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Murcia no descarta confinar municipios por los rebrotes: «Los controles en los aeropuertos son totalmente ineficaces»

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El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha afirmado este lunes que el Gobierno regional se plantea el confinamiento de varios municipios si empeora el brote activo por coronavirus originado en tres pasajeros de un vuelo de Bolivia, que ha dejado 32 casos positivos en Beniel, Santomera y Murcia. En rueda de prensa posterior al Comité de Seguimiento PosCovid, López Miras ha considerado «muy preocupante» el incremento de contagiados en la Región de Murcia, que ha tenido tres fuentes de covid-19 en las últimas semanas, de los que la consejería de Salud considera controlados dos. El confinamiento selectivo tampoco es descartado por el ministro de Sanidad, Salvador Illa.

En este sentido, el consejero de Salud, Manuel Villegas, ha dado por controlados el foco importado de Granada y tres afectados en Torre Pacheco y el positivo detectado en un inmigrante irregular llegado en patera a Águilas. Sin embargo, la comunidad ha puesto el foco en los contagiados por los casos importados de Bolivia, que suponen 32 de los 61 afectados activos en la región y la orden de suspensión temporal de la actividad en una empresa hortofrutícola en El Raal (Murcia), con 9 trabajadores positivos en PCR de las 100 primeras pruebas realizadas.

Al respecto, López Miras ha revelado que el confinamiento de los municipios más afectados por este brote será decidido en función de los parámetros del Servicio de Salud Pública y Epidemiología, pero ha recordado que la aparición de 7 casos positivos en Totana impidió que pasara a Fase 3 de la desescalada durante una semana.

«Nos lo jugamos todo», ha remarcado el presidente de la comunidad antes de censurar las «graves irresponsabilidades» que está habiendo entre la ciudadanía incumpliendo las normas de distanciamiento, higiene y protección. «Si la epidemia regresa, nos hunde y sería un golpe casi definitivo a miles de empleos, «, ha apostillado. Para López Miras, el rebrote importado de Bolivia demuestra que los controles en los aeropuertos son «totalmente ineficaces» y ha exigido al Gobierno central que, en coordinación con la Unión Europea, implante la obligación de realizar pruebas PCR en origen a los viajeros que vuelen a España.

Por ello, ha reclamado «mucho mayor control» de las personas que viajen desde lugares con «brotes o incidencia elevada», de forma que estén obligados a dar información precisa y detallada sobre ellos y su ubicación en España. «El examen visual no es serio; rellenan un papel diciendo que no se tiene la enfermedad y tomar la temperatura no se debe tomar como referencia, según las autoridades médicas», ha afirmado López Miras antes de apuntar a la necesidad de implantar un sistema de «monitorización» de todos los turistas.

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El Gobierno aprueba una nueva oferta de empleo público con 36.600 plazas, un 9% menos que en 2024

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El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una nueva oferta de empleo público (OEP) para 2025 con un total de 36.600 plazas, lo que supone un descenso del 9% respecto a la convocatoria del año anterior, cuando se ofertaron 40.146 puestos. Esta decisión llega en un contexto marcado por las negociaciones sindicales y las exigencias de estabilidad y refuerzo de los servicios públicos.

Reparto de las plazas: Administración General, Justicia y Seguridad

Según ha detallado el Ministerio de Función Pública, del total de 36.617 plazas, 20.840 serán de nuevo ingreso y 11.600 de promoción interna. La mayor parte de los puestos se concentrarán en la Administración General del Estado (AGE), así como en los ámbitos de Justicia, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y Sanidad Exterior.

Este reparto responde a las necesidades detectadas por los distintos departamentos para cubrir jubilaciones, vacantes estructurales y reforzar áreas estratégicas como la digitalización, la inspección laboral o la gestión de políticas públicas.

Oferta extraordinaria: 1.000 plazas para facilitar la jubilación parcial

Junto a esta convocatoria general, el Gobierno ha anunciado una oferta extraordinaria de 1.000 plazas específicamente dirigida a facilitar la jubilación parcial anticipada del personal laboral de la AGE. Este colectivo había quedado en un limbo legal tras la reforma de las pensiones, al exigir la normativa que el trabajador relevista tenga contrato indefinido y jornada completa.

Esta medida responde a una histórica reivindicación de los sindicatos CCOO y UGT, que también exigen su ampliación al personal funcionario y estatutario.

Reacciones sindicales: tensión por el acuerdo inacabado

La nueva OEP llega en medio de creciente presión sindical. La semana pasada, CCOO y UGT organizaron una protesta frente al Ministerio de Hacienda para exigir el cumplimiento íntegro del Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, así como la ejecución del plan de choque contra la temporalidad y la subida salarial correspondiente a 2025.

Aunque el Ejecutivo ha aprobado recientemente un incremento salarial adicional del 0,5%, los sindicatos consideran que las medidas son aún insuficientes para abordar los retos estructurales del empleo público en España.

Una oferta con menos plazas, pero centrada en la estabilización

Pese a ser un 9% inferior a la del año pasado, la nueva OEP mantiene un enfoque prioritario en la estabilización del empleo, la reducción de la temporalidad y la eficiencia en los procesos selectivos, con la intención de agilizar convocatorias y evitar demoras en la incorporación de personal.

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