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El dueño del pozo donde murió Julen culpa a los padres de la muerte

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Seis meses después de conocer el trágico desenlace del rescate de Julen, el niño que cayó en un pozo en Totalán (Málaga), vuele a surgir la polémica en torno al caso. El padre de la víctima ha intervenido en el programa ‘Ya es mediodía’ para contestar las declaraciones de David Serrano, tío de Julen y único acusado.

Este miércoles la jueza consideró culpable de un homicidio imprudente grave al dueño de la finca y tío de la víctima, al no haber cerrado el hueco por el que se precipitó el niño. David Serrano se enfrenta a unos cuatro años de cárcel y una sanción económica que puede alcanzar los 300.000 euros. Serrano Asume su parte de culpa por no sellar el pozo, pero no se considera culpable de la muerte de Julen.

«Culpable soy yo, culpable son sus padres, por no estar atentos de su hijo», ha señalado el acusado en exclusiva para Telecinco. El tío de Julen ha confesado que su hija, también de corta edad, se encontraba en la misma finca, pero «estaba al cuidado de su madre».

El padre de Julen, por su parte, ha querido arremeter contra David Serrano. «Si hubiese sido al revés a mí ya me habrían dado dos tiros. Yo no le deseo el mal a nadie, yo no acuso a nadie, pero el que haya hecho las cosas mal que vaya a la cárcel», ha asegurado en una llamada telefónica en el programa de Telecinco.

«Él esperaba miedo de nosotros», ha confesado el padre de Julen. Según sus intervenciones, David Serrano no esperaba que los padres de la víctima continuaran con la investigación, tras las acusaciones al pocero.

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Hallan mercurio y metanol en una anciana con alzhéimer mientras dos abogados y un notario la expoliaban en València

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La Policía Nacional ha detenido en València a cinco personas, entre ellas dos abogados, un notario de reconocido prestigio en la ciudad, la cuidadora de la víctima y el comprador de varios inmuebles, por presuntamente expoliar el patrimonio de una mujer octogenaria con alzhéimer. El perjuicio económico asciende a unos 785.000 euros, según ha informado la Jefatura Superior de Policía.

La investigación ha destapado una trama de ventas inmobiliarias irregulares, abusos de confianza y una grave situación de vulnerabilidad, en la que la anciana habría sido despojada de todos sus bienes en apenas un año.

Ventas irregulares y patrimonio enajenado

Las pesquisas policiales comenzaron en junio de 2025, tras la denuncia interpuesta por los familiares de la mujer. Estos alertaron de que cada vez les resultaba más difícil contactar con la anciana o visitarla, lo que despertó su preocupación.

Al consultar el Registro de la Propiedad, comprobaron que la totalidad de los inmuebles de la mujer habían sido vendidos en un corto periodo de tiempo. Las investigaciones revelaron que las operaciones se realizaron con el asesoramiento de dos abogados que, además, actuaban como letrados del comprador, incurriendo en un claro conflicto de intereses y dejando a la víctima en una situación de absoluta indefensión.

Los inmuebles fueron vendidos muy por debajo de su valor real de mercado, lo que permitió a los implicados obtener importantes beneficios económicos.

El papel clave del notario y la cuidadora

Todas las operaciones se formalizaron ante el mismo notario, que dio validez legal a las transacciones. Incluso en la venta de la vivienda habitual de la anciana —realizada bajo la fórmula de nuda propiedad— se incluyeron condiciones especialmente gravosas, que llegaban a contemplar la posible pérdida del usufructo.

Los agentes constataron además que el notario, junto al comprador, realizó gestiones para suprimir dicho usufructo, entrevistándose con vecinos para intentar demostrar que la mujer ya no residía en el inmueble, algo que no era cierto.

La cuidadora, que se encargaba de preparar la comida y atender diariamente a la octogenaria, tenía una posición de especial influencia sobre ella. Fue incluida en el testamento y era quien realizaba extracciones de dinero de las cuentas bancarias de la víctima.

Sustancias tóxicas y agravamiento del caso

Durante una hospitalización de la anciana, los investigadores llegaron a detectar presencia de mercurio y metanol en su organismo, un hallazgo que incrementó la gravedad de las sospechas sobre su entorno más cercano y reforzó la investigación policial.

Delitos y situación judicial

Como resultado de la operación, los cinco detenidos están acusados de prevaricación, falsedad en documento público, estafa, delito contra los derechos de los trabajadores y deslealtad profesional. Uno de ellos cuenta con antecedentes policiales.

Todos han pasado ya a disposición judicial, mientras continúa la investigación para esclarecer completamente los hechos y determinar si existen más personas implicadas.

 

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