MADRID, 11 (EUROPA PRESS).– El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha decretado la apertura de juicio oral para el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama por presuntas irregularidades en los contratos de mascarillas adjudicados por el Ministerio de Transportes durante la pandemia. Al mismo tiempo, ha acordado mantener en prisión provisional a Ábalos y Koldo.

Mantiene en prisión a Ábalos y Koldo por riesgo de fuga

El instructor del conocido como ‘caso Koldo’ adopta esta decisión después de que la Sala de Apelación rechazara esta semana los recursos presentados por ambos contra su procesamiento por presuntos delitos de cohecho, pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y malversación.

La Fiscalía solicita 24 años de prisión para Ábalos, 19 años y medio para Koldo y siete años para De Aldama. Por su parte, las acusaciones populares —encabezadas por el PP— reclaman 30 años de cárcel para el exministro y su exasesor y la misma pena que pide el Ministerio Público para el empresario.

Tanto el fiscal como las acusaciones populares solicitaron al magistrado que Ábalos y Koldo ingresaran en prisión provisional ante el alto riesgo de fuga, dada la gravedad de las penas reclamadas. El juez aceptó y ordenó su ingreso en la cárcel de Soto del Real el pasado 27 de noviembre.

Este jueves, Puente ha decidido mantenerles en prisión, exigiéndoles además una fianza de 60.000 euros “a fin de asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran imponerse”. Si no presentan esa cantidad en cinco días hábiles, advierte, se procederá al embargo de bienes suficientes para cubrirla.

Medidas cautelares para Aldama

Respecto a Víctor de Aldama, el magistrado ha resuelto mantener las medidas cautelares ya fijadas: retirada del pasaporte, prohibición de salida del país y comparecencias quincenales ante la autoridad judicial.

Diez días para presentar los escritos de defensa

En la resolución, Puente comunica también a los acusados que disponen de diez días para presentar sus escritos de defensa. Si no lo hacen en el plazo marcado, se entenderá que se oponen a los escritos de acusación y el proceso seguirá su curso.

El Supremo envía a juicio a los tres tras decidir, el pasado septiembre, dividir la causa: en la pieza principal se mantienen las investigaciones sobre los contratos de mascarillas, mientras que en una pieza separada se analizan las pesquisas sobre una presunta trama de cobro de comisiones a cambio de obra pública.

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