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Pablo Ibar, cadena perpétua después de 16 años en el corredor de la muerte

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VALÈNCIA, 23 May.- Pablo Ibar, el presunto autor del triple asesinato de tres estadounidenses en 1994, ha sido absuelto de la pena de muerte este jueves.  El juzgado ha decidido librar al español del corredor de la muerte y condenarlo a cadena perpétua. Ibar, que lleva 25 años en prisión, pasará el resto de su vida en la cárcel si en la próximo juicio no sale absuelto.

La pena de muerte debía ser ratificada por todos los miembros del jurado, se requería unanimidad en la decisión. Tras más de dos horas de deliberación, el veredicto ha aliviado a la familia de Ibar, que escuchaba la decisión del jurado desde la misma sala en la que se encontraba el presunto culpable.

Con la cadena perpétua, Ibar podrá salir del corredor de la muerte, en el que se encontraba desde hacía 16 años. Además, con esta condena, Ibar será trasladado a otro centro penitenciario en el que podrá recibir la visita de su familia. Hasta ahora mantenían conmunicación a través de una pantalla.

Ibar está acusado de asesinar, en 1994, a Casimir Sucharski, dueño de un club nocturno, y a dos modelos, Sharon Anderson y Marie Rogers. Mientras que la prensa estadounidense tiene una opinión unánime sobre la culpabilidad del español, el abogado defensor tratará de demostrar la inocencia de Pablo Ibar en otro juicio, que demorará todavía más el final de este caso.

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Condena histórica al fiscal general: dos años de inhabilitación por revelación de secretos contra el novio de Ayuso

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Álvaro García Ortiz

El Tribunal Supremo (TS) ha condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortíz, a dos años de inhabilitación y a pagar una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de secretos. La sentencia afecta a Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a quien el Tribunal ordena indemnizar con 10.000 euros por daños morales.

Según la resolución del Supremo, García Ortíz vulneró la confidencialidad de información sensible relacionada con Alberto González Amador, un acto considerado grave por comprometer derechos fundamentales y la confianza en la administración pública.

Esta decisión del Tribunal Supremo marca un precedente significativo sobre la responsabilidad de altos cargos en el manejo de información confidencial, reforzando la protección jurídica frente a filtraciones o revelaciones indebidas.

 


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