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El Consell cifra en más de 1.500 millones de euros los daños causados por el temporal de gota fría

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Valencia, 19 sept. – El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha asegurado que, desde una primera aproximación a los daños provocados por el temporal de la pasada semana, se puede cifrar el impacto económico de las lluvias e inundaciones en alrededor de 1.500 millones de euros, y ha anunciado que el Consell aprobará dos decretos urgentes de ayudas directas para las personas y los municipios.

El president ha presidido en el Palau de la Generalitat la reunión extraordinaria de la Comisión Interdepartamental para el Seguimiento y la Coordinación de la Posteemergencia. En esta reunión han participado también la vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, el conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, la consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, y la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, Ana Barceló.

Asimismo, han intervenido en la Comisión representantes de las secretarías autonómicas y direcciones generales de las distintas Consellerias que están implicadas en la vuelta a la normalidad en los territorios afectados por el episodio de gota fría que tan devastadores efectos ha tenido en las comarcas de la Vega Baja y la Vall d’Albaida.
«Hemos visto que en todos los ámbitos ha habido un daño grande, muy especialmente en lo que significa la agricultura, también en las viviendas, y en todas las infraestructuras», ha explicado Puig, que ha considerado «una gran catástrofe» la situación que ha dejado la DANA en la Comunitat Valenciana.

Por ello, ha apostado por «el apoyo de todas las instrucciones» y ha afirmado que, «desde la responsabilidad», el Consell aprobará este viernes, en su reunión plenaria, que se celebrará en Orihuela, dos primeros decretos de ayudas.

«Uno estará dirigido directamente a las personas, sobre todo para atacar inicialmente lo que es la necesidad perentoria de las personas que han sufrido pérdidas en su vivienda y en sus enseres», ha detallado el titular del Consell, que también se ha referido aun segundo decreto de ayuda a los ayuntamientos «para ir avanzando en la reparación de las cuestiones básicas».

En este sentido, ha explicado que estas ayudas forman parte de «una actuación primera de emergencia», aunque, en las próximas semanas, el Gobierno valenciano «seguirá abordando distintas actuaciones por parte de las Consellerias».

«También tengo que decir que es fundamental el concurso de todas las administraciones, necesitamos recursos, recursos importantes del Estado y recursos también de la Unión Europea», ha manifestado, y ha advertido de que estas cifras son tan solo una primera aproximación a la magnitud de los daños económicos, y que estos podrían ser superiores.

En cuanto a los sectores más afectados, ha considerado que «la peor parte es la agricultura, sobre todo en la Vega Baja, donde es el motor fundamental, junto con la industria agroalimentaria».

En esta comarca, ha explicado, las infraestructuras de regadío han sufrido cuantiosos daños. También se ha referido a las infraestructuras viarias como lo más dañado por el temporal, así como los servicios educativos y sanitarios.

Ayudas directas
En cuanto a los dos primeros decretos, el president ha explicado que serán de ayudas directas «para que se hagan efectivas lo más rápidamente posible» y poder asegurar así «la primera actuación, el primer impacto, y ayudar en una situación de shock».

A estas ayudas a las personas se añadirán a las cantidades asignadas a los Ayuntamientos «para ir actuando sobre todo en la reparación de los servicios públicos fundamentales».

La Comisión también ha realizado un análisis de las personas que siguen sin servicios de luz eléctrica y agua que, según Puig, ascienden a más de 50, así como de las personas que continúan sin servicio de telefonía, alrededor de un centenar.

«Esperamos la próxima semana poder hablar de una completa normalización», ha afirmado el president, que ha añadido que «a partir de que vaya bajando el agua en algunos ámbitos será cuándo se podrá entrar y se podrá ver la profundidad de los daños».

Activación de la postemergencia
La emergencia, aunque con menor intensidad, sigue su curso, pero es necesario iniciar la fase de la postemergencia de manera progresiva e inmediata con el fin último de devolver en el plazo más corto de tiempo posible a la normalidad las zonas afectadas, tal y como se ha hecho en las últimas ocasiones en que algún territorio de la Comunitat Valenciana ha pasado por una situación que requiere una respuesta inmediata y acorde con los daños sufridos.

La Comisión Interdepartamental es un órgano colegiado de la Administración de la Generalitat al que corresponde la coordinación entre departamentos del Consell en materia de postemergencia y que tiene, entre sus funciones analizar la información disponible sobre los daños a particulares, servicios e infraestructuras públicos; fijar los objetivos concretos de la fase postemergencia garantizando una visión unificada en las decisiones adoptadas; proponer inversiones y definir proyectos concretos para conseguir la vuelta a la normalidad.

Asimismo, se encarga de aprobar mecanismos de difusión de la información a la población sobre los procedimientos de solicitud de ayudas, conocer las actuaciones de la Administración General del Estado y garantizar su complementariedad con las decisiones de la Generalitat, así como velar por las sinergias entre las actuaciones realizadas por las diversas administraciones involucradas en la gestión de la fase postemergencia.

También se cuenta entre sus funciones proponer la aprobación de un plan de recuperación con una visión unificada aportada por los diferentes departamentos de la Generalitat, para garantizar la recuperación de la normalidad y asegurar la trazabilidad en cada uno de los procesos ejecutados, estableciendo los mecanismos de control adecuados.

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El Tribunal Constitucional rechaza el recurso del Defensor del Pueblo contra la suspensión de voto a la ‘ley de nietos’

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Elecciones Europeas Valencia voto correo

El Tribunal Constitucional (TC) ha rechazado por una amplia mayoría el recurso presentado por el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, contra la suspensión cautelar del derecho al voto de los españoles nacionalizados mediante la conocida como ley de nietos que no acrediten ser descendientes de exiliados.

El Pleno ha decidido no admitir a trámite el recurso de amparo, al considerar que la cuestión todavía puede resolverse en el Tribunal Supremo, donde el procedimiento continúa abierto. La decisión mantiene, por el momento, la suspensión del voto para los afectados que residen en el extranjero.

¿Por qué el Constitucional rechaza el recurso?

El Defensor del Pueblo había solicitado que se anularan de forma urgente las resoluciones del Tribunal Supremo y que se permitiera votar en las próximas elecciones generales a los ciudadanos afectados.

Ángel Gabilondo argumentó que la suspensión podía vulnerar derechos fundamentales, entre ellos la igualdad, la participación en los asuntos públicos y la tutela judicial efectiva. También advirtió de que los plazos electorales hacían urgente una respuesta para evitar que los ciudadanos afectados se quedaran sin poder ejercer su derecho al sufragio.

Sin embargo, el Constitucional considera que el recurso es prematuro porque el procedimiento sigue abierto en el Supremo. Los afectados todavía pueden personarse en esa causa y presentar alegaciones para solicitar que se revise la medida cautelar.

¿A quién afecta la suspensión del voto de la ley de nietos?

La medida afecta a ciudadanos españoles residentes en el extranjero que obtuvieron la nacionalidad al amparo de la Ley de Memoria Democrática, conocida popularmente como ley de nietos, y cuyo acceso a la nacionalidad se habría apoyado en una instrucción administrativa que presumía la condición de exiliados de determinados emigrantes.

El Tribunal Supremo suspendió cautelarmente el ejercicio del voto de este grupo al considerar que debía garantizarse la legalidad del censo electoral. La controversia gira en torno a la acreditación de los requisitos exigidos para acogerse a la normativa.

La decisión del Constitucional no resuelve definitivamente el fondo del conflicto. El Tribunal Supremo deberá continuar con el procedimiento y podrá revisar la medida cautelar después de estudiar las alegaciones de los afectados.

Las elecciones generales del 29 de noviembre

La resolución llega a poco más de un mes de las elecciones generales previstas para el 29 de noviembre. El Defensor del Pueblo había alertado de que la proximidad de la cita electoral podía dificultar que los ciudadanos afectados recuperasen a tiempo su derecho al voto.

Por ahora, el rechazo del recurso deja vigente la suspensión cautelar para los españoles residentes en el extranjero incluidos en la medida. La situación definitiva dependerá de los próximos pasos judiciales y de la resolución que adopte el Tribunal Supremo.

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