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Denuncian que Grezzi sube un 500% el sueldo al secretario-asesor de EMT València tras el fraude

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Vecinos de Russafa exigen la dimisión de Grezzi

VALÈNCIA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) – La portavoz del grupo municipal ‘popular’ en el Ayuntamiento de València, María José Catalá, ha denunciado este lunes que el presidente de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) y concejal de Movilidad Sostenible, Giuseppe Grezzi, y el gerente, Josep Enric Garcia Alemany, han subido al secretario-asesor de la empresa pública un 500 por ciento el sueldo, tras la estafa de cuatro millones.

Según las facturas del secretario-asesor, en 2015 los honorarios que facturaba por asesorar al Consejo de Administración de la EMT eran de 600 euros, sin incluir el IVA, mientras que en el contrato suscrito hace apenas un mes pasa a cobrar por este mismo concepto 3.000 euros, sin incluir el IVA, han informado los ‘populares’ en un comunicado.

«Se trata de una subida desorbitada que requiere de muchísimas explicaciones por parte de Compromís y el PSPV que fueron quienes votaron a favor de esta subida en el Consejo de Administración del pasado 7 de octubre», ha señalado Catalá, que ha recordado que el PP votó en contra de esta subida, así como del aumento de salario del gerente de la EMT de 5.000 euros y del contrato del director adjunto, antiguo jefe de gabinete, que suponía 10.000 euros más de sueldo.

Asimismo, la portavoz del grupo municipal ‘popular’ ha recordado que antes de la llegada de Compromís al Ayuntamiento de Valencia, el secretario-asesor de la EMT «no realizaba asistencias jurídicas en materia laboral, por haberse integrado en la plantilla un abogado experto en esta materia, algo que cambió cuando Grezzi tomó las riendas de la EMT».

«El bufete del abogado externo contratado a dedo por Grezzi ha cobrado más de 220.000 euros en los últimos cuatros años y, de ellos, casi un tercio fueron facturados por asistencia jurídica en cuestiones laborales cuando en la EMT existen abogadas que podrían realizar esa función», ha señalado Catalá.

«Estamos hablando de dinero de todos los valencianos que nos podíamos haber ahorrado si se hubieran encargado esos trabajos a las abogadas de la empresa», ha añadido la portavoz, quien considera que se trata de «un ejemplo más del descontrol en los procedimientos y en los pagos de la EMT dirigida por Grezzi».

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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