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Compromís inicia un proceso participativo para crear una ley anti ‘bullying’

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sobresalientes Bachillerato

VALÈNCIA, 2 May. (EUROPA PRESS) –

Compromís en Les Corts Valencianes ha puesto en marcha un proceso participativo para conformar una ley específica contra el acoso escolar en las aulas de la Comunitat. El objetivo de la coalición es «poner en el centro a la víctima del acoso» mediante «la primera ley del Estado y una de las primeras de España contra el ‘bullying’, según ha destacado la diputada Marian Campello.

Para la elaboración de la normativa, Compromís contará con profesionales de los sectores relacionados con un fenómeno que «lejos de desaparecer, va incrementándose y adaptándose a los nuevos entornos tecnológicos».

Desde la coalición advierten en un comunicado que, según los datos de Save the Children, cerca de un 10% de los alumnos sufren acoso en las aulas. Es decir, «entre dos y tres alumnos en cada aula sufren acoso escolar de forma continuada por parte de sus compañeros».

Para hacer frente a esta situación, Compromís propone elevar a rango de ley las medidas contra el acoso escolar. La normativa pretende así tanto «poner freno al acoso en las aulas valencianas» como iniciar «un nuevo ciclo en materia de convivencia y un nuevo capítulo para las personas que en algún momento de nuestra vida nos enfrentamos a este tipo de violencia», ha reivindicado Campello.

REGULAR EL ‘CIBERBULLYING’
De momento, la parlamentaria ha adelantado que el articulado de esta nueva ley prevé regular también las formas de acoso relacionadas con las nuevas tecnologías, como el ‘ciberbullying’.

«Este interés que estamos demostrando desde el territorio valenciano por luchar contra el ‘bullying’ lamentablemente contrasta con la baja implicación del Gobierno central del PP, que lleva siete años sin reunir el observatorio contra el acoso escolar para acabar con esta lacra en las aulas», ha denunciado la diputada de Compromís.

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La UCO detiene al presidente del PP de la Diputación de Almería por presunta corrupción en la compra de mascarillas

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La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detenido este martes en Almería a Javier Aureliano García Molina, presidente de la Diputación Provincial y líder del Partido Popular en la provincia, en el marco de una investigación por supuestas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia.

La operación incluye también la detención del vicepresidente de la Diputación, Fernando Giménez, así como del alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez, todos ellos del PP. Las detenciones se producen por presuntos contratos irregulares vinculados a la adquisición de material sanitario.


Registros en marcha y una investigación dirigida desde un juzgado de Almería

Según fuentes próximas al caso, el operativo está siendo coordinado por un juzgado de instrucción de Almería, que ha ordenado registros simultáneos en varios puntos de la provincia relacionados con los investigados.

Estas fuentes subrayan que el procedimiento no está conectado con los casos abiertos en la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo, que también investigan contratos de emergencia durante la pandemia. En este caso concreto, todos los implicados pertenecen al Partido Popular.


Contratos de mascarillas bajo sospecha

La investigación se inició tras detectar posibles irregularidades en contratos de suministro de mascarillas y otros materiales sanitarios, adjudicados durante los momentos más críticos de la crisis sanitaria.

La UCO analiza ahora documentación incautada para determinar el alcance de las responsabilidades y el presunto perjuicio económico.

 

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