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Juan Roig dona 70 millones de su sueldo a la economía valenciana y nacional

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comité dirección Mercadona

El presidente de Mercadona, Juan Roig, reinvertirá este año casi 70 millones de euros, procedentes de su sueldo al frente de la cadena de supermercados y de dividendos, en reactivar la economía valenciana y nacional, así como en labores sociales y de mecenazgo, según han informado a Europa Press en fuentes de la compañía.

En concreto, Roig destinará a la sociedad su retribución de 9,7 millones de euros de 2019 (4,6 millones de euros una vez descontados impuestos), así como el dividendo percibido a cuenta de los resultados de 2018 de la cadena valenciana (65 millones de euros).

Mercadona repartió el pasado año un dividendo de 130 millones de euros con cargo a los resultados de 2018, de los cuales 65 millones de euros corresponden a Roig a través de su sociedad patrimonial Inmo Alameda, que cuenta con una participación del 50,66% de Mercadona, y en la que también renunció al dividendo (2,4 millones de euros).

Tanto Roig como su esposa, la vicepresidenta de Mercadona, Hortensia Herrero, dueños del 80% de Mercadona, dedican parte de su patrimonio a mecenazgo y reinvierten una parte importante de los dividendos y de su patrimonio personal, 50 millones de euros en 2019, a través del ‘Proyecto Legado’ en sus diferentes iniciativas (Emprendimiento, Formación, Deporte, Entretenimiento, Arte y Cultura), con la previsión de alcanzar los 76 millones para este año, de los cuales casi 70 millones de euros corresponden a Roig y el resto a su esposa.

De hecho, las mismas fuentes han indicado que esta cifra podría elevarse, teniendo en cuenta, por ejemplo, la inversión de Roig en el Valencia Arena, cuyas obras arrancarán previsiblemente en junio, o después de conocerse que la Fundación Trinidad Alfonso, entidad presidida por él mismo, ha doblado la ayuda a los integrantes del Proyecto FER 2020 y destinar de su patrimonio personal más de 800.000 euros adicionales para motivar a los deportistas ante el reto del Covid-19.

El compromiso de Roig y su mujer, que se inició hace una década, nace del convencimiento de ambos de que «el verdadero éxito parte de la generosidad de compartir y poner al servicio de los demás los conocimientos y recursos de los que cada uno dispone», señaló el presidente de Mercadona en la rueda de prensa de resultados.

En su caso, lo hace a través de Marina de Empresas, Fundación Trinidad Alfonso, Valencia Basket Club, L’Alqueria del Basket, Licampa 1617 (Valencia Arena) y Fundación Hortensia Herrero, entre otros.

Mercadona destaca en las cuentas remitidas al Registro Mercantil, facilitadas por Infoempresa, que la retribución de Roig «es acorde con su liderazgo y experiencia personal y está en línea con la que se satisface en el mercado para compañías comparables».

En total, el consejo de administración de la cadena de supermercados valenciana percibió una retribución de 15 millones de euros en 2019, frente a los ocho millones de euros repartidos un año antes.

384 MILLONES PARA EMPLEADOS.

Por otro lado, los 90.000 empleados de Mercadona han recibido un total de 384 millones de euros, de los cuales 340 millones de euros proceden del reparto de beneficios de 2019, cuando ganó 623 millones de euros (+5%) y otros 44 millones de euros por la prima con motivo de la crisis sanitaria del Covid-19.

En marzo de este año, Mercadona redujo un 95% sus beneficios debido a que los costes para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia del coronavirus se incrementaron un 25%, con 100 millones de euros más de lo previsto, aunque elevó un 14% la facturación en un contexto marcado por el Covid-19.

La empresa, que reforzó su plantilla con la contratación de 600 nuevas personas, claves para seguir asegurando los procesos logísticos, principalmente, reconoció el esfuerzo de los trabajadores, con una prima del 20% del sueldo (44 millones de euros).

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La Audiencia Nacional archiva la investigación penal del apagón y descarta un sabotaje terrorista

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Última hora apagón

El juez concluye que no existen indicios de terrorismo ni ciberataque y apunta a un conflicto civil o administrativo por el control de la tensión eléctrica.

La Audiencia Nacional (AN) ha archivado la investigación penal abierta tras el apagón eléctrico del 28 de abril, al descartar que el histórico cero energético tuviera su origen en un sabotaje terrorista o un ciberataque. El magistrado José Luis Calama determina que no existe “ni el mínimo indicio” de una acción delictiva y sitúa el origen del incidente en una disfunción del sistema eléctrico.

En un auto difundido este lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 decreta el sobreseimiento provisional de la causa y concluye que lo ocurrido responde a un conflicto de naturaleza administrativa y/o civil entre los distintos operadores del sector eléctrico, que deberá resolverse fuera de la vía penal.

Sin rastro de terrorismo ni ciberataque

El juez adopta esta decisión tras analizar los informes elaborados por diversos organismos especializados en ciberseguridad y lucha antiterrorista. Todos ellos coinciden en descartar de forma absoluta que el apagón se produjera por una acción externa, ya fuera de grupos terroristas, actores estatales o redes de cibercrimen.

Entre los análisis examinados figuran los del Centro Criptológico Nacional, el Mando Conjunto del Ciberespacio, el Instituto Nacional de Ciberseguridad y la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, ninguno de los cuales detectó intrusiones, ataques informáticos ni actividades maliciosas en los sistemas eléctricos.

Un conflicto por el control de la tensión eléctrica

Lejos de la hipótesis del sabotaje, el auto judicial señala que el apagón tuvo un origen multifactorial, vinculado principalmente a problemas en el control de la tensión del sistema eléctrico. Según el informe del Ministerio para la Transición Ecológica, citado por el juez, se produjo una combinación de factores técnicos.

Entre ellos destacan una programación insuficiente de centrales síncronas, el hecho de que algunas centrales capaces de regular la tensión no respondieran adecuadamente a las consignas de Red Eléctrica y la aparición de oscilaciones y desconexiones de determinadas instalaciones de generación, algunas de ellas aparentemente indebidas.

El magistrado subraya que no faltaban recursos en el sistema eléctrico español, sino que estos no fueron gestionados o utilizados de forma adecuada, lo que derivó en el colapso.

La vía penal queda cerrada

En su resolución, Calama insiste en que no aprecia indicios delictivos y que, por tanto, el caso debe quedar fuera del ámbito penal. El conflicto entre Red Eléctrica y las compañías eléctricas deberá resolverse, en su caso, por la vía administrativa o civil, donde ya actúan otros organismos reguladores.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) mantiene abierta su propia investigación y podría imponer sanciones económicas o incluso retirar autorizaciones para operar, además de abrir la puerta a futuras reclamaciones por daños y perjuicios.

Con este auto, la Audiencia Nacional cierra definitivamente la hipótesis de un apagón provocado por terrorismo o ciberataque, y centra el foco en las responsabilidades técnicas y de gestión dentro del sistema eléctrico.

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