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Ribó deja en manos del juez la celebración de las Paellas Universitarias

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El alcalde de València, Joan Ribó, ha manifestado la voluntad del Ayuntamiento de «no dejar colgadas a miles de personas que tienen una entrada» para el festival de las Paellas Universitarias pero queda a la espera de «lo que diga el juez, que si dice no, será que no». Del mismo modo, ha añadido que la decisión también está pendiente «de los servicios municipales».

El primer edil ha realizado estas declaraciones a preguntas de los medios sobre la denuncia presentada por la Asociación de Vecinos La Unió de La Punta, ante la celebración este viernes, 12 de abril, de las Paellas Universitarias 2019.

Para Ribó, el conflicto parte de «una empresa privada que empezó a vender entradas para un evento en Moncada». Ante la negativa del consistorio de ese municipio a la realización del mismo, «el Ayuntamiento (de València) busca dónde ubicarlo y el único sitio es La Punta pero en este momento lo estamos estudiando».

«Nosotros nos planteamos que se haga para ayudar a una empresa que tenían vendidas las entradas y ahora no tiene lugar. Nosotros lo que queremos es no dejar colgadas a miles de personas que tienen una entrada pero si el juez dice que no, será que no, y si los servicios municipales no lo consideran conveniente, pues será que no. No está decidido», ha aseverado.

Además, ha hecho notar que «hay una parte del vecindario que ha manifestado que no tenía ningún problema en la realización del evento».

Por último, Ribó ha resaltado que el consistorio «no tiene ningún especial interés en este evento» y lo que quieren es «ayudar a una empresa que tiene vendidas miles de entradas y ahora no tienen lugar».

Fuente: Europa Press

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Así es la nueva Ley para Influencers: todo lo que cambia y a quién afecta

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Ley para Influencers
Marta Lozano-INSTAGRAM

Este martes, el Consejo de Ministros aprobó un nuevo real decreto que establece las pautas para la regulación de los ‘influencers’, definiendo criterios específicos para considerar a una persona como tal. Uno de los requisitos fundamentales es la necesidad de facturar al menos 300.000 euros anuales con su actividad audiovisual.

El decreto define a los «usuarios de especial relevancia» (‘influencers’) basándose en tres criterios clave. Además del aspecto económico, se considera relevante la audiencia, con un requisito de al menos un millón de seguidores en una única plataforma de intercambio de vídeos o dos millones en su actividad global. También se establece un requisito de actividad, que incluye la publicación o compartición de al menos 24 vídeos al año.

Ley para Influencers

Los ‘influencers’ que cumplan con estos criterios deberán inscribirse en el Registro Estatal de Prestadores Audiovisuales como usuarios de especial relevancia en un plazo de dos meses a partir de la entrada en vigor del decreto.

Una vez inscritos, estarán sujetos a cumplir con las normativas de protección de menores y de publicidad en el ámbito audiovisual. Esto incluye la identificación de espacios publicitarios y la prohibición de publicitar tabaco, medicamentos o alcohol. En resumen, sus obligaciones se equipararán a las de otros agentes audiovisuales.

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá, destacó la importancia de homologar a estos creadores de contenido con otros actores del ámbito audiovisual, especialmente en lo relacionado con la protección de menores y la transparencia en la publicidad.

Se establece también la obligación de identificar claramente la publicidad y etiquetar el contenido según las edades a las que va dirigido. Los ‘influencers’ deberán acordar un código de conducta al respecto con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

En cuanto a la publicidad, se prohíbe la promoción de tabaco, alcohol o medicamentos, así como cualquier contenido que pueda causar perjuicio psicológico o físico a menores.

Esta regulación busca garantizar una mayor protección a los consumidores y ofrecer seguridad jurídica a los ‘influencers’, que han adquirido una relevancia económica notable en las plataformas de intercambio de vídeos donde difunden sus contenidos.

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