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La fiscalía pide el archivo de la causa contra Pere Fuset por el accidente de Viveros

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El concejal Pere Fuset sale de la Ciudad de la Justicia tras declarar por el acc

VALÈNCIA, 11 Nov.- La Fiscalía de Valencia ha solicitado el archivo de la causa contra el concejal de Cultura Festiva y portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de València, Pere Fuset, por el accidente laboral en el que un trabajador falleció durante el montaje de las gradas para los conciertos en los Jardines de Viveros de la capital del Turia en el verano de 2017.

Así consta en el escrito que ha remitido el ministerio público al Juzgado de Instrucción número 18 de València tras el auto de procesamiento dictado en octubre en un procedimiento dirigido por un presunto delito de homicidio causado por imprudencia grave y por un delito contra la seguridad de los trabajadores.

Tras esta resolución, Pere Fuset –para quien la familia del obrero reclama cinco años de prisión– presentó un recurso de apelación y la Fiscalía se ha adherido parcialmente al mismo solicitando el sobreseimiento provisional respecto al mismo. Sin embargo, mantiene que el Ayuntamiento de Valencia tiene que ser responsable civil subsidiario.

Este asunto, tramitado por parte de uno de los fiscales especialistas de la Sección de Siniestralidad Laboral de la Fiscalía de Valencia, ha contado en su decisión con el visto bueno del Fiscal Decano de la Sección, han concretado fuentes del ministerio público.

El auto de procesamiento se dirigía contra Fuset, Ayuntamiento –responsable civil– y otras personas físicas y jurídicas, entre ellas la Asociación de Promotores Musicales de la Comunitat Valenciana y contratas y subcontratas que se encargaron de la organización del evento.

Los hechos ocurrieron a finales de junio de 2017 y trascendieron el 4 de julio de aquel año. El operario falleció cuando participaba en los trabajos de montaje e instalación de las gradas para los conciertos de Viveros. A causa del siniestro, la Inspección de Trabajo impuso al Ayuntamiento de València una sanción de 40.000 euros.

El concejal Fuset declaró ante el juez, en calidad de investigado, el pasado mes de enero. En esa comparecencia defendió que no participó en las reuniones preparatorias del evento que se produjeron y que el proceso fue cuestión de los técnicos municipales y él únicamente firmaba como responsable del área.

En esa línea, argumentó que es un mero concejal, que todo lo relativo al montaje de las gradas era cuestión de los técnicos y que él se limitaba a firmar.

Sin embargo, el juez instructor dictó auto de procedimiento abreviado, paso previo para la apertura de juicio oral, y para ello se basó en el informe realizado por la Inspección General de Trabajo e incorporado a la causa.

«SINIESTRO FATAL»
El magistrado sostenía en su escrito que no existía procedimiento de adecuada evaluación de riesgos y adopción de medidas de protección para el montaje de las gradas, lo que ocasionó el «siniestro fatal». Resaltaba que existían indicios racionales de participación criminal en la causación del fallecimiento imprudente por parte del concejal responsable de Cultura Festiva.

Reprochaba también el instructor el hecho de no haber exigido aportación a la empresa contratada del estudio de seguridad y salud del montaje de las gradas por quien ocupó sin concurso parte del dominio público, y por estas razones considera a Fuset partícipe de estos delitos.

Fuente: EUROPA PRESS

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El Gobierno aprueba una nueva oferta de empleo público con 36.600 plazas, un 9% menos que en 2024

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El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una nueva oferta de empleo público (OEP) para 2025 con un total de 36.600 plazas, lo que supone un descenso del 9% respecto a la convocatoria del año anterior, cuando se ofertaron 40.146 puestos. Esta decisión llega en un contexto marcado por las negociaciones sindicales y las exigencias de estabilidad y refuerzo de los servicios públicos.

Reparto de las plazas: Administración General, Justicia y Seguridad

Según ha detallado el Ministerio de Función Pública, del total de 36.617 plazas, 20.840 serán de nuevo ingreso y 11.600 de promoción interna. La mayor parte de los puestos se concentrarán en la Administración General del Estado (AGE), así como en los ámbitos de Justicia, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y Sanidad Exterior.

Este reparto responde a las necesidades detectadas por los distintos departamentos para cubrir jubilaciones, vacantes estructurales y reforzar áreas estratégicas como la digitalización, la inspección laboral o la gestión de políticas públicas.

Oferta extraordinaria: 1.000 plazas para facilitar la jubilación parcial

Junto a esta convocatoria general, el Gobierno ha anunciado una oferta extraordinaria de 1.000 plazas específicamente dirigida a facilitar la jubilación parcial anticipada del personal laboral de la AGE. Este colectivo había quedado en un limbo legal tras la reforma de las pensiones, al exigir la normativa que el trabajador relevista tenga contrato indefinido y jornada completa.

Esta medida responde a una histórica reivindicación de los sindicatos CCOO y UGT, que también exigen su ampliación al personal funcionario y estatutario.

Reacciones sindicales: tensión por el acuerdo inacabado

La nueva OEP llega en medio de creciente presión sindical. La semana pasada, CCOO y UGT organizaron una protesta frente al Ministerio de Hacienda para exigir el cumplimiento íntegro del Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, así como la ejecución del plan de choque contra la temporalidad y la subida salarial correspondiente a 2025.

Aunque el Ejecutivo ha aprobado recientemente un incremento salarial adicional del 0,5%, los sindicatos consideran que las medidas son aún insuficientes para abordar los retos estructurales del empleo público en España.

Una oferta con menos plazas, pero centrada en la estabilización

Pese a ser un 9% inferior a la del año pasado, la nueva OEP mantiene un enfoque prioritario en la estabilización del empleo, la reducción de la temporalidad y la eficiencia en los procesos selectivos, con la intención de agilizar convocatorias y evitar demoras en la incorporación de personal.

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