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Fuset niega que haya responsabilidades penales en el accidente de Viveros

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VALÈNCIA, 31 Oct.- El concejal de Cultura Festiva y portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de València, Pere Fuset, se ha mostrado «absolutamente respetuoso con la justicia» en relación con su procesamiento por el accidente en el montaje de los conciertos de Viveros en verano de 2017, que se saldó con un trabajador fallecido, y mantiene que en este caso no existen responsabilidades penales.

Fuset se ha pronunciado en estos términos en declaraciones a los medios de comunicación momentos antes de comenzar el pleno en el consistorio, al ser preguntado por su procesamiento en el siniestro.

El edil está procesado por un presunto delito de homicidio por imprudencia grave y otro contra la seguridad de los trabajadores. «Soy absolutamente respetuoso con la justicia, con las leyes, por eso no hago consideraciones –sobre su situación judicial–, ni tan solo las que puedan ser útiles para mi defensa», ha puntualizado.

Al respecto, ha insistido: «Me gustaría poder explicar más detalles que creo que son útiles para la opinión pública para poder comprender y empatizar más con este asunto, pero por respeto a la justicia y a la familia del trabajador que falleció, creo que tengo que ser lo más prudente posible. Debe primar el respeto a la justicia».

No obstante, Fuset ha matizado que se encuentra también obligado, «en tanto que se cuestionan los daños morales a terceros, y en tanto que hay desafortunadas filtraciones» a «desmentir» informaciones. Así, ha señalado que quiere dejar «muy claro» que en su recurso al auto de procesamiento «en ningún caso se realiza ningún tipo de delegación de responsabilidades penales porque no existen las responsabilidades penales y así lo explicamos en el recurso», ha dicho.

«Quiero dejar muy claro –ha insistido– que de ninguna manera se vincula a mi compañero Carlos Galiana –concejal de Comercio– con las gradas que los promotores instalaron en Viveros». Y ha remarcado: «Es falso que tenga la más mínima vinculación con estas gradas, tal y como se desprende de una lectura correcta del recurso».

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El Gobierno aprobará este martes papeles en cinco meses para miles de inmigrantes irregulares

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REGULARIZACIÓN INMIGRANTES
EFE/ Morell/Archivo

El Gobierno aprobará este martes 27 de enero en el Consejo de Ministros una regularización extraordinaria de migrantes mediante real decreto, tras alcanzar un acuerdo entre el PSOE y Podemos. La medida, confirmada por fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, no necesitará la convalidación del Congreso de los Diputados al tratarse de un decreto ley.

El Ejecutivo justifica esta regularización con el objetivo de garantizar derechos y ofrecer seguridad jurídica a una realidad social ya existente en España, donde cientos de miles de personas viven en situación administrativa irregular.

A quién afectará la regularización extraordinaria de migrantes

La regularización extraordinaria estará dirigida a extranjeros que ya se encuentren en España y que puedan acreditar su residencia en el país antes del 31 de diciembre de 2025. Además, los solicitantes deberán demostrar al menos cinco meses de estancia en territorio español mediante documentación como:

  • Certificado de empadronamiento

  • Informes médicos

  • Envíos de dinero

  • Billetes de transporte u otros justificantes

Con la presentación de la solicitud, los beneficiarios obtendrán una autorización provisional de residencia que permitirá trabajar de forma legal y acceder a servicios básicos como la sanidad.

Más de medio millón de migrantes podrían beneficiarse

Según datos de Funcas, en España residían unas 840.000 personas en situación irregular a 1 de enero de 2025. Con el nuevo decreto, alrededor del 60% de este colectivo podría regularizar su situación administrativa, lo que supondría más de medio millón de beneficiarios.

Además, la regularización permitirá suspender procedimientos de retorno o expulsión por motivos administrativos o por trabajar sin permiso mientras se tramita la solicitud.

Antecedentes: la ILP y el apoyo ciudadano

La medida retoma el mandato de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) RegularizaciónYa, respaldada por más de 700.000 firmas. La toma en consideración de esta iniciativa fue aprobada en 2024 por todos los grupos parlamentarios salvo Vox, aunque el texto ha permanecido bloqueado en el Congreso.

La eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha sido una de las principales impulsoras del acuerdo, que desveló durante un acto en Madrid. Montero subrayó que la regularización es necesaria para garantizar derechos, combatir la exclusión social y frenar la explotación laboral.

Contexto político del pacto entre PSOE y Podemos

El acuerdo con Podemos se enmarca en la estrategia del Gobierno de Pedro Sánchez para reforzar la mayoría parlamentaria y reactivar la agenda legislativa. Esta concesión se suma a otros pactos con socios como ERC o PNV, dentro de una estrategia para consolidar el bloque de gobernabilidad.

Desde Podemos consideran que mantener a cientos de miles de personas en la irregularidad favorece la economía sumergida, la explotación laboral y el auge de discursos racistas, por lo que defienden la regularización como una herramienta de cohesión social.

Plazos y proceso de solicitud

Los migrantes que cumplan los requisitos podrán acogerse a la regularización hasta el próximo 30 de junio. Durante el proceso, se concederá una autorización provisional de residencia, que permitirá trabajar y acceder a servicios básicos mientras se resuelve la situación administrativa definitiva.

Impacto en la política migratoria española

Expertos y think tanks como Funcas han señalado la falta de planificación estructural en la política migratoria española, sin una estrategia clara sobre el volumen y perfil de inmigración. Esta regularización extraordinaria podría suponer un punto de inflexión en la gestión migratoria y en el reconocimiento de derechos a un amplio colectivo de personas que ya forman parte del tejido social y laboral del país.

La aprobación del decreto marcará uno de los movimientos más relevantes del Gobierno en materia migratoria en los últimos años, con implicaciones sociales, económicas y políticas de gran alcance.

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