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La Comunitat Valenciana no pedirá pasar a la fase 3 la próxima semana

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El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha dicho que la voluntad del Gobierno valenciano es «permanecer en el estado de prudencia» a la hora de pedir el pase de la Comunitat Valenciana a la fase 3, al ser preguntado si pensaba pedir este cambio de fase para la próxima semana.

En declaraciones a los periodistas tras visitar un laboratorio y entidad de inspección especializada de Global Omnium, Puig ha afirmado que aunque todos los indicadores de evolución de la pandemia de coronavirus son «muy positivos», desde la Generalitat actuarán «con la máxima prudencia».

Con ello, ha dicho, pretenden fortalecer la «imagen de rigor que quiere mantener la Comunitat Valenciana» de cara la reactivación económica, con el objetivo de fomentar «un Mediterráneo vivo y seguro» que pueda atender a los visitantes con «la mayor seguridad posible».

«Cuando la Comunitat Valenciana pase a fase 3 lo hará con todas las garantías y la posibilidad de ofrecer una seguridad sanitaria, que es un activo fundamental para la reactivación», ha destacado Puig.

No obstante, ha señalado que seguirán hablando con el Ministerio de Sanidad para ver si hay alguna medida de la fase 3 que se pudiera adelantar la próxima semana, como por ejemplo, permitir la movilidad interprovincial para acudir a una segunda residencia.

Puig ha reconocido que su voluntad es que se acelere lo máximo posible «la desfronteización provincial» y que «la unidad territorial sea la Comunitat Valenciana lo más pronto posible», pero ha señalado que hará las cosas «desde la tranquilidad, poniendo sobre la mesa lo que es la seguridad sanitaria».

Asimismo, ha considerado que primero habrá que ver cómo funciona la entrada en la fase 2, producida este lunes, y cuáles son los resultados y consecuencias de este cambio.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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