crear una ley anti ‘bullying’

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sobresalientes Bachillerato

VALÈNCIA, 2 May. (EUROPA PRESS) –

Compromís en Les Corts Valencianes ha puesto en marcha un proceso participativo para conformar una ley específica contra el acoso escolar en las aulas de la Comunitat. El objetivo de la coalición es «poner en el centro a la víctima del acoso» mediante «la primera ley del Estado y una de las primeras de España contra el ‘bullying’, según ha destacado la diputada Marian Campello.

Para la elaboración de la normativa, Compromís contará con profesionales de los sectores relacionados con un fenómeno que «lejos de desaparecer, va incrementándose y adaptándose a los nuevos entornos tecnológicos».

Desde la coalición advierten en un comunicado que, según los datos de Save the Children, cerca de un 10% de los alumnos sufren acoso en las aulas. Es decir, «entre dos y tres alumnos en cada aula sufren acoso escolar de forma continuada por parte de sus compañeros».

Para hacer frente a esta situación, Compromís propone elevar a rango de ley las medidas contra el acoso escolar. La normativa pretende así tanto «poner freno al acoso en las aulas valencianas» como iniciar «un nuevo ciclo en materia de convivencia y un nuevo capítulo para las personas que en algún momento de nuestra vida nos enfrentamos a este tipo de violencia», ha reivindicado Campello.

REGULAR EL ‘CIBERBULLYING’
De momento, la parlamentaria ha adelantado que el articulado de esta nueva ley prevé regular también las formas de acoso relacionadas con las nuevas tecnologías, como el ‘ciberbullying’.

«Este interés que estamos demostrando desde el territorio valenciano por luchar contra el ‘bullying’ lamentablemente contrasta con la baja implicación del Gobierno central del PP, que lleva siete años sin reunir el observatorio contra el acoso escolar para acabar con esta lacra en las aulas», ha denunciado la diputada de Compromís.

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Confirmada la fecha que entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios

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El Gobierno implantará la jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios de la Administración General del Estado en la primera quincena de abril. La medida beneficiará a unos 220.000 empleados públicos y será de aplicación inmediata tras la publicación de la resolución oficial.

El anuncio lo ha realizado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, quien ha confirmado que el acuerdo con los sindicatos se materializará en los próximos días.

Vuelta a las 35 horas tras años de recortes

La recuperación de esta jornada supone volver al modelo previo a los ajustes aplicados tras la crisis financiera. La medida forma parte del Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y busca reforzar tanto la calidad del servicio como las condiciones laborales.

Desde el Ejecutivo aseguran que la reducción de jornada se aplicará garantizando la atención a la ciudadanía y la continuidad de los servicios públicos, mediante una mejor planificación de plantillas y organización interna.

Los sindicatos celebran un acuerdo “histórico”

Organizaciones como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios han calificado la medida como “histórica”, destacando que mejorará la conciliación, el bienestar laboral y la productividad.

Además, subrayan que puede contribuir a la creación de empleo en un contexto en el que una parte importante de la plantilla se acerca a la jubilación: más del 20% de los funcionarios se retirará en los próximos cinco años.

Nueva figura del cuidador para la conciliación

La resolución incluirá también la figura del cuidador, dirigida a empleados públicos que atienden a familiares o convivientes con necesidades médicas graves.

Esta medida, alineada con la normativa europea, busca reforzar los derechos de conciliación y adaptar la Administración a las nuevas realidades sociales.

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