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Compromís y PSPV aprueban subir el sueldo del gerente de EMT València en plena investigación del fraude
Publicado
hace 6 añosen
VALÈNCIA, 7 Oct. – El Consejo de Administración de la EMT de València ha acordado este lunes renovar los contratos del equipo directivo –gerente, director adjunto y nombrar a una nueva responsable de comunicación– con el voto en contra de los consejeros de PP, Cs y Vox, que han cuestionado la decisión dada la «crisis» por la que atraviesa la empresa a raíz del fraude sufrido de cuatro millones de euros y del que aseguran que se desconocen las responsabilidades que pudieran derivarse.
Por contra, el presidente de la EMT y concejal de Movilidad, Giuseppe Grezzi, ha defendido esta renovación y la subida de sueldo del gerente, de un siete por ciento, por la «gestión óptima» al frente de la empresa, al tiempo que ha apuntado que en la comisión interna sobre el fraude se irá «hasta el fondo» y «caiga quien caiga si se demuestra que ha habido negligencias».
Grezzi, que ha afirmado que se ha sentido en todo momento respaldado por el alcalde, Joan Ribó, y que no ha pensado en dimitir, ha asegurado que la creación de esa comisión de investigación ha sido «la más rápida de la historia de España», en dos semanas desde que se ha tenido conocimiento de lo ocurrido.
«Los números certifican que se ha hecho una gestión óptima de la EMT: no tenemos deudas; hemos comprado 180 autobuses; vamos a comprar 164 más», ha dicho, pese a venir de una situación de «casi quiebra» con el PP, que iba a echar a la calle a 208 trabajadores. Por contra, «hemos contratado 400 nuevos trabajadores y hemos aumentado un 13% el número de conductores», con un incremento de la aportación municipal a la EMT de un 29%.
El edil ha afirmado que irán «hasta el fondo» en la comisión «y caiga quien caiga si se demuestra que ha habido negligencias», al tiempo que ha asegurado que la indemnización en caso de despido de los directivos es «única» y no depende de los años trabajados. Así, ha justificado el aumento de sueldo en que llevaban cuatro años con el sueldo congelado y se ha rebajado con respecto a anteriores gerentes un 66% y un 40%. «Después de cuatro años es subida muy razonable, en línea con el buen trabajo realizado» y con unos «resultados espectaculares», ha dicho.
Preguntado por si le parece buena gestión no comprobar cuentas en 20 días, ha señalado que se revisan «por una serie de trabajadores en el organigrama, que lo hacían antes» y que han puesto en marcha un sistema de control, incluyendo alegaciones del síndic de Greuges y auditores en 2017, y con firma mancomunada. Ahora, tendrán que ver de qué manera se ha hecho el fraude falseando firmas y pagando por PDF. «Eso no quita que se ha producido un fraude contra la EMT que vamos a investigar de manera rápida y que sean condenados todos los autores», ha subrayado en declaraciones a los medios.
SUELDOS
Con la ratificación a la que se ha dado luz verde, el equipo directivo de la empresa gerente cobrará 75.000 euros, un 40% menos que su antecesor (92.453 euros) y un 60% menos que el responsable en los años 2005-2012 (126.897 euros), según los datos facilitados por el edil.
Desde el PSPV, la consejera Elisa Valía ha explicado que, para dar el visto bueno a los nombramientos han tenido en cuenta, en primer lugar, la comisión de investigación, cuya creación han «impulsado», que se creen y que debe decidir «qué responsabilidades puede tener cada actor», por lo que no quieren asumir conclusiones «previamente». Y en segundo, un estudio «pormenorizado» de los contratos, que refleja que «no blindan a nadie».
Así, ha recalcado que si por la comisión se deriva que se deben pedir responsabilidades a la dirección de la EMT, «la indemnización sería exactamente igual». Sobre el aumento de sueldo, aunque ha reconocido que no es el momento «idóneo», ha apuntado que se ha debatido con presencia del comité de empresa, que estaba prevista la revisión de los salarios «antes del verano» y que se sitúa «dentro de márgenes asumibles».
Así, ha abogado por esperar a la celebración de las sesiones de una comisión que será similar a la de Taula en funcionamiento y con comparecencias voluntarias: «Si hay que pedir responsabilidades, seremos los primeros que lo haremos; el compromiso del PSPV está claro y pediremos las responsabilidades que correspondan cuando acabe», ha argumentado, al tiempo que ha añadido que «no es el mejor momento pero la mejor solución no es dejar descabezada a la empresa».
