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El caso de María José Carrasco reabre el debate sobre la eutanasia en plena campaña electoral

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VALÈNCIA, 5 Abr.- La vida de Maria José Carrasco se terminó este miércoles. Después de más de 30 años sufriendo una larga enfermedad, su marido, Ángel Hernández, le ayudó a poner fin con una muerte digna y que en todo momento estuvo grabada por el propio Ángel para dejar constancia de los hechos.

La esclerosis múltiple que sufría María José la había sumergido en un estado terminal que la postró en una cama y que le producía muchos dolores. A pesar de la larga lucha constante que ha tenido y de haber intentado incluso suicidarse, se encontraba en un punto en el que ya no le era posible acabar con su vida por si misma.

Su marido, Ángel Hernández, después de haber luchado junto a su mujer hasta el último momento, confesaba en la grabación que se ha emitido públicamente en todos los medios de comunicación, que la situación era ya insostenible y que María José «necesitaba morir dignamente».

En la grabación se puede ver como Ángel mantiene una conversación con María José en la que le pregunta explícitamente que lo que va a realizar es lo que ella quiere, y ella le contesta sin ningún tipo de coacción. Tras la conversación se puede ver como se realiza todo el proceso y el momento más personal, cuando Ángel le suministra la sustancia que acaba con la vida de María José.

La Policía conocía los hechos y detenía este miércoles a Ángel por un presunto delito de homicidio por cooperación al suicidio. Tras prestar declaración, la jueza dejaba en libertad sin medidas cautelares a Ángel Hernández.

En este momento se ha reabierto el debate sobre el derecho a una muerte digna, y los partidos políticos que se encuentran en plena campaña electoral han salido a valorar los hechos. Una cuestión que ya se ha debatido en muchas ocasiones en el Congreso de los Diputados pero que a día de hoy sigue sin tener una ley que lo regule.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una entrevista que ofreció este jueves por la noche en Tele 5, aseguraba que si gana las elecciones generales del próximo 28 de abril regulará la eutanasia y que no descarta el ‘indulto’ de Ángel Hernández; por su parte el líder de ciudadanos, Albert Rivera, aseguraba también el jueves por la noche que si llega a presidente del Gobierno impulsará una ley de eutanasia “garantista y de consenso”.

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El Supremo propone juzgar a Ábalos, Koldo y De Aldama por presuntas irregularidades en la compra de mascarillas

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Koldo García, que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, comparece ante la comisión del Senado. EFE/ J.J. Guillén

El Tribunal Supremo ha propuesto juzgar al exministro de Transportes José Luis Ábalos, a su exasesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de mascarillas durante la pandemia.
El magistrado Leopoldo Puente considera que los tres pudieron cometer delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y pertenencia a organización criminal.

 


Un auto que apunta a una trama de corrupción

En el auto dictado este lunes, el juez Puente señala que Ábalos, Koldo y De Aldama “se concertaron” poco después de que el exministro tomara posesión de su cargo en el Gobierno, aprovechando su influencia política para obtener beneficios económicos mediante contratos públicos relacionados con el suministro de mascarillas.

El instructor indica que los investigados utilizaron su posición y contactos para “beneficiarse económicamente de las adjudicaciones de contratos” y valerse de la influencia ministerial para favorecer a determinadas empresas.


Diez días para presentar acusaciones o solicitar archivo

El magistrado da un plazo de diez días a la Fiscalía y a las acusaciones populares —encabezadas por el Partido Popular (PP)— para presentar sus escritos de acusación o peticiones de archivo.
Además, podrán solicitar la práctica de diligencias complementarias si lo consideran necesario.


División de la causa: mascarillas y obras públicas

Esta decisión llega después de que en septiembre de 2025, el juez decidiera dividir la causa en dos partes:

  • una pieza principal centrada en los contratos de mascarillas del Ministerio de Transportes durante la pandemia,

  • y otra pieza separada, aún en fase inicial, sobre una supuesta trama de comisiones a cambio de obra pública.

El magistrado ya había advertido entonces que la investigación sobre las mascarillas estaba “muy avanzada”, mientras que la relativa a las obras públicas se encontraba “en fase incipiente”.


Indicios de pagos y contraprestaciones ilícitas

El juez Puente sostiene que existen “indicios muy consistentes” de que Víctor de Aldama entregó dinero tanto a José Luis Ábalos como a Koldo García “con el propósito de que estos realizaran actos contrarios a los deberes inherentes a sus cargos públicos”.

Según el auto, ambos recibieron retribuciones económicas como contraprestación a las gestiones realizadas en favor de las empresas que buscaban contratos con la Administración.
De Aldama, por su parte, habría actuado como intermediario, buscando empresas dispuestas a pagar a cambio de facilitar su relación con el Ministerio de Transportes.


El papel de Koldo García y la implicación de Ábalos

El auto judicial detalla que Koldo García, exasesor de Ábalos, usó su posición de confianza para realizar las gestiones necesarias y facilitar los contactos entre las empresas interesadas y los responsables públicos.
El juez apunta que Ábalos intervenía directamente cuando “su firma o su influencia personal resultaban indispensables”.


Un nuevo capítulo del ‘caso Koldo’

El llamado ‘caso Koldo’ estalló en 2024 al revelarse una presunta red de comisiones irregulares por contratos públicos durante la pandemia.
La propuesta de enjuiciamiento del Tribunal Supremo marca un punto de inflexión en la investigación, ya que por primera vez se apunta directamente al exministro de Transportes como parte activa de la trama.

 

 

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