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José Vicente González deja la presidencia de Feria Valencia

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VALÈNCIA, 12 Nov.-El presidente de Feria Valencia, José Vicente González, ha anunciado este martes que no se presentará a la reelección en el cargo el próximo mes de diciembre y se retirará de la vida pública. Ahora que la feria está en «buen momento» y que la hoja de ruta ha marcado la administración va cumpliendo «hitos», cree que este es «un momento excelente» para su relevo y que «alguien coja la bandera y continúe».

González, que ha hecho un repaso por su dilatada trayectoria, ha defendido «orgulloso» su gestión al frente de la institución ferial durante los últimos seis años, un periodo en el que el recinto ha pasado de tener una deuda 9,3 millones de euros (más de la mitad de sus ingresos) a tener más de 2,9 millones de beneficios en el último año y de 14 a 24 millones de ingresos de explotación.

Cuando accedió a la presidencia de Feria Valencia, la institución se «caía a pedazos» y «lo primero fue cerrar la sangría» económica que sufría, ha recordado. Ahora, a punto de cerrar 2019 con expectativas de doblar los resultados positivos previstos en los presupuestos, González ha valorado que «algo se ha hecho bien, lo números hablan por sí solos».

«La gestión ha funcionado, la Feria ha dejado de ser un problema y se paga a proveedores y empleados en tiempo y eso es consecuencia del extraordinario trabajo del equipo humano de feria dirigido por Enrique Soto», ha valorado.

Así, en un encuentro con los medios, se ha mostrado «orgulloso» de haber enderezado la parte económica y de Feria Valencia siga creciendo, tras una etapa en la que ha recordado que estuvo sometida a las «presiones» de estar investigada primero por la Intervención de la Generalitat, después por Fiscalía Anticorrupción y luego en comisión de investigación de Les Corts, tanto por las obras de ampliación del recinto como la gestión de una década en la que él no estaba al frente.

Investigaciones en la que, ha asegurado, «siempre colaboraron, llegando a entregar más de 15.000 folios de documentación», y que al final quedaron «en nada».

FUENTE: EUROPA PRESS

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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