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Ribó sobre la investigación de la UCO: «Cuando estábamos en la oposición ya lo advertimos»

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El alcalde Joan Ribó, a preguntas de los periodistas en relación con la entrada de agentes de la UCO en Turisme VLC, este martes, y Las Naves, este miércoles, ha reiterado el ofrecimiento de absoluta colaboración por parte del Ayuntamiento para que la justicia cumpla su función y llegue hasta las últimas consecuencias.

“La justicia ha de cumplir su función y le pedimos que llegue a las últimas consecuencias, porque si fuese verdad que ha habido financiación ilegal en las pasadas campañas electorales, alguien estaría jugando con las cartas marcadas y eso en una democracia es absolutamente intolerable”, ha afirmado Joan Ribó al ser preguntado sobre lo ocurrido. «Queremos que la justicia haga su trabajo y lo haga bien, y por supuesto nosotros colaboraremos absolutamente», ha señalado.

Ribó ha añadido que “Se está hablando de una empresa que cuando estábamos en la oposición ya la señalamos y dijimos a la fiscalía que se investigara”. Ha recordado que se trata de investigaciones judiciales que se llevan a cabo desde que salió a la luz el denominado caso Taula, y también que “desde el primer momento el Ayuntamiento de Valencia se mostró dispuesto a colaborar con la justicia para esclarecer hechos del pasado”, según ha dicho Ribó

Jordi Peris han insistido en esa misma posición de total colaboración con la justicia. ”Hemos puesto a disposición de la UCO toda la información que teníamos disponible”. Ha contado qua el concejal que a lo largo de la mañana se les ha estado preparando esa información que demandaban “para que se la puedan llevar e incluirla en el sumario”

CONSORCIO

Preguntado sobre la visita que realizó la vicepresidenta del Gobierno de España, Soraya Sáenz de Santamaría, el alcalde ha dicho que “no estuve con la vicepresidenta, pero si hubiese estado le habría recordado lo que ya le requerí al Delegado del Gobierno, Juan Carlos Moragues, cuando me reuní con él”, refiriéndose a la urgencia de que la administración central nombre a su representante en el Consorcio.

“Es un asunto que hemos de resolver rápidamente. Precisamente ayer, cuando estuve con el presidente de la Diputación, estuvimos hablando de la necesidad de rehabilitación del Varadero para convertirlo en una de las sedes del proyecto museístico del Museo de la Mar”, ha afirmado el alcalde. “Lo que ha de hacer el gobierno central es decidir si el Consorcio depende la Vicepresidenta o de Hacienda. A nosotros nos da lo mismo, pero necesitamos a alguien para poder convocar el Consejo Rector, y que sepamos no se han decidido hasta ahora”.

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El Comité de derechos de la ONU pide suspender el desahucio de una familia valenciana

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Onu suspende desahucio familia valenciana

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU ha solicitado al Estado español la suspensión del desahucio de una familia valenciana ordenado para este miércoles por un Juzgado, mientras examina el caso planteado por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).

Así lo recoge la respuesta de este Comité al escrito de PAH Valencia, en la que solicita al Gobierno de España que, mientras examina el caso, tome medidas para evitar «posibles daños irreparables», consistentes en la suspensión del desahucio de la vivienda donde viven una mujer y sus dos hijas, o en otorgarles una vivienda alternativa adecuada a sus necesidades.

Según han explicado fuentes de la plataforma, PAH Valencia ha hecho llegar el comunicado de este Comité de Derechos a la familia y al abogado de oficio, que ha presentado escrito solicitando la paralización ante el Juzgado del desahucio, señalado para este miércoles, de la mujer y sus hijas de 3 y 6 años.

PAH Valencia ha lamentado que todas las semanas se decretan desahucios que «acaban favoreciendo al capital internacional más especulativo», a pesar de las solicitudes de suspensión desde la justicia gratuita, y afectan a personas y familias vulnerables en situaciones «límite» y sin alternativa habitacional.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales es un órgano compuesto de 18 expertos independientes que supervisa la aplicación del Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales por sus Estados.

 

 

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