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Estos son los 4 nuevos radares fijos en València

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VALÈNCIA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) – La Concejalía de Protección Ciudadana ha instalado cuatro radares fijos en València ubicados en la entrada de los túneles de la avenida del Cid y la autopista del Saler, en la Ronda Norte sentido hacia el mar y en la avenida de las Cortes Valencianas en sentido entrada.

La concejala del ramo, Anaïs Menguzzato, ha explicado que el objetivo es «prevenir accidentes causados por el exceso de velocidad» y hay también «una finalidad pedagógica» hacia los conductores.

«Los radares fijos cumplen con una función preventiva porque están anunciados con anterioridad a la entrada del túnel y, por ello, esperamos que los conductores reduzcan la velocidad. De esta manera estaremos más cerca de lograr el objetivo de reducir al máximo el número de víctimas de accidentes, el objetivo de 0 muertos», ha resaltado.

Menguzzato ha explicado que a pesar de que los túneles no son los lugares en los que se registran más víctimas, «sí está comprobado que son el enclave más peligroso» y por eso se han instalado los radares en estos cuatro puntos.

La instalación de los nuevos radares ha supuesto una inversión municipal de 141.023 euros. Su acondicionamiento se complementará con los radares portátiles de la Policía Local que habitualmente se sitúan en la zona del centro urbano, en los márgenes del antiguo cauce del río Turia, en la Ronda Norte y en el Bulevar Sur.

En comparación con los datos de 2017, este año se ha reducido la cifra de accidentes de tráfico sin heridos: hasta el pasado 31 de octubre el número de accidentes sin víctimas se situó en 4.097, frente a los 4.255 del mismo periodo del año anterior.

En cuanto a los accidentes con heridos, se han registrado 2.710, una cifra algo superior al mismo periodo del año pasado, que fue de 2.607. Respecto a las víctimas mortales en accidente de tráfico, el número en los diez primeros meses de cada año, 2017 y 2018, ha sido el mismo, con 12 personas fallecidas.

radares valencia tunel

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La mañana de este miércoles ha sido muy movida para muchos grupos de whatsApp. Y es que han circulado rápidamente las fotografías de los nuevos radares fijos que pueden encontrarse en València.

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El fiscal general Álvaro García Ortiz presenta su renuncia tras ser condenado: “Es el momento de abandonar”

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Álvaro García Ortiz

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha presentado su renuncia al Gobierno después de que el Tribunal Supremo lo condenara el pasado 20 de noviembre a dos años de inhabilitación, por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.

En su comunicación de renuncia, García Ortiz ha afirmado que “es el momento de abandonar”, asumiendo las consecuencias de la sentencia y tratando de poner punto final a la crisis institucional generada por el caso.

La condena del Supremo ha sacudido el panorama político, con duras reacciones de Ayuso, que calificó la sentencia como “hechos propios de una dictadura”. También ha reabierto el debate sobre la independencia del Ministerio Público y la relación entre cargos institucionales y el poder ejecutivo.

Con su marcha, se abre una nueva etapa en el Ministerio Público y se intensifica la presión para reformar mecanismos de control y garantizar una fiscalía verdaderamente independiente.


Condena histórica al fiscal general: dos años de inhabilitación por revelación de secretos contra el novio de Ayuso

El Tribunal Supremo (TS) ha condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortíz, a dos años de inhabilitación y a pagar una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de secretos. La sentencia afecta a Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a quien el Tribunal ordena indemnizar con 10.000 euros por daños morales.

Según la resolución del Supremo, García Ortíz vulneró la confidencialidad de información sensible relacionada con Alberto González Amador, un acto considerado grave por comprometer derechos fundamentales y la confianza en la administración pública.

Esta decisión del Tribunal Supremo marca un precedente significativo sobre la responsabilidad de altos cargos en el manejo de información confidencial, reforzando la protección jurídica frente a filtraciones o revelaciones indebidas.

 


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