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La Guardia Civil investiga a una persona por suplantar a otra en el examen del permiso de conducción

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Detenido en València por agarrar del cuello a su expareja, golpearle en el abdomen y robarle

Ana Cánovas

La Guardia Civil de la Región de Murcia, en el marco de las tareas de colaboración con la Jefatura Provincial de Tráfico de Murcia, ha investigado a una persona como presunta autora de los delitos de usurpación de estado civil y de falsedad documental.

Se trata de un ciudadano guineano que se presentó, presuntamente, al examen para la obtención del permiso de conducir, con documentación falsificada a nombre de otra persona, según informaron fuentes de la Benemérita en un comunicado.

Los hechos tuvieron lugar el pasado miércoles, 19 de junio, cuando, en el marco de colaboración existente con la Jefatura Provincial de Tráfico de Murcia para el control de los aspirantes que realizan el examen teórico para obtener el permiso de conducir de la clase ‘B’, miembros de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de la Región de Murcia fueron requeridos por los funcionarios de la Dirección General de Tráfico (DGT) que supervisaban dichos exámenes en el aula Caravaca de la Cruz, al tener sospechas de que un individuo que había realizado las pruebas podría estar suplantando la identidad de otra persona.

Realizadas las gestiones correspondientes, con el apoyo del Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil, se pudo identificar al presunto suplantador mediante las impresiones dactilares, tratándose de un varón, natural de Guinea, de 32 años y vecino de Murcia.

Debido a este hecho, se le imputaron los delitos de falsedad documental y usurpación de estado civil, al haberse identificado ante los funcionarios de la Jefatura Provincial de Tráfico que controlaban a los aspirantes que iban a realizar el examen teórico del permiso de conducción de la clase «B» utilizando un documento de identidad falsificado perteneciente a un ciudadano de nacionalidad senegalesa.

Por parte del Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) del Sector/Subsector de Tráfico de Murcia se continúa con las gestiones que permitan localizar e identificar al suplantado, con el fin de proceder a su detención por la supuesta colaboración necesaria en los delitos de falsedad documental y usurpación de estado civil atribuido al ahora arrestado.

No obstante, el arrestado y las diligencias han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Caravaca de la Cruz.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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