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El Corte Inglés presenta un ERTE que afecta a 25.900 empleados

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Madrid, 25 mar.- El Corte Inglés ha presentado hoy ante el Ministerio de Trabajo un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) acogiéndose a las medidas habilitadas por el Gobierno y recogidas en el Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, en el que se declara el estado de alarma con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19. El Corte Inglés adopta esta medida por causa de fuerza mayor y con el objetivo de mantener el empleo.

Se trata de una medida temporal que tendrá una duración de 14 días contados desde la fecha de publicación del Real Decreto, y su ampliación vendrá determinada por el tiempo que dure el actual estado de alarma implantado en nuestro país.

El Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) afectará a unas 22.000 personas. La empresa se ha comprometido a complementar las aportaciones que realice el Estado hasta cubrir la totalidad del salario.

SFERA
La cadena de moda Sfera se ha visto obligada a cesar su actividad, por causa de fuerza mayor, como consecuencia de la alerta sanitaria. Por ello, la empresa ha presentado asimismo un Expediente de Regulación Temporal de Empleo que afectará a unas 2.000 personas.

Esta medida temporal tendrá una duración de 14 días contados desde la fecha de publicación del Real Decreto y su ampliación vendrá determinada por el tiempo que dure el actual estado de alarma implantado en nuestro país.

Todos los trabajadores afectados tendrán, como en el caso de El Corte Inglés, garantizada la totalidad de su salario, ya que la empresa complementará las prestaciones que reciban del Estado.

VIAJES EL CORTE INGLÉS
La situación generada por la alarma sanitaria ha impactado a todo el sector turístico y de viajes. En este contexto, Viajes El Corte Inglés ha presentado también un Expediente de Regulación Temporal de Empleo que afectará a unas 1.900 personas. Son profesionales que trabajan en las oficinas a pie de calle o en las ubicadas dentro de los centros comerciales del Grupo.

El Expediente de Regulación Temporal de Empleo de Viajes El Corte Inglés comenzará a contar desde el 26 de marzo y se prolongará hasta el final de la alerta sanitaria.

Como en el caso de El Corte Inglés y de Sfera, Viajes El Corte Inglés se compromete a garantizar que los trabajadores afectados puedan cobrar la totalidad de su salario, ya que la empresa complementará las prestaciones que reciban del Estado.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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