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Las trombas de agua inundan el parking y las Urgencias del Hospital de la Ribera

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VALÈNCIA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) – Las fuertes lluvias registradas esta noche en la comarca valenciana de La Ribera Alta, especialmente en el municipio de Alzira con hasta 481 litros por metro cuadrado, han provocado filtraciones de agua en el Hospital de La Ribera, en zonas como el parking y uno de los pasillos de Urgencias.

También han afectado al área de Radiología, donde se han registrado retrasos en el arranque de las dos resonancias magnéticas y de uno de los equipos de TAC, que ya funcionan sin incidencias, y a de Radioterapia, donde permanecen parados los dos aceleradores lineales, detalla el Hospital de La Ribera en un comunicado.

A primera hora de la mañana, el centro hospitalario ha recuperado la normalidad y ha subsanado las filtraciones. La parada de los aceleradores continúa, actualmente en reparación, y ha afectado a 70 pacientes que no han podido recibir su tratamiento y son citados de nuevo para los próximos días.

Desde el hospital destacan así el esfuerzo realizado por el personal para recobrar la normalidad lo antes posible y minimizar el impacto que las fuertes lluvias han provocado en la asistencia a los pacientes.

Paralelamente, ante el corte de varias carreteras de la comarca de La Ribera, el Hospital de Alzira ha reforzado con más recursos humanos sus servicios de centralita y citaciones, a fin de atender a las posibles anulaciones que se produjeran por parte de los usuarios, por no poder llegar durante este viernes hasta el centro.

SANITATSOLSUNA: «CÓMO SE HUNDE UN HOSPITAL»
Por su parte, SanitatSolsUna ha denunciado que esto supone un ejemplo de «cómo se hunde un hospital» y ha asegurado que «La Ribera sufre las consecuencias de un mal mantenimiento tan solo ocho meses después de la reversión a la gestión directa de la Conselleria», desde el pasado mes de abril.

Según la asociación, pacientes, familiares y trabajadores han hecho llegar vídeos en los que «se aprecian claramente las goteras que caen por todo el hospital, y más aún auténticas cascadas de agua en el aparcamiento».

«Todos insisten en su denuncia: Nunca antes había pasado esto. Y siempre ha llovido, y mucho, en La Ribera», subrayan desde SanitatSolsUna, para añadir que las quejas «critican duramente la falta de mantenimiento de las instalaciones».

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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