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Denuncian que Grezzi sube un 500% el sueldo al secretario-asesor de EMT València tras el fraude

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Vecinos de Russafa exigen la dimisión de Grezzi

VALÈNCIA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) – La portavoz del grupo municipal ‘popular’ en el Ayuntamiento de València, María José Catalá, ha denunciado este lunes que el presidente de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) y concejal de Movilidad Sostenible, Giuseppe Grezzi, y el gerente, Josep Enric Garcia Alemany, han subido al secretario-asesor de la empresa pública un 500 por ciento el sueldo, tras la estafa de cuatro millones.

Según las facturas del secretario-asesor, en 2015 los honorarios que facturaba por asesorar al Consejo de Administración de la EMT eran de 600 euros, sin incluir el IVA, mientras que en el contrato suscrito hace apenas un mes pasa a cobrar por este mismo concepto 3.000 euros, sin incluir el IVA, han informado los ‘populares’ en un comunicado.

«Se trata de una subida desorbitada que requiere de muchísimas explicaciones por parte de Compromís y el PSPV que fueron quienes votaron a favor de esta subida en el Consejo de Administración del pasado 7 de octubre», ha señalado Catalá, que ha recordado que el PP votó en contra de esta subida, así como del aumento de salario del gerente de la EMT de 5.000 euros y del contrato del director adjunto, antiguo jefe de gabinete, que suponía 10.000 euros más de sueldo.

Asimismo, la portavoz del grupo municipal ‘popular’ ha recordado que antes de la llegada de Compromís al Ayuntamiento de Valencia, el secretario-asesor de la EMT «no realizaba asistencias jurídicas en materia laboral, por haberse integrado en la plantilla un abogado experto en esta materia, algo que cambió cuando Grezzi tomó las riendas de la EMT».

«El bufete del abogado externo contratado a dedo por Grezzi ha cobrado más de 220.000 euros en los últimos cuatros años y, de ellos, casi un tercio fueron facturados por asistencia jurídica en cuestiones laborales cuando en la EMT existen abogadas que podrían realizar esa función», ha señalado Catalá.

«Estamos hablando de dinero de todos los valencianos que nos podíamos haber ahorrado si se hubieran encargado esos trabajos a las abogadas de la empresa», ha añadido la portavoz, quien considera que se trata de «un ejemplo más del descontrol en los procedimientos y en los pagos de la EMT dirigida por Grezzi».

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Confirmada la fecha que entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios

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El Gobierno implantará la jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios de la Administración General del Estado en la primera quincena de abril. La medida beneficiará a unos 220.000 empleados públicos y será de aplicación inmediata tras la publicación de la resolución oficial.

El anuncio lo ha realizado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, quien ha confirmado que el acuerdo con los sindicatos se materializará en los próximos días.

Vuelta a las 35 horas tras años de recortes

La recuperación de esta jornada supone volver al modelo previo a los ajustes aplicados tras la crisis financiera. La medida forma parte del Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y busca reforzar tanto la calidad del servicio como las condiciones laborales.

Desde el Ejecutivo aseguran que la reducción de jornada se aplicará garantizando la atención a la ciudadanía y la continuidad de los servicios públicos, mediante una mejor planificación de plantillas y organización interna.

Los sindicatos celebran un acuerdo “histórico”

Organizaciones como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios han calificado la medida como “histórica”, destacando que mejorará la conciliación, el bienestar laboral y la productividad.

Además, subrayan que puede contribuir a la creación de empleo en un contexto en el que una parte importante de la plantilla se acerca a la jubilación: más del 20% de los funcionarios se retirará en los próximos cinco años.

Nueva figura del cuidador para la conciliación

La resolución incluirá también la figura del cuidador, dirigida a empleados públicos que atienden a familiares o convivientes con necesidades médicas graves.

Esta medida, alineada con la normativa europea, busca reforzar los derechos de conciliación y adaptar la Administración a las nuevas realidades sociales.

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