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José Vicente González deja la presidencia de Feria Valencia

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VALÈNCIA, 12 Nov.-El presidente de Feria Valencia, José Vicente González, ha anunciado este martes que no se presentará a la reelección en el cargo el próximo mes de diciembre y se retirará de la vida pública. Ahora que la feria está en «buen momento» y que la hoja de ruta ha marcado la administración va cumpliendo «hitos», cree que este es «un momento excelente» para su relevo y que «alguien coja la bandera y continúe».

González, que ha hecho un repaso por su dilatada trayectoria, ha defendido «orgulloso» su gestión al frente de la institución ferial durante los últimos seis años, un periodo en el que el recinto ha pasado de tener una deuda 9,3 millones de euros (más de la mitad de sus ingresos) a tener más de 2,9 millones de beneficios en el último año y de 14 a 24 millones de ingresos de explotación.

Cuando accedió a la presidencia de Feria Valencia, la institución se «caía a pedazos» y «lo primero fue cerrar la sangría» económica que sufría, ha recordado. Ahora, a punto de cerrar 2019 con expectativas de doblar los resultados positivos previstos en los presupuestos, González ha valorado que «algo se ha hecho bien, lo números hablan por sí solos».

«La gestión ha funcionado, la Feria ha dejado de ser un problema y se paga a proveedores y empleados en tiempo y eso es consecuencia del extraordinario trabajo del equipo humano de feria dirigido por Enrique Soto», ha valorado.

Así, en un encuentro con los medios, se ha mostrado «orgulloso» de haber enderezado la parte económica y de Feria Valencia siga creciendo, tras una etapa en la que ha recordado que estuvo sometida a las «presiones» de estar investigada primero por la Intervención de la Generalitat, después por Fiscalía Anticorrupción y luego en comisión de investigación de Les Corts, tanto por las obras de ampliación del recinto como la gestión de una década en la que él no estaba al frente.

Investigaciones en la que, ha asegurado, «siempre colaboraron, llegando a entregar más de 15.000 folios de documentación», y que al final quedaron «en nada».

FUENTE: EUROPA PRESS

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Ábalos y Koldo a prisión provisional por riesgo de fuga ante el juicio por la trama de mascarillas

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Koldo García, que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, comparece ante la comisión del Senado. EFE/ J.J. Guillén

El Supremo ordena prisión sin fianza para el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García al elevarse el riesgo de fuga antes del juicio por la presunta trama de mascarillas.
La Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones populares del PP habían solicitado su ingreso inmediato en prisión.

El Supremo ordena prisión provisional para Ábalos y Koldo García

El magistrado del Tribunal Supremo (TS), Leopoldo Puente, ha acordado este jueves el ingreso en prisión provisional sin fianza del exministro José Luis Ábalos y de su antiguo asesor Koldo García, investigados por las supuestas irregularidades en contratos de material sanitario adjudicados durante la pandemia.

Se trata de un hecho histórico: es la primera vez que un diputado en ejercicio deberá entrar en prisión provisional antes de ser juzgado.

La decisión llega tras revisar las medidas cautelares que mantenían hasta hoy (retirada de pasaporte, prohibición de salir de España y comparecencias quincenales). El riesgo de fuga se considera ahora “muy elevado” ante la gravedad de las penas solicitadas.


La Fiscalía Anticorrupción alertó de un riesgo de fuga “disparado”

La medida adoptada responde a la petición expresa del jefe de Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, así como de las acusaciones populares encabezadas por el Partido Popular.
Anticorrupción sostiene que, ante la posibilidad de que ambos se enfrenten a hasta 30 años de cárcel, existe un riesgo de fuga “inequívoco”.


La llegada de Ábalos al Supremo: “No tengo dinero ni a dónde ir”

Ábalos fue el primero en llegar al Supremo, a las 9:12 horas, solo y con una mochila de cuero. En su intervención durante la vistilla, aseguró al magistrado:

“No me voy a fugar. No tengo dinero ni a dónde ir.”

Fuentes jurídicas aseguran que el exministro estaba “visiblemente destrozado”, fumando nervioso en los patios del Palacio de Justicia mientras esperaba la resolución.

Su abogado defendió que su ingreso en prisión, siendo diputado, supondría vulnerar su derecho a representación política y acusó a Anticorrupción de querer “forzar” una declaración colaborativa similar a la del empresario Víctor de Aldama.


Koldo García: “No me voy a ir a ningún sitio”

Koldo García llegó justo a la hora señalada, acompañado de su abogada, y también negó cualquier intención de fugarse:

“No me voy a ir a ningún sitio. Todos tenemos derecho a aprender poco a poco.”

Esta última frase ha sido interpretada por presentes como un reconocimiento implícito de haber cometido errores.

Su defensa alegó arraigo familiar: una madre mayor y una hija pequeña.


El fiscal, contundente: “Ningún poder del Estado puede eludir la acción penal”

El fiscal Luzón fue especialmente duro respecto a Ábalos:

“Fue su pertenencia al Gobierno lo que permitió cometer estos delitos.
Ningún poder del Estado tiene derecho a sustraerse de la acción penal. La Justicia es ciega por eso.”


Camino al juicio por la presunta trama de mascarillas

El pasado 3 de noviembre, el magistrado Puente propuso juzgar a Ábalos, Koldo y De Aldama por su presunta participación en una trama para adjudicar contratos millonarios de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión, vinculada al empresario.

Penas solicitadas por Fiscalía

  • Ábalos: 24 años de prisión

  • Koldo García: 19 años y medio

  • Víctor de Aldama: 7 años (pena reducida por su confesión)

Los delitos atribuidos incluyen:

  • organización criminal

  • cohecho

  • tráfico de influencias

  • malversación

  • uso de información privilegiada

Penas solicitadas por las acusaciones populares

Las acusaciones que lidera el PP elevan las penas a 30 años al añadir:

  • prevaricación

  • falsedad documental


Un caso que sacude al Gobierno y tensa el clima político

El ingreso inmediato en prisión del exministro socialista supone un terremoto político en vísperas del juicio. La resolución marca un paso decisivo en una de las causas de corrupción más mediáticas derivadas de la pandemia.

 

 

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