Síguenos

PORTADA OFFICIAL PRESS

La Fiscalía abre una investigación sobre los vertidos que obligaron a cerrar la playa de Pinedo este verano

Publicado

en

VALÈNCIA, 28 Oct.- La Fiscalía Provincial de Valencia ha acordado abrir diligencias de investigación penal para investigar los vertidos que obligaron a cerrar en septiembre la playa de Pinedo de la ciudad por contaminación de bacterias fecales.

El portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de València, Fernando Giner, ha dado a conocer la decisión de Fiscalía, adoptada a raíz de la denuncia presentada por su grupo municipal «por el incumplimiento de la normativa de análisis de aguas del azarbe de Pinedo y el cierre de la playa por contaminación de bacterias fecales».

Cs formuló la denuncia por una situación «contra los recursos naturales y el medio ambiente» y por la «situación actual de la desembocadura del río Turia en la playa de Pinedo y la alta concentración» de bacterias fecales.

Giner ha destacado que Cs amplió posteriormente la denuncia con nueva documentación, en concreto con un expediente en el que, «tanto la Conselleria de Transición Ecológica, como el Ciclo Integral del Agua, confirman que hay una conexión directa entre los alivios de aguas en Pinedo y la presencia de contaminación fecal en la playa».

En el caso de la Generalitat, la Dirección General del Agua confirmó el 4 de septiembre que se habían identificado «niveles elevados» en los parámetros microbiológicos de control en la muestra tomada un día antes en la Playa de Pinedo que superan lo establecido en el Real Decreto 134/2007 sobre la gestión de las aguas de baño para ser aptas. Ante esta situación acordó el cierre de la zona al baño.

Asimismo, en el informe del Servicio Ciclo Integral del Agua del consistorio, se señalada que revisadas las acequias municipales que discurren por la zona, se comprobó que ninguna vertía directamente al mar excepto la del Ribás, que rceoge aguas pluviales y escorrentías de riego desde Castellar, desembocando en el cauce nuevo, junto a la playa de perros de Pinedo. Además, agregaba que no se había detectado anomalías visuales ni olfativas.

En este informe se añadía que la depuradora de Pinedo realizó vertidos al azarbe el día 2 de ese mes, con un total de 14.700 metros cúbicos, según les comunciaba la Epsar.

Ante esta situación, el portavoz de Cs ha lamentado que el alcalde, Joan Ribó, «no sólo no toma medidas, sino que no cumple la ley que obliga a analizar las aguas de baño o aguas cercanas a aguas de baño, como es el caso del azarbe de Pinedo».

Asimismo, ha detallado que, tras preguntar su grupo por el cierre de playas en Pinedo al Ciclo Integral del Agua, la respuesta obtenida fue que el RD 1341/2007 «no es de aplicación a las aguas del azarbe dado que no son aguas de baño», con lo que, según el portavoz de Cs, se obvia «deliberadamente que se encuentra a pocos metros de una zona frecuentada por bañistas».

POSIBLE PROBLEMA PARA LA SALUD PÚBLICA
«Es una decisión política del alcalde el mirar hacia otro lado e incumplir la ley. Las playas de València se contaminan por decisiones políticas, no porque los técnicos no estén haciendo su trabajo», ha manifestado. «Ribó rehúye su responsabilidad ante lo que podría ser un problema para la salud pública», ha añadido.

Sobre este asunto, el portavoz naranja ha expuesto que su grupo realizó durante el pasado verano diversas analíticas que «confirmaron la existencia de bacterias fecales en diversos puntos» del litoral, entre ellos el azarbe junto a Pinedo.

Para Giner, es «lamentable» que Ribó «siga culpando a pequeños municipios y a los pequeños agricultores del cierre de las Playas de Valencia cuando no cumple la normativa ni asume su responsabilidad».

Fuente: (EUROPA PRESS)

Advertisement
Click para comentar

Tienes que estar registrado para comentar Acceder

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

PORTADA OFFICIAL PRESS

La Audiencia Nacional archiva la investigación penal del apagón y descarta un sabotaje terrorista

Publicado

en

Última hora apagón

El juez concluye que no existen indicios de terrorismo ni ciberataque y apunta a un conflicto civil o administrativo por el control de la tensión eléctrica.

La Audiencia Nacional (AN) ha archivado la investigación penal abierta tras el apagón eléctrico del 28 de abril, al descartar que el histórico cero energético tuviera su origen en un sabotaje terrorista o un ciberataque. El magistrado José Luis Calama determina que no existe “ni el mínimo indicio” de una acción delictiva y sitúa el origen del incidente en una disfunción del sistema eléctrico.

En un auto difundido este lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 decreta el sobreseimiento provisional de la causa y concluye que lo ocurrido responde a un conflicto de naturaleza administrativa y/o civil entre los distintos operadores del sector eléctrico, que deberá resolverse fuera de la vía penal.

Sin rastro de terrorismo ni ciberataque

El juez adopta esta decisión tras analizar los informes elaborados por diversos organismos especializados en ciberseguridad y lucha antiterrorista. Todos ellos coinciden en descartar de forma absoluta que el apagón se produjera por una acción externa, ya fuera de grupos terroristas, actores estatales o redes de cibercrimen.

Entre los análisis examinados figuran los del Centro Criptológico Nacional, el Mando Conjunto del Ciberespacio, el Instituto Nacional de Ciberseguridad y la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, ninguno de los cuales detectó intrusiones, ataques informáticos ni actividades maliciosas en los sistemas eléctricos.

Un conflicto por el control de la tensión eléctrica

Lejos de la hipótesis del sabotaje, el auto judicial señala que el apagón tuvo un origen multifactorial, vinculado principalmente a problemas en el control de la tensión del sistema eléctrico. Según el informe del Ministerio para la Transición Ecológica, citado por el juez, se produjo una combinación de factores técnicos.

Entre ellos destacan una programación insuficiente de centrales síncronas, el hecho de que algunas centrales capaces de regular la tensión no respondieran adecuadamente a las consignas de Red Eléctrica y la aparición de oscilaciones y desconexiones de determinadas instalaciones de generación, algunas de ellas aparentemente indebidas.

El magistrado subraya que no faltaban recursos en el sistema eléctrico español, sino que estos no fueron gestionados o utilizados de forma adecuada, lo que derivó en el colapso.

La vía penal queda cerrada

En su resolución, Calama insiste en que no aprecia indicios delictivos y que, por tanto, el caso debe quedar fuera del ámbito penal. El conflicto entre Red Eléctrica y las compañías eléctricas deberá resolverse, en su caso, por la vía administrativa o civil, donde ya actúan otros organismos reguladores.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) mantiene abierta su propia investigación y podría imponer sanciones económicas o incluso retirar autorizaciones para operar, además de abrir la puerta a futuras reclamaciones por daños y perjuicios.

Con este auto, la Audiencia Nacional cierra definitivamente la hipótesis de un apagón provocado por terrorismo o ciberataque, y centra el foco en las responsabilidades técnicas y de gestión dentro del sistema eléctrico.

Puedes seguir toda la actualidad visitando Official Press o en nuestras redes sociales: Facebook, Twitter o Instagram y también puedes suscribirte a nuestro canal de WhatsApp.

Continuar leyendo