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Un código de playas y una app de ocupación en la arena, entre los proyectos para el regreso seguro a las playas

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VALENCIA, 19 May. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) – Un código de actuación para las playas o una aplicación para saber el grado de ocupación en la arena son algunos de los proyectos en los que trabaja la Generalitat para garantizar el derecho a disfrutar del mar en verano a pesar del coronavirus.

«Un Mediterráneo vivo y seguro», ha defendido el ‘president’, Ximo Puig, tras una reunión con los consellers de Interior, Gabriela Bravo; Sanidad, Ana Barceló; Movilidad, Arcadi España, y el secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer.

El objetivo es que valencianos y turistas puedan ir a las playas con seguridad, para lo que Turisme CV trabaja en un código general de actuaciones que los ayuntamientos recibirán en los próximos días. Puig ha llamado a la corresponsabilidad de los municipios y se ha comprometido a trasladar la máxima información posible.

Paralelamente, junto a las propuestas del ámbito privado, la Conselleria de Innovación tiene en marcha una aplicación específica para que los ciