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El Consell cifra en más de 1.500 millones de euros los daños causados por el temporal de gota fría
Publicado
hace 7 añosen
Valencia, 19 sept. – El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha asegurado que, desde una primera aproximación a los daños provocados por el temporal de la pasada semana, se puede cifrar el impacto económico de las lluvias e inundaciones en alrededor de 1.500 millones de euros, y ha anunciado que el Consell aprobará dos decretos urgentes de ayudas directas para las personas y los municipios.
El president ha presidido en el Palau de la Generalitat la reunión extraordinaria de la Comisión Interdepartamental para el Seguimiento y la Coordinación de la Posteemergencia. En esta reunión han participado también la vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, el conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, la consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, y la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, Ana Barceló.
Asimismo, han intervenido en la Comisión representantes de las secretarías autonómicas y direcciones generales de las distintas Consellerias que están implicadas en la vuelta a la normalidad en los territorios afectados por el episodio de gota fría que tan devastadores efectos ha tenido en las comarcas de la Vega Baja y la Vall d’Albaida.
«Hemos visto que en todos los ámbitos ha habido un daño grande, muy especialmente en lo que significa la agricultura, también en las viviendas, y en todas las infraestructuras», ha explicado Puig, que ha considerado «una gran catástrofe» la situación que ha dejado la DANA en la Comunitat Valenciana.
Por ello, ha apostado por «el apoyo de todas las instrucciones» y ha afirmado que, «desde la responsabilidad», el Consell aprobará este viernes, en su reunión plenaria, que se celebrará en Orihuela, dos primeros decretos de ayudas.
«Uno estará dirigido directamente a las personas, sobre todo para atacar inicialmente lo que es la necesidad perentoria de las personas que han sufrido pérdidas en su vivienda y en sus enseres», ha detallado el titular del Consell, que también se ha referido aun segundo decreto de ayuda a los ayuntamientos «para ir avanzando en la reparación de las cuestiones básicas».
En este sentido, ha explicado que estas ayudas forman parte de «una actuación primera de emergencia», aunque, en las próximas semanas, el Gobierno valenciano «seguirá abordando distintas actuaciones por parte de las Consellerias».
«También tengo que decir que es fundamental el concurso de todas las administraciones, necesitamos recursos, recursos importantes del Estado y recursos también de la Unión Europea», ha manifestado, y ha advertido de que estas cifras son tan solo una primera aproximación a la magnitud de los daños económicos, y que estos podrían ser superiores.
En cuanto a los sectores más afectados, ha considerado que «la peor parte es la agricultura, sobre todo en la Vega Baja, donde es el motor fundamental, junto con la industria agroalimentaria».
En esta comarca, ha explicado, las infraestructuras de regadío han sufrido cuantiosos daños. También se ha referido a las infraestructuras viarias como lo más dañado por el temporal, así como los servicios educativos y sanitarios.
Ayudas directas
En cuanto a los dos primeros decretos, el president ha explicado que serán de ayudas directas «para que se hagan efectivas lo más rápidamente posible» y poder asegurar así «la primera actuación, el primer impacto, y ayudar en una situación de shock».
A estas ayudas a las personas se añadirán a las cantidades asignadas a los Ayuntamientos «para ir actuando sobre todo en la reparación de los servicios públicos fundamentales».
La Comisión también ha realizado un análisis de las personas que siguen sin servicios de luz eléctrica y agua que, según Puig, ascienden a más de 50, así como de las personas que continúan sin servicio de telefonía, alrededor de un centenar.
«Esperamos la próxima semana poder hablar de una completa normalización», ha afirmado el president, que ha añadido que «a partir de que vaya bajando el agua en algunos ámbitos será cuándo se podrá entrar y se podrá ver la profundidad de los daños».
Activación de la postemergencia
La emergencia, aunque con menor intensidad, sigue su curso, pero es necesario iniciar la fase de la postemergencia de manera progresiva e inmediata con el fin último de devolver en el plazo más corto de tiempo posible a la normalidad las zonas afectadas, tal y como se ha hecho en las últimas ocasiones en que algún territorio de la Comunitat Valenciana ha pasado por una situación que requiere una respuesta inmediata y acorde con los daños sufridos.
La Comisión Interdepartamental es un órgano colegiado de la Administración de la Generalitat al que corresponde la coordinación entre departamentos del Consell en materia de postemergencia y que tiene, entre sus funciones analizar la información disponible sobre los daños a particulares, servicios e infraestructuras públicos; fijar los objetivos concretos de la fase postemergencia garantizando una visión unificada en las decisiones adoptadas; proponer inversiones y definir proyectos concretos para conseguir la vuelta a la normalidad.
Asimismo, se encarga de aprobar mecanismos de difusión de la información a la población sobre los procedimientos de solicitud de ayudas, conocer las actuaciones de la Administración General del Estado y garantizar su complementariedad con las decisiones de la Generalitat, así como velar por las sinergias entre las actuaciones realizadas por las diversas administraciones involucradas en la gestión de la fase postemergencia.
También se cuenta entre sus funciones proponer la aprobación de un plan de recuperación con una visión unificada aportada por los diferentes departamentos de la Generalitat, para garantizar la recuperación de la normalidad y asegurar la trazabilidad en cada uno de los procesos ejecutados, estableciendo los mecanismos de control adecuados.
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Qué es el Sindicato de Inquilinos e Inquilinas y qué hace: el desahucio de Maricarmen como ejemplo
Publicado
hace 6 horasen
25 septiembre, 2026
El desahucio de Maricarmen, la mujer de 87 años expulsada de la vivienda en la que llevaba alrededor de 70 años viviendo en Madrid, ha colocado en primera línea a una organización que en los últimos años ha ganado presencia en el debate sobre la vivienda: el Sindicato de Inquilinos e Inquilinas.
Tras la ejecución del desahucio, la organización convocó movilizaciones en diferentes ciudades españolas, entre ellas València, para denunciar el lanzamiento y reclamar nuevas medidas de protección para las personas que viven de alquiler.
Pero ¿qué es exactamente un sindicato de inquilinos, quién puede formar parte de él y qué hace cuando una persona tiene problemas con su casero?
¿Qué es un Sindicato de Inquilinos e Inquilinas?
Un sindicato de inquilinos es una organización formada por personas que viven de alquiler y que se organizan colectivamente para defender sus intereses como arrendatarias.
Su objetivo declarado es defender el acceso a una vivienda digna, estable y asequible y actuar ante problemas como las subidas de alquiler, los conflictos con propietarios, las dificultades para renovar contratos o los procedimientos de desahucio.
El Sindicato de Inquilinas de Madrid explica que nació en mayo de 2017, cuando un grupo de vecinos decidió organizarse para defender de manera colectiva el derecho a una vivienda digna y segura. Actualmente afirma contar con más de 4.000 personas y trabajar mediante nodos territoriales y comisiones.
No se trata, por tanto, de una administración pública ni de un organismo judicial. Es una organización social y sindical que representa y organiza a personas que viven de alquiler.
¿Qué reclama un sindicato de inquilinos?
Las reivindicaciones pueden variar entre organizaciones, pero entre las cuestiones que aparecen habitualmente se encuentran:
- Frenar o limitar las subidas de los alquileres.
- Conseguir contratos de alquiler más estables.
- Defender a los inquilinos ante conflictos con los propietarios.
- Evitar desahucios cuando existen situaciones de vulnerabilidad.
- Reclamar un parque público de vivienda mayor.
- Denunciar situaciones que consideran abusivas en el mercado del alquiler.
- Organizar a los vecinos de un mismo edificio o barrio ante problemas comunes.
- Presionar a las administraciones para modificar las políticas de vivienda.
El movimiento de sindicatos de inquilinos se define como una organización de base formada por personas que viven de alquiler y señala entre sus principales objetivos enfrentarse a las subidas de las rentas, los abusos de grandes propietarios y la precarización residencial.
¿Qué puede hacer un sindicato de inquilinos ante un desahucio?
Una de sus principales funciones es acompañar y organizar a los afectados cuando reciben una demanda, una orden de lanzamiento o se enfrentan a un conflicto con el propietario.
El sindicato puede proporcionar información sobre el procedimiento, poner al afectado en contacto con asesoramiento jurídico, organizar redes de apoyo y movilizar a otras personas para intentar negociar una solución.
También puede realizar campañas públicas, concentraciones o acciones ante las administraciones.
En algunos casos, estos colectivos intentan negociar directamente con la propiedad para conseguir una prórroga del contrato, una reducción de la renta, un alquiler social u otra alternativa que permita evitar el lanzamiento.
Es importante diferenciar esta actividad de la actuación de los tribunales: un sindicato no puede anular por sí mismo una orden judicial de desahucio. Las posibilidades legales dependen de cada procedimiento y de las resoluciones dictadas por los juzgados.
El caso de Maricarmen: el ejemplo que ha provocado las movilizaciones
El caso de Maricarmen se ha convertido en uno de los ejemplos más visibles de la actividad del movimiento de inquilinos.
La mujer, de 87 años, llevaba alrededor de siete décadas viviendo en la vivienda de Madrid. El conflicto se prolongó durante años y terminó en los tribunales.
La vivienda estaba sometida a un régimen de renta antigua y el litigio se centró, entre otras cuestiones, en las condiciones de la subrogación del contrato y en el derecho de Maricarmen a continuar ocupando el inmueble.
Finalmente, después de varios aplazamientos, el lanzamiento se ejecutó el 23 de septiembre de 2026.
El Sindicato de Inquilinos e Inquilinas intentó movilizar apoyos para evitar el desahucio y, una vez ejecutado, convocó concentraciones de urgencia en una docena de ciudades.
¿Por qué el caso de Maricarmen es tan importante para el sindicato?
Para el movimiento de inquilinos, Maricarmen representa un problema más amplio: el de las personas que, pese a llevar muchos años viviendo en una vivienda, pueden terminar perdiéndola cuando cambia la situación contractual o económica.
La organización sostiene que el desahucio podría haberse evitado mediante cambios legislativos y reclama al Gobierno nuevas medidas de protección.
La Confederación de Sindicatos de Inquilinas ha utilizado el caso para reclamar el desbloqueo de medidas relacionadas con la protección frente a los desahucios y ha convocado movilizaciones en diferentes ciudades.
El sindicato también actúa antes de llegar al desahucio
El trabajo de estas organizaciones no se limita a los lanzamientos.
En el Sindicato de Inquilinas de Madrid, por ejemplo, la estructura se organiza territorialmente mediante nodos abiertos a las personas que quieran participar y diferentes comisiones de trabajo. La organización explica que uno de sus objetivos es que los problemas individuales puedan convertirse en conflictos colectivos.
Esto permite que varios vecinos de un mismo edificio puedan organizarse conjuntamente cuando existen problemas relacionados con el alquiler.
También pueden intervenir ante situaciones como:
Una subida del alquiler: el sindicato puede asesorar al inquilino sobre sus derechos y ayudarle a negociar.
Un problema con la renovación: puede acompañar al arrendatario durante las conversaciones con la propiedad.
Un conflicto con un gran propietario: los afectados pueden organizarse colectivamente cuando varias viviendas de un mismo edificio están en una situación similar.
Un procedimiento de desahucio: el sindicato puede informar sobre el proceso, buscar alternativas y organizar movilizaciones para reclamar una solución.
Sindicatos de inquilinos en diferentes ciudades
No existe un único sindicato que agrupe a todos los inquilinos de España. Existen organizaciones territoriales diferentes que comparten buena parte de sus reivindicaciones y que en los últimos años han impulsado estructuras de coordinación.
Entre ellas se encuentran el Sindicato de Inquilinas de Madrid, el Sindicat de Llogateres de Catalunya, organizaciones de Málaga, Zaragoza, Sevilla, Asturias, Cádiz, Guadalajara y otras ciudades y territorios.
La Confederación de Sindicatos de Inquilinas sirve como espacio de coordinación para diferentes organizaciones del movimiento.
Precisamente esta estructura fue la que permitió convocar movilizaciones simultáneas después del desahucio de Maricarmen. Las primeras protestas se organizaron en doce ciudades y posteriormente se anunciaron nuevas concentraciones en más puntos de España.
De un problema individual a una movilización colectiva
Esta es precisamente una de las características fundamentales de los sindicatos de inquilinos: intentar que un conflicto que afecta a una persona pueda convertirse en una reivindicación colectiva.
En el caso de Maricarmen, el desahucio dejó de ser únicamente un procedimiento judicial concreto y se convirtió en el detonante de movilizaciones en distintas ciudades.
En València, decenas de personas se concentraron ante la Delegación del Gobierno para mostrar su apoyo a Maricarmen y reclamar medidas en materia de vivienda.
En Alicante, el movimiento de vivienda también organizó una concentración y vinculó el caso con la situación de las familias que tienen dificultades para afrontar los alquileres.
Las organizaciones sostienen que el problema no afecta únicamente a Maricarmen, sino que forma parte de un conflicto más amplio sobre el precio de la vivienda y la protección de los inquilinos.
¿Puede un sindicato impedir legalmente un desahucio?
No por sí mismo.
Un sindicato puede negociar, asesorar, acompañar, movilizar y reclamar medidas ante las administraciones, pero la suspensión o paralización de un lanzamiento depende de las decisiones judiciales y de las circunstancias que establezca la legislación.
En determinados procedimientos existen mecanismos para acreditar una situación de vulnerabilidad, solicitar medidas de protección o plantear alternativas habitacionales. La posibilidad concreta de suspender un lanzamiento depende del caso y de los requisitos legales aplicables.
Por eso, ante una notificación judicial, los sindicatos recomiendan actuar con rapidez y buscar asesoramiento jurídico.
El desahucio de Maricarmen abre un nuevo capítulo
La imagen de Maricarmen saliendo en camilla de la vivienda donde había vivido durante décadas ha convertido su caso en un símbolo para el movimiento de inquilinos.
La Confederación de Sindicatos de Inquilinas ha anunciado que continuará movilizándose y ha utilizado el caso para reclamar cambios en la legislación de vivienda.
Así, el desahucio de una mujer de 87 años se ha convertido en un ejemplo de cómo funcionan los sindicatos de inquilinos y de qué manera intentan transformar un conflicto individual entre propietario e inquilino en una reivindicación colectiva sobre el acceso a la vivienda.
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