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El Consell cifra en más de 1.500 millones de euros los daños causados por el temporal de gota fría

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Valencia, 19 sept. – El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha asegurado que, desde una primera aproximación a los daños provocados por el temporal de la pasada semana, se puede cifrar el impacto económico de las lluvias e inundaciones en alrededor de 1.500 millones de euros, y ha anunciado que el Consell aprobará dos decretos urgentes de ayudas directas para las personas y los municipios.

El president ha presidido en el Palau de la Generalitat la reunión extraordinaria de la Comisión Interdepartamental para el Seguimiento y la Coordinación de la Posteemergencia. En esta reunión han participado también la vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, el conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, la consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, y la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, Ana Barceló.

Asimismo, han intervenido en la Comisión representantes de las secretarías autonómicas y direcciones generales de las distintas Consellerias que están implicadas en la vuelta a la normalidad en los territorios afectados por el episodio de gota fría que tan devastadores efectos ha tenido en las comarcas de la Vega Baja y la Vall d’Albaida.
«Hemos visto que en todos los ámbitos ha habido un daño grande, muy especialmente en lo que significa la agricultura, también en las viviendas, y en todas las infraestructuras», ha explicado Puig, que ha considerado «una gran catástrofe» la situación que ha dejado la DANA en la Comunitat Valenciana.

Por ello, ha apostado por «el apoyo de todas las instrucciones» y ha afirmado que, «desde la responsabilidad», el Consell aprobará este viernes, en su reunión plenaria, que se celebrará en Orihuela, dos primeros decretos de ayudas.

«Uno estará dirigido directamente a las personas, sobre todo para atacar inicialmente lo que es la necesidad perentoria de las personas que han sufrido pérdidas en su vivienda y en sus enseres», ha detallado el titular del Consell, que también se ha referido aun segundo decreto de ayuda a los ayuntamientos «para ir avanzando en la reparación de las cuestiones básicas».

En este sentido, ha explicado que estas ayudas forman parte de «una actuación primera de emergencia», aunque, en las próximas semanas, el Gobierno valenciano «seguirá abordando distintas actuaciones por parte de las Consellerias».

«También tengo que decir que es fundamental el concurso de todas las administraciones, necesitamos recursos, recursos importantes del Estado y recursos también de la Unión Europea», ha manifestado, y ha advertido de que estas cifras son tan solo una primera aproximación a la magnitud de los daños económicos, y que estos podrían ser superiores.

En cuanto a los sectores más afectados, ha considerado que «la peor parte es la agricultura, sobre todo en la Vega Baja, donde es el motor fundamental, junto con la industria agroalimentaria».

En esta comarca, ha explicado, las infraestructuras de regadío han sufrido cuantiosos daños. También se ha referido a las infraestructuras viarias como lo más dañado por el temporal, así como los servicios educativos y sanitarios.

Ayudas directas
En cuanto a los dos primeros decretos, el president ha explicado que serán de ayudas directas «para que se hagan efectivas lo más rápidamente posible» y poder asegurar así «la primera actuación, el primer impacto, y ayudar en una situación de shock».

A estas ayudas a las personas se añadirán a las cantidades asignadas a los Ayuntamientos «para ir actuando sobre todo en la reparación de los servicios públicos fundamentales».

La Comisión también ha realizado un análisis de las personas que siguen sin servicios de luz eléctrica y agua que, según Puig, ascienden a más de 50, así como de las personas que continúan sin servicio de telefonía, alrededor de un centenar.

«Esperamos la próxima semana poder hablar de una completa normalización», ha afirmado el president, que ha añadido que «a partir de que vaya bajando el agua en algunos ámbitos será cuándo se podrá entrar y se podrá ver la profundidad de los daños».

Activación de la postemergencia
La emergencia, aunque con menor intensidad, sigue su curso, pero es necesario iniciar la fase de la postemergencia de manera progresiva e inmediata con el fin último de devolver en el plazo más corto de tiempo posible a la normalidad las zonas afectadas, tal y como se ha hecho en las últimas ocasiones en que algún territorio de la Comunitat Valenciana ha pasado por una situación que requiere una respuesta inmediata y acorde con los daños sufridos.

La Comisión Interdepartamental es un órgano colegiado de la Administración de la Generalitat al que corresponde la coordinación entre departamentos del Consell en materia de postemergencia y que tiene, entre sus funciones analizar la información disponible sobre los daños a particulares, servicios e infraestructuras públicos; fijar los objetivos concretos de la fase postemergencia garantizando una visión unificada en las decisiones adoptadas; proponer inversiones y definir proyectos concretos para conseguir la vuelta a la normalidad.

Asimismo, se encarga de aprobar mecanismos de difusión de la información a la población sobre los procedimientos de solicitud de ayudas, conocer las actuaciones de la Administración General del Estado y garantizar su complementariedad con las decisiones de la Generalitat, así como velar por las sinergias entre las actuaciones realizadas por las diversas administraciones involucradas en la gestión de la fase postemergencia.

También se cuenta entre sus funciones proponer la aprobación de un plan de recuperación con una visión unificada aportada por los diferentes departamentos de la Generalitat, para garantizar la recuperación de la normalidad y asegurar la trazabilidad en cada uno de los procesos ejecutados, estableciendo los mecanismos de control adecuados.

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Óscar Puente dimite tras el accidente de tren de Urda: «Un ministro no puede continuar en su puesto»

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El ministro de Transportes anuncia su renuncia ante el Congreso después del choque ferroviario de Toledo, que dejó 69 fallecidos, y tras presentar nuevas medidas de seguridad y atención a las víctimas.

Óscar Puente ha anunciado su dimisión como ministro de Transportes y Movilidad Sostenible este martes, 3 de noviembre, durante su comparecencia ante la Diputación Permanente del Congreso. La decisión se produce tras el accidente de tren de Urda (Toledo), ocurrido el pasado 28 de octubre, y después de una sesión marcada por las exigencias de responsabilidades políticas de la oposición y de varias formaciones que apoyan al Gobierno.

El anuncio ha llegado al final de una jornada en la que Puente había defendido inicialmente su continuidad y había explicado las actuaciones previstas para reforzar la seguridad ferroviaria. Finalmente, ha comunicado que abandona el cargo una vez atendidas las medidas que consideraba más urgentes tras la tragedia.

«Un ministro no puede continuar en su puesto con un accidente de este tipo», ha manifestado ante los diputados. Puente ha presentado su renuncia como una decisión vinculada a la responsabilidad política y ha agradecido el respaldo de su familia, de los militantes socialistas y del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Óscar Puente anuncia su dimisión después de defender su continuidad

La dimisión de Óscar Puente supone un cambio respecto a la posición que había mantenido durante los días posteriores al accidente y en la propia mañana del martes. Hasta entonces, el ministro sostenía que debía continuar al frente del departamento para gestionar la respuesta a la emergencia y poner en marcha las modificaciones necesarias.

En su intervención final, sin embargo, ha explicado que había decidido dejar el cargo durante los primeros momentos posteriores al siniestro, aunque había optado por hacer pública su renuncia después de abordar la asistencia a los afectados y las actuaciones inmediatas.

El ministro ha defendido que asumir responsabilidades políticas constituye una obligación democrática. Su despedida ha puesto el cierre a una comparecencia centrada tanto en la reconstrucción del accidente como en las deficiencias de seguridad denunciadas por los grupos parlamentarios.

El accidente de tren de Urda deja 69 fallecidos y alrededor de 200 heridos

El accidente ferroviario de Urda se produjo el miércoles 28 de octubre en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía y afectó a dos trenes de Renfe e Iryo.

Durante su comparecencia, Puente ha situado el balance en 69 personas fallecidas y alrededor de 200 heridas, de las cuales 40 permanecían hospitalizadas, según los datos que ha trasladado a los diputados.

La atención a las víctimas y a sus familiares ha ocupado una parte destacada de su intervención. El ministro ha señalado que las consecuencias del siniestro exigen acompañamiento, asistencia psicológica y respuestas sobre lo sucedido.

La tragedia también ha provocado la interrupción de la circulación ferroviaria en el tramo afectado y ha obligado a reorganizar los desplazamientos entre Madrid y Andalucía.

Qué ha explicado Puente sobre las circunstancias del accidente

La reconstrucción presentada por el ministro se ha centrado en una incidencia del sistema de señalización LZB, registrada aproximadamente a las 8.30 horas en un tramo de 63 kilómetros entre Mora y Malagón.

Según su explicación, esa situación obligó a detener varios trenes y a activar procedimientos alternativos de circulación. Puente ha señalado que el AVE recibió autorización para reanudar la marcha normal pese a que otro convoy permanecía detenido por delante.

El ministro también ha indicado que el tren de Iryo comunicó nuevamente su situación al centro de control cinco minutos antes de la colisión, sin que se adoptara una actuación que evitara el choque.

Estas explicaciones forman parte de la información expuesta por Transportes ante el Congreso. La investigación deberá determinar las causas del accidente y las responsabilidades que pudieran derivarse, sin que la comparecencia parlamentaria sustituya sus conclusiones.

Un problema de comunicación entre equipos

Puente ha relacionado la caída del LZB con un problema de comunicación y sincronización entre ordenadores, aunque ha reconocido que todavía se desconoce la causa concreta que originó esa incidencia.

La sesión ha abierto, además, un debate sobre la capacidad de los procedimientos alternativos para impedir que una equivocación termine en una colisión. Varios grupos han reclamado que la seguridad no dependa exclusivamente de las decisiones humanas cuando dejan de funcionar las protecciones automáticas.

Nuevas medidas para reforzar la seguridad ferroviaria

Antes de anunciar su renuncia, Puente ha detallado un conjunto de actuaciones destinadas a reducir riesgos y recuperar la confianza de los viajeros en la alta velocidad.

Entre las principales medidas figura la reducción temporal de frecuencias en la línea Madrid-Sevilla, mientras se completa la implantación del sistema ERTMS de nivel 2 y se realiza una revisión extraordinaria de los mecanismos de protección.

El ministro ha situado la finalización de esos trabajos a comienzos de 2027 y ha planteado utilizar trenes de doble composición para intentar mantener la oferta de plazas.

Doble validación de las órdenes de circulación

Otra de las actuaciones anunciadas consiste en introducir una comprobación por parte de un segundo controlador cuando fallen los sistemas automáticos de seguridad.

El objetivo es que las instrucciones de circulación reciban una validación adicional antes de ejecutarse, reduciendo el riesgo de que una decisión equivocada provoque una situación peligrosa.

El plan también contempla herramientas tecnológicas para detectar anomalías, mejoras en las pantallas de seguimiento de los trenes y un refuerzo de la formación continua del personal.

Más formación y revisión de los descansos

Puente ha anunciado nuevas acreditaciones, programas de mentoría y simulacros regulares para los profesionales responsables de la circulación.

A estas actuaciones se sumará una revisión de los descansos y de las medidas de prevención de la fatiga. Las condiciones laborales, las plantillas y la carga de trabajo han sido algunas de las cuestiones planteadas durante el debate parlamentario.

Ayudas y atención a las víctimas del accidente de Toledo

La respuesta del Gobierno incluye medidas para facilitar el acceso de las víctimas y sus familiares a las ayudas económicas y a las indemnizaciones correspondientes.

Puente ha anunciado la creación de oficinas de atención en delegaciones y subdelegaciones del Gobierno de las comunidades donde residan los afectados, con el propósito de acompañarlos durante la tramitación.

También ha explicado que Adif y Renfe activaron sus dispositivos de asistencia tras el accidente y que los equipos psicológicos movilizados por Renfe habían realizado alrededor de 470 atenciones.

La gestión de estas prestaciones y el acompañamiento a las familias continuarán siendo tareas prioritarias tras la salida del ministro.

Presión parlamentaria para exigir responsabilidades políticas

La comparecencia ha evidenciado la amplitud de las críticas a la gestión ferroviaria. PP, Vox, Junts, PNV, Podemos y BNG han reclamado la salida de Puente durante la jornada, aunque con argumentos y propuestas diferentes.

El PP ha cuestionado las decisiones sobre inversión, mantenimiento y seguridad. Vox ha reclamado responsabilidades judiciales, mientras otras formaciones han exigido auditorías, cambios en la organización del ferrocarril y mayores garantías frente a posibles errores.

ERC ha centrado parte de sus reproches en las condiciones de trabajo y en la necesidad de una revisión integral del sistema. EH Bildu, por su parte, ha defendido que la investigación determine las responsabilidades antes de señalar al ministro o a los empleados ferroviarios.

El PSOE había respaldado la actuación de Puente y rechazado que su dimisión sirviera, por sí sola, para esclarecer las causas del accidente.

La investigación y la recuperación del servicio siguen pendientes

La renuncia de Óscar Puente deja abiertas las principales cuestiones sobre el accidente de tren de Toledo: por qué se produjo la incidencia inicial, cómo se gestionó la circulación y qué barreras de seguridad pudieron impedir el choque.

También permanece pendiente la recuperación del tramo afectado. Durante su comparecencia, el ministro ha explicado que Adif había solicitado autorización judicial para iniciar la reparación de la infraestructura y ha evitado ofrecer una fecha definitiva de reapertura.

Con su salida del Ministerio de Transportes, la crisis ferroviaria entra en una nueva etapa política. Para las víctimas y sus familias, continúan pendientes el esclarecimiento de lo sucedido, la atención a los heridos y el cumplimiento de las medidas anunciadas.

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