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El Consell cifra en más de 1.500 millones de euros los daños causados por el temporal de gota fría

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Valencia, 19 sept. – El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha asegurado que, desde una primera aproximación a los daños provocados por el temporal de la pasada semana, se puede cifrar el impacto económico de las lluvias e inundaciones en alrededor de 1.500 millones de euros, y ha anunciado que el Consell aprobará dos decretos urgentes de ayudas directas para las personas y los municipios.

El president ha presidido en el Palau de la Generalitat la reunión extraordinaria de la Comisión Interdepartamental para el Seguimiento y la Coordinación de la Posteemergencia. En esta reunión han participado también la vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, el conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, la consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, y la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, Ana Barceló.

Asimismo, han intervenido en la Comisión representantes de las secretarías autonómicas y direcciones generales de las distintas Consellerias que están implicadas en la vuelta a la normalidad en los territorios afectados por el episodio de gota fría que tan devastadores efectos ha tenido en las comarcas de la Vega Baja y la Vall d’Albaida.
«Hemos visto que en todos los ámbitos ha habido un daño grande, muy especialmente en lo que significa la agricultura, también en las viviendas, y en todas las infraestructuras», ha explicado Puig, que ha considerado «una gran catástrofe» la situación que ha dejado la DANA en la Comunitat Valenciana.

Por ello, ha apostado por «el apoyo de todas las instrucciones» y ha afirmado que, «desde la responsabilidad», el Consell aprobará este viernes, en su reunión plenaria, que se celebrará en Orihuela, dos primeros decretos de ayudas.

«Uno estará dirigido directamente a las personas, sobre todo para atacar inicialmente lo que es la necesidad perentoria de las personas que han sufrido pérdidas en su vivienda y en sus enseres», ha detallado el titular del Consell, que también se ha referido aun segundo decreto de ayuda a los ayuntamientos «para ir avanzando en la reparación de las cuestiones básicas».

En este sentido, ha explicado que estas ayudas forman parte de «una actuación primera de emergencia», aunque, en las próximas semanas, el Gobierno valenciano «seguirá abordando distintas actuaciones por parte de las Consellerias».

«También tengo que decir que es fundamental el concurso de todas las administraciones, necesitamos recursos, recursos importantes del Estado y recursos también de la Unión Europea», ha manifestado, y ha advertido de que estas cifras son tan solo una primera aproximación a la magnitud de los daños económicos, y que estos podrían ser superiores.

En cuanto a los sectores más afectados, ha considerado que «la peor parte es la agricultura, sobre todo en la Vega Baja, donde es el motor fundamental, junto con la industria agroalimentaria».

En esta comarca, ha explicado, las infraestructuras de regadío han sufrido cuantiosos daños. También se ha referido a las infraestructuras viarias como lo más dañado por el temporal, así como los servicios educativos y sanitarios.

Ayudas directas
En cuanto a los dos primeros decretos, el president ha explicado que serán de ayudas directas «para que se hagan efectivas lo más rápidamente posible» y poder asegurar así «la primera actuación, el primer impacto, y ayudar en una situación de shock».

A estas ayudas a las personas se añadirán a las cantidades asignadas a los Ayuntamientos «para ir actuando sobre todo en la reparación de los servicios públicos fundamentales».

La Comisión también ha realizado un análisis de las personas que siguen sin servicios de luz eléctrica y agua que, según Puig, ascienden a más de 50, así como de las personas que continúan sin servicio de telefonía, alrededor de un centenar.

«Esperamos la próxima semana poder hablar de una completa normalización», ha afirmado el president, que ha añadido que «a partir de que vaya bajando el agua en algunos ámbitos será cuándo se podrá entrar y se podrá ver la profundidad de los daños».

Activación de la postemergencia
La emergencia, aunque con menor intensidad, sigue su curso, pero es necesario iniciar la fase de la postemergencia de manera progresiva e inmediata con el fin último de devolver en el plazo más corto de tiempo posible a la normalidad las zonas afectadas, tal y como se ha hecho en las últimas ocasiones en que algún territorio de la Comunitat Valenciana ha pasado por una situación que requiere una respuesta inmediata y acorde con los daños sufridos.

La Comisión Interdepartamental es un órgano colegiado de la Administración de la Generalitat al que corresponde la coordinación entre departamentos del Consell en materia de postemergencia y que tiene, entre sus funciones analizar la información disponible sobre los daños a particulares, servicios e infraestructuras públicos; fijar los objetivos concretos de la fase postemergencia garantizando una visión unificada en las decisiones adoptadas; proponer inversiones y definir proyectos concretos para conseguir la vuelta a la normalidad.

Asimismo, se encarga de aprobar mecanismos de difusión de la información a la población sobre los procedimientos de solicitud de ayudas, conocer las actuaciones de la Administración General del Estado y garantizar su complementariedad con las decisiones de la Generalitat, así como velar por las sinergias entre las actuaciones realizadas por las diversas administraciones involucradas en la gestión de la fase postemergencia.

También se cuenta entre sus funciones proponer la aprobación de un plan de recuperación con una visión unificada aportada por los diferentes departamentos de la Generalitat, para garantizar la recuperación de la normalidad y asegurar la trazabilidad en cada uno de los procesos ejecutados, estableciendo los mecanismos de control adecuados.

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La Audiencia Nacional rechaza suspender el campamento para inmigrantes en el Puerto de Ceuta

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La Audiencia Nacional ha rechazado la petición de suspensión cautelarísima presentada por el Sindicato Unificado de Policía (SUP) contra la instalación de un campamento de acogida para inmigrantes en el Puerto de Ceuta.

La decisión judicial permite al Gobierno continuar con la puesta en marcha del recinto, destinado a atender a las personas que llegaron a la ciudad autónoma durante la entrada masiva registrada a finales de julio.

El SUP había solicitado que se paralizara de forma inmediata la instalación al considerar que existían problemas relacionados con la seguridad y la prevención de riesgos para los agentes. La Audiencia Nacional ha rechazado esta medida cautelarísima, aunque el fondo del recurso presentado por el sindicato todavía deberá resolverse.

Un campamento de 16.000 metros cuadrados

El recinto previsto en el Puerto de Ceuta ocupa alrededor de 16.000 metros cuadrados y está planteado como una solución temporal para aliviar la situación de acogida en la ciudad autónoma.

Según la información publicada sobre el proyecto, el espacio permitirá trasladar a parte de los inmigrantes que permanecen actualmente en otros puntos de Ceuta. Algunas fuentes sitúan en alrededor de 1.800 personas el colectivo que estaba previsto trasladar al campamento.

La resolución de la Audiencia Nacional permite continuar con el operativo mientras se tramita el procedimiento judicial. El Gobierno sostiene que el recinto dispone de las condiciones necesarias y que se adoptarán las medidas de seguridad correspondientes.

El recurso del Sindicato Unificado de Policía

El Sindicato Unificado de Policía recurrió la decisión de utilizar terrenos del puerto para instalar el campamento y pidió a la Audiencia Nacional que frenara su puesta en funcionamiento.

La organización policial había planteado sus objeciones principalmente por cuestiones de seguridad y prevención de riesgos. La decisión conocida este jueves no supone, sin embargo, que la Audiencia Nacional haya resuelto definitivamente el recurso: únicamente rechaza la suspensión cautelarísima solicitada por el SUP.

De esta forma, el Gobierno puede continuar con la instalación del campamento para inmigrantes en el Puerto de Ceuta, a la espera de que la Justicia se pronuncie sobre el fondo del asunto.

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