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Juan Francisco García, exjefe de Gabinete de Zaplana, entre los seis detenidos en la ‘operación Erial’ por blanqueo

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MADRID/VALÈNCIA, 22 May. (EUROPA PRESS) –

La Guardia Civil ha detenido en el marco de la ‘operación Erial’ por varios delitos relacionados con el blanqueo de capitales al exministro y expresidente de la Generalitat Valenciana Eduardo Zaplana, así como el que fuera su jefe de Gabinete, Juan Francisco García, y el empresario Vicente Cotino, según han informado a Europa Press fuentes de la investigación.

Estas fuentes han confirmado que además de los anteriores, hay otros tres detenidos. Uno de ellos es Francisco Grau, economista y exsecretario del consejo de administración de la CAM desde 1998 hasta 2007 y luego miembro de su comisión de control hasta la intervención de la entidad bancaria.

TERRA MITICA
Los otros dos son Joaquín Barceló Llorens, exdirectivo del parque temático Terra Mítica, y la mujer de éste último. Barceló dirigió también el Centro de Desarrollo Turístico (CDT) de Benidorm, localidad en la que Zaplana fue alcalde antes de pasar a presidir la Generalitat, y también fue director de Formación de la Agencia Valenciana de Turismo.

Según el diccionario, erial significa «sin cultivar ni labrar» cuando se refiere a una tierra o un campo. Otra de las definiciones es que «que no tiene nada que se pueda aprovechar». La operación continúa abierta y hay en marcha varios registros. Juan Francisco García, de hecho, ha sido detenido en Barcelona. El expresidente del Club de Baloncesto Estudiantes se encontraba en esta ciudad porque es uno de los tres candidatos a presidir la ACB, que está celebrando su asamblea.

Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) han bautizado como ‘Erial’ esta nueva operación que afecta a la etapa de Zaplana al frente de la Generalitat valenciana. Zaplana ha sido detenido cuando salía este martes por la mañana de su vivienda en Valencia, que ha sido registrada por agentes de la UCO.

Los investigadores se han personado este martes en la sede de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo para solicitar documentación de la Zona VI del Plan Eólico, según ha podido saber Europa Press. Este plan fue adjudicado en su día a la sociedad Proyectos Eólicos Valencianos y en el que la empresa Sedesa, de Vicente Cotino, tenía una participación del 25 por ciento.

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Confirmada la fecha que entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios

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El Gobierno implantará la jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios de la Administración General del Estado en la primera quincena de abril. La medida beneficiará a unos 220.000 empleados públicos y será de aplicación inmediata tras la publicación de la resolución oficial.

El anuncio lo ha realizado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, quien ha confirmado que el acuerdo con los sindicatos se materializará en los próximos días.

Vuelta a las 35 horas tras años de recortes

La recuperación de esta jornada supone volver al modelo previo a los ajustes aplicados tras la crisis financiera. La medida forma parte del Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y busca reforzar tanto la calidad del servicio como las condiciones laborales.

Desde el Ejecutivo aseguran que la reducción de jornada se aplicará garantizando la atención a la ciudadanía y la continuidad de los servicios públicos, mediante una mejor planificación de plantillas y organización interna.

Los sindicatos celebran un acuerdo “histórico”

Organizaciones como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios han calificado la medida como “histórica”, destacando que mejorará la conciliación, el bienestar laboral y la productividad.

Además, subrayan que puede contribuir a la creación de empleo en un contexto en el que una parte importante de la plantilla se acerca a la jubilación: más del 20% de los funcionarios se retirará en los próximos cinco años.

Nueva figura del cuidador para la conciliación

La resolución incluirá también la figura del cuidador, dirigida a empleados públicos que atienden a familiares o convivientes con necesidades médicas graves.

Esta medida, alineada con la normativa europea, busca reforzar los derechos de conciliación y adaptar la Administración a las nuevas realidades sociales.

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