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Más de 200.000 autónomos valencianos se verán perjudicados por las medidas del gobierno, según el PP

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VALÈNCIA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) – El Partido Popular en el Senado ha advertido este lunes de que las reformas previstas por el Gobierno central y pactadas con Podemos, «afectarán negativamente a seis de cada diez autónomos de la Comunitat Valenciana, casi 200.0000 trabajadores, que tendrán que pagar un 12,5 por ciento más a final de mes».

Así lo ha indicado la portavoz adjunta del PP en el Senado, Salomé Pradas, quien ha apuntado que la subida que prevé el Gobierno supondrá más de 420 euros en la cuota de autónomo para el 80% del sector, una cifra que, en el caso de los autónomos empleadores, puede ascender hasta los 3.000 euros por trabajador.

Salomé Pradas y el senador Antonio Clemente han mantenido una reunión de trabajo con el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) de la Comunitat Valenciana, Rafael Pardo, según ha informado el PPCV en un comunicado.

El PP prepara una iniciativa para instar al Gobierno central a mantener la tarifa plana así como las bonificaciones y reducciones en la cotización de autónomos, previstas en la ley de Reformas Urgentes de Trabajo Autónomo y «que ha beneficiado a más de 50.000 autónomos valencianos».

«Estamos escuchando que se podría hablar de un endurecimiento de los requisitos y un incremento de la tarifa plana vigente a día de hoy, y es muy importante que se mantenga la existente porque favorece el emprendedurismo», ha añadido.

Así, los senadores reclamarán la aprobación de una cuota reducida para aquellos autónomos cuyos ingresos no excedan del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en el cómputo anual y el cumplimiento de la Disposición Adicional Primera de la Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo, relativa a su participación en el Consejo Económico y Social.

Para el secretario general de ATA, «no es razonable que la subida de la base mínima de los autónomos no suba en relación a la vida sino a base de banzados» y ha señalado que el 70% de los autónomos, según una encuesta interna realizada por el sector, «no pueden pagar una base mayor».

Por ello, PP y ATA han solicitado que en los Presupuestos Generales del Estado recojan una disposición para que se desvincule el SMI de la cuota de autónomos. En esta línea, ha solicitado que la tarifa plana no solo exista para nuevos autónomos sino para aquellos trabajadores por cuenta propia que tienen pocos ingresos.

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Confirmada la fecha que entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios

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El Gobierno implantará la jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios de la Administración General del Estado en la primera quincena de abril. La medida beneficiará a unos 220.000 empleados públicos y será de aplicación inmediata tras la publicación de la resolución oficial.

El anuncio lo ha realizado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, quien ha confirmado que el acuerdo con los sindicatos se materializará en los próximos días.

Vuelta a las 35 horas tras años de recortes

La recuperación de esta jornada supone volver al modelo previo a los ajustes aplicados tras la crisis financiera. La medida forma parte del Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y busca reforzar tanto la calidad del servicio como las condiciones laborales.

Desde el Ejecutivo aseguran que la reducción de jornada se aplicará garantizando la atención a la ciudadanía y la continuidad de los servicios públicos, mediante una mejor planificación de plantillas y organización interna.

Los sindicatos celebran un acuerdo “histórico”

Organizaciones como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios han calificado la medida como “histórica”, destacando que mejorará la conciliación, el bienestar laboral y la productividad.

Además, subrayan que puede contribuir a la creación de empleo en un contexto en el que una parte importante de la plantilla se acerca a la jubilación: más del 20% de los funcionarios se retirará en los próximos cinco años.

Nueva figura del cuidador para la conciliación

La resolución incluirá también la figura del cuidador, dirigida a empleados públicos que atienden a familiares o convivientes con necesidades médicas graves.

Esta medida, alineada con la normativa europea, busca reforzar los derechos de conciliación y adaptar la Administración a las nuevas realidades sociales.

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