INFORME SOBRE RESPONSABILIDAD
Asimismo, el socialista Ramón Vilar ha manifestado que han pedido un informe jurídico a la asesoría del consejo de administración sobre las responsabilidades que podrían tener si su actuación como consejeros «pudiera ser calificada de negligente o mala administración» porque no son abogados ni juristas.
Además, han pedido al consejo que presente denuncia al Tribunal de Cuentas por si hay delito de alcance y que se notifique la situación a la Sindicatura de Comptes «para que sepa por qué faltan cuatro millones». Como consejero del PSPV ha reclamado que se pida al Banco de España un informe sobre protocolos mínimos antiblanqueo de capitales que deben tener las entidades bancarias.
El consejero de CS Narciso Estellés ha lamentado esta ratificación cuando se debería estar pensando «en recuperar el dinero de los valencianos» y en explicar «qué es lo que está pasando con el dinero estafado». Así, ha lamentado se había propuesto la revocación de los puntos del día del consejo, que se ha rechazado, y ha justificado el voto en contra de la formación a la compra de los autobuses porque es un proceso auspiciado por el equipo directivo en el que no tienen confianza.
Para Estellés, Grezzi está haciendo muestra de «mucho nerviosismo», ha criticado al PSPV por ser «cómplice» y «no poner cortapisas» y ha insistido en su voluntad de que el Ayuntamiento «intervenga» la EMT.
Por parte de VOX, el edil y consejero Vicente Montañez, ha afirmado que con la «crisis» por la que atraviesa la empresa pública no deberían haberse aprobado los nombramientos al no haber confianza en el equipo directivo y ha considerado que lo prudente hubiera sido «prolongar» hasta confirmarse que no ha habido responsabilidad en el fraude. De igual modo, ha considerado que la subida de salario aprobado está «muy por encima» de los convenios medios del país y de la EMT, al tiempo que ha cargado contra Grezzi por «aplicar el rodillo» aunque «tanto presume de democrático».
IMPUGNACIÓN DE ACUERDOS
Desde el PP, Carlos Mundina también ha lamentado que se haya consumado la ratificación de los puestos directivos «con una de las crisis mayores de la EMT» y ha insistido en que la «prudencia» era la «mejor consejera para no renovar» porque de los directivos podría derivarse alguna responsabilidad en lo sucedido y los contratos suscritos pueden devenir en indemnizaciones futuras a pagar en caso de rescisión.
«No queremos que de lo ocurrido puede derivarse una lesividad a los intereses de la EMT y que como consejeros hubiéramos contribuido como consejeros a ese resultado», ha añadido. El PP ha anunciado que, en esta situación, impugnará los acuerdos del consejo. Así, ha sostenido que la contratación del servicio externo de secretaria asesora para la EMT por más de 36.000 euros al año «podría contravenir la ley de Contratos del Sector Público» por el importe.
164 NUEVOS AUTOBUSES
Además, el consejo de administración ha aprobado la adjudicación a Evobús la compra de 164 autobuses híbridos por un importe de 49,6 millones de euros, con la abstención del PP y el voto en contra de Cs y Vox. Los vehículos, 14 más de los que se estimaba en la licitación, llegarán a partir del año que viene.
Según el plan de entrega de la empresa, los primeros 35 entrarán en funcionamiento en el primer semestre y el resto irá llegando de manera escalonada semanalmente. En 2021 estarán todos en funcionamiento, con lo que la edad media de la flota pase de los 13 años que tenía en 2015 a los 7,5.
Fuente: (EUROPA PRESS)
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Hoy se decide si Ábalos y Koldo entran en prisión antes del juicio por la trama de mascarillas
Publicado
hace 1 horaen
27 noviembre, 2025
El exministro de Transportes José Luis Ábalos ha acudido este miércoles al Tribunal Supremo para participar en la vista en la que el magistrado Leopoldo Puente evaluará si debe decretar su ingreso en prisión provisional, tal y como reclaman las acusaciones populares personadas en la causa, lideradas por el Partido Popular. Se trata de un momento determinante en la investigación de las presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de mascarillas durante la pandemia.
Una llegada discreta ante una fuerte expectación mediática
Ábalos ha accedido al alto tribunal a primera hora de la mañana, sin hacer declaraciones, en medio de una gran presencia de medios desplazados ante la relevancia de la cita. Su comparecencia coincide con el avance de la causa hacia la fase final previa al juicio.
La vista ha sido convocada después de que tanto Fiscalía Anticorrupción como varias acusaciones solicitaran una revisión de las medidas cautelares que mantienen actualmente Ábalos y su exasesor Koldo García, quienes permanecen en libertad con obligación de comparecer periódicamente ante la Justicia, prohibición de salida del país y retirada del pasaporte.
Las acusaciones piden prisión provisional para evitar riesgo de fuga
Las acusaciones populares sostienen que la gravedad de los hechos atribuidos —y las altas penas solicitadas— justifican el ingreso inmediato en prisión de ambos investigados. Argumentan que existen “indicios sólidos de criminalidad” y un riesgo de fuga ante la cercanía del juicio por la llamada trama de mascarillas.
La Fiscalía, por su parte, solicita para Ábalos 24 años de prisión, y para Koldo 19 años y medio, por delitos como organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, malversación y uso de información privilegiada. Además, reclama multas millonarias derivadas del presunto perjuicio causado a la Administración.
Las acusaciones populares elevan las penas a 30 años, añadiendo también prevaricación y falsedad documental.
El Supremo decidirá si endurece las medidas cautelares
El magistrado Puente deberá valorar si las circunstancias actuales justifican un cambio en la situación personal de los acusados. La Ley de Enjuiciamiento Criminal permite modificar las medidas cautelares cuando lo piden las partes y tras oír a todas ellas en audiencia pública, como ocurre en esta vista.
El juez solo puede adoptar nuevas medidas —incluida la prisión provisional— si así lo solicita alguna acusación, nunca de oficio. La decisión, que podría conocerse en las próximas horas, marcará el rumbo inmediato del caso.
Una vista decisiva en un caso con fuerte impacto político
La trama de mascarillas ha tenido un enorme eco institucional al implicar a un exministro y a altos cargos cercanos. El avance hacia un posible juicio oral y la elevada petición de penas han intensificado la presión sobre Ábalos, cuya situación judicial y política se encuentra en uno de sus momentos más delicados.
24 años de prisión y multa de casi 4 millones para José Luis Ábalos
El Ministerio Público pide una condena de 24 años de prisión para José Luis Ábalos, exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE.
La Fiscalía le atribuye cinco presuntos delitos:
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Organización criminal
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Cohecho
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Tráfico de influencias
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Malversación
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Uso de información privilegiada
Además, reclama para él una multa de 3,9 millones de euros y responsabilidades económicas conjuntas por los perjuicios ocasionados a dos empresas públicas.
19 años y medio de cárcel para Koldo García
Para Koldo García, exasesor ministerial de Ábalos, Anticorrupción solicita 19 años y medio de prisión, así como una multa también de 3,9 millones de euros, por los mismos delitos atribuidos al exministro.
La Fiscalía pide que tanto Ábalos como Koldo indemnicen de forma conjunta y solidaria a:
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Ineco: 34.477,86 euros
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Tragsatec: 9.500,54 euros
Asimismo, reclama el decomiso de al menos 430.298,4 euros, cantidad que correspondería a ganancias obtenidas mediante cohecho.
Atenuante de confesión para Víctor de Aldama
En el caso del empresario Víctor de Aldama, considerado presunto intermediario de la trama, la Fiscalía aplica la atenuante de confesión y solicita una pena de 7 años de prisión por:
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Organización criminal
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Cohecho
-
Uso de información privilegiada
También reclama para él una multa de 3,8 millones de euros.
El origen de la causa
El escrito de acusación llega después de que el magistrado instructor del Supremo, Leopoldo Puente, propusiera el pasado 3 de noviembre juzgar a los tres implicados. Según el juez, se habrían concertado poco después de la llegada de Ábalos al Ministerio, buscando obtener beneficios económicos mediante su influencia en contratos públicos.
Puente dividió la causa en dos piezas:
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La principal, centrada en los contratos de mascarillas.
-
Una pieza separada dedicada a la supuesta trama de cobro de comisiones por obra pública.
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