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Ribó sobre la investigación de la UCO: «Cuando estábamos en la oposición ya lo advertimos»

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El alcalde Joan Ribó, a preguntas de los periodistas en relación con la entrada de agentes de la UCO en Turisme VLC, este martes, y Las Naves, este miércoles, ha reiterado el ofrecimiento de absoluta colaboración por parte del Ayuntamiento para que la justicia cumpla su función y llegue hasta las últimas consecuencias.

“La justicia ha de cumplir su función y le pedimos que llegue a las últimas consecuencias, porque si fuese verdad que ha habido financiación ilegal en las pasadas campañas electorales, alguien estaría jugando con las cartas marcadas y eso en una democracia es absolutamente intolerable”, ha afirmado Joan Ribó al ser preguntado sobre lo ocurrido. «Queremos que la justicia haga su trabajo y lo haga bien, y por supuesto nosotros colaboraremos absolutamente», ha señalado.

Ribó ha añadido que “Se está hablando de una empresa que cuando estábamos en la oposición ya la señalamos y dijimos a la fiscalía que se investigara”. Ha recordado que se trata de investigaciones judiciales que se llevan a cabo desde que salió a la luz el denominado caso Taula, y también que “desde el primer momento el Ayuntamiento de Valencia se mostró dispuesto a colaborar con la justicia para esclarecer hechos del pasado”, según ha dicho Ribó

Jordi Peris han insistido en esa misma posición de total colaboración con la justicia. ”Hemos puesto a disposición de la UCO toda la información que teníamos disponible”. Ha contado qua el concejal que a lo largo de la mañana se les ha estado preparando esa información que demandaban “para que se la puedan llevar e incluirla en el sumario”

CONSORCIO

Preguntado sobre la visita que realizó la vicepresidenta del Gobierno de España, Soraya Sáenz de Santamaría, el alcalde ha dicho que “no estuve con la vicepresidenta, pero si hubiese estado le habría recordado lo que ya le requerí al Delegado del Gobierno, Juan Carlos Moragues, cuando me reuní con él”, refiriéndose a la urgencia de que la administración central nombre a su representante en el Consorcio.

“Es un asunto que hemos de resolver rápidamente. Precisamente ayer, cuando estuve con el presidente de la Diputación, estuvimos hablando de la necesidad de rehabilitación del Varadero para convertirlo en una de las sedes del proyecto museístico del Museo de la Mar”, ha afirmado el alcalde. “Lo que ha de hacer el gobierno central es decidir si el Consorcio depende la Vicepresidenta o de Hacienda. A nosotros nos da lo mismo, pero necesitamos a alguien para poder convocar el Consejo Rector, y que sepamos no se han decidido hasta ahora”.

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Fiscalía solicita prisión sin fianza para Ábalos por riesgo de fuga en la trama de mascarillas

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Koldo García, que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, comparece ante la comisión del Senado. EFE/ J.J. Guillén

La Fiscalía ha pedido al Tribunal Supremo el ingreso en prisión provisional sin fianza para el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ante el riesgo de fuga de cara al juicio por la trama de mascarillas durante la pandemia. La solicitud se produce en el marco de la revisión de las medidas cautelares que actualmente mantienen en libertad a Ábalos y a su exasesor Koldo García.

Acusaciones y petición de penas

La Fiscalía considera que existen indicios racionales de criminalidad y una elevada petición de pena que justifican la prisión preventiva. Para Ábalos, el Ministerio Público solicita 24 años de prisión, mientras que para Koldo García se reclaman 19 años y medio, por presuntos delitos de:

  • Pertenencia a organización criminal

  • Cohecho

  • Tráfico de influencias

  • Malversación de fondos públicos

  • Uso de información privilegiada

Además, se solicita que ambos sean condenados a pagar una multa de 3,9 millones de euros. Por su parte, las acusaciones populares elevan las penas a 30 años e incluyen delitos adicionales como prevaricación y falsedad documental.

Riesgo de fuga y medidas cautelares

La Fiscalía argumenta que el ingreso en prisión es idóneo, necesario y proporcionado para evitar el riesgo de fuga antes del juicio. Actualmente, Ábalos y Koldo García están sujetos a medidas cautelares que incluyen la retirada del pasaporte, la prohibición de salida del país y comparecencias quincenales en sede judicial.

El magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, escuchará a las partes durante la vista para decidir si modifica las medidas cautelares y decreta la prisión provisional, conforme al artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

 

 

24 años de prisión y multa de casi 4 millones para José Luis Ábalos

El Ministerio Público pide una condena de 24 años de prisión para José Luis Ábalos, exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE.
La Fiscalía le atribuye cinco presuntos delitos:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Tráfico de influencias

  • Malversación

  • Uso de información privilegiada

Además, reclama para él una multa de 3,9 millones de euros y responsabilidades económicas conjuntas por los perjuicios ocasionados a dos empresas públicas.

19 años y medio de cárcel para Koldo García

Para Koldo García, exasesor ministerial de Ábalos, Anticorrupción solicita 19 años y medio de prisión, así como una multa también de 3,9 millones de euros, por los mismos delitos atribuidos al exministro.

La Fiscalía pide que tanto Ábalos como Koldo indemnicen de forma conjunta y solidaria a:

  • Ineco: 34.477,86 euros

  • Tragsatec: 9.500,54 euros

Asimismo, reclama el decomiso de al menos 430.298,4 euros, cantidad que correspondería a ganancias obtenidas mediante cohecho.

Atenuante de confesión para Víctor de Aldama

En el caso del empresario Víctor de Aldama, considerado presunto intermediario de la trama, la Fiscalía aplica la atenuante de confesión y solicita una pena de 7 años de prisión por:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Uso de información privilegiada

También reclama para él una multa de 3,8 millones de euros.

El origen de la causa

El escrito de acusación llega después de que el magistrado instructor del Supremo, Leopoldo Puente, propusiera el pasado 3 de noviembre juzgar a los tres implicados. Según el juez, se habrían concertado poco después de la llegada de Ábalos al Ministerio, buscando obtener beneficios económicos mediante su influencia en contratos públicos.

Puente dividió la causa en dos piezas:

  • La principal, centrada en los contratos de mascarillas.

  • Una pieza separada dedicada a la supuesta trama de cobro de comisiones por obra pública.

 

 

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