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La fiscalía pide el archivo de la causa contra Pere Fuset por el accidente de Viveros

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El concejal Pere Fuset sale de la Ciudad de la Justicia tras declarar por el acc

VALÈNCIA, 11 Nov.- La Fiscalía de Valencia ha solicitado el archivo de la causa contra el concejal de Cultura Festiva y portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de València, Pere Fuset, por el accidente laboral en el que un trabajador falleció durante el montaje de las gradas para los conciertos en los Jardines de Viveros de la capital del Turia en el verano de 2017.

Así consta en el escrito que ha remitido el ministerio público al Juzgado de Instrucción número 18 de València tras el auto de procesamiento dictado en octubre en un procedimiento dirigido por un presunto delito de homicidio causado por imprudencia grave y por un delito contra la seguridad de los trabajadores.

Tras esta resolución, Pere Fuset –para quien la familia del obrero reclama cinco años de prisión– presentó un recurso de apelación y la Fiscalía se ha adherido parcialmente al mismo solicitando el sobreseimiento provisional respecto al mismo. Sin embargo, mantiene que el Ayuntamiento de Valencia tiene que ser responsable civil subsidiario.

Este asunto, tramitado por parte de uno de los fiscales especialistas de la Sección de Siniestralidad Laboral de la Fiscalía de Valencia, ha contado en su decisión con el visto bueno del Fiscal Decano de la Sección, han concretado fuentes del ministerio público.

El auto de procesamiento se dirigía contra Fuset, Ayuntamiento –responsable civil– y otras personas físicas y jurídicas, entre ellas la Asociación de Promotores Musicales de la Comunitat Valenciana y contratas y subcontratas que se encargaron de la organización del evento.

Los hechos ocurrieron a finales de junio de 2017 y trascendieron el 4 de julio de aquel año. El operario falleció cuando participaba en los trabajos de montaje e instalación de las gradas para los conciertos de Viveros. A causa del siniestro, la Inspección de Trabajo impuso al Ayuntamiento de València una sanción de 40.000 euros.

El concejal Fuset declaró ante el juez, en calidad de investigado, el pasado mes de enero. En esa comparecencia defendió que no participó en las reuniones preparatorias del evento que se produjeron y que el proceso fue cuestión de los técnicos municipales y él únicamente firmaba como responsable del área.

En esa línea, argumentó que es un mero concejal, que todo lo relativo al montaje de las gradas era cuestión de los técnicos y que él se limitaba a firmar.

Sin embargo, el juez instructor dictó auto de procedimiento abreviado, paso previo para la apertura de juicio oral, y para ello se basó en el informe realizado por la Inspección General de Trabajo e incorporado a la causa.

«SINIESTRO FATAL»
El magistrado sostenía en su escrito que no existía procedimiento de adecuada evaluación de riesgos y adopción de medidas de protección para el montaje de las gradas, lo que ocasionó el «siniestro fatal». Resaltaba que existían indicios racionales de participación criminal en la causación del fallecimiento imprudente por parte del concejal responsable de Cultura Festiva.

Reprochaba también el instructor el hecho de no haber exigido aportación a la empresa contratada del estudio de seguridad y salud del montaje de las gradas por quien ocupó sin concurso parte del dominio público, y por estas razones considera a Fuset partícipe de estos delitos.

Fuente: EUROPA PRESS

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El Comité de derechos de la ONU pide suspender el desahucio de una familia valenciana

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El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU ha solicitado al Estado español la suspensión del desahucio de una familia valenciana ordenado para este miércoles por un Juzgado, mientras examina el caso planteado por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).

Así lo recoge la respuesta de este Comité al escrito de PAH Valencia, en la que solicita al Gobierno de España que, mientras examina el caso, tome medidas para evitar «posibles daños irreparables», consistentes en la suspensión del desahucio de la vivienda donde viven una mujer y sus dos hijas, o en otorgarles una vivienda alternativa adecuada a sus necesidades.

Según han explicado fuentes de la plataforma, PAH Valencia ha hecho llegar el comunicado de este Comité de Derechos a la familia y al abogado de oficio, que ha presentado escrito solicitando la paralización ante el Juzgado del desahucio, señalado para este miércoles, de la mujer y sus hijas de 3 y 6 años.

PAH Valencia ha lamentado que todas las semanas se decretan desahucios que «acaban favoreciendo al capital internacional más especulativo», a pesar de las solicitudes de suspensión desde la justicia gratuita, y afectan a personas y familias vulnerables en situaciones «límite» y sin alternativa habitacional.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales es un órgano compuesto de 18 expertos independientes que supervisa la aplicación del Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales por sus Estados.

 

 

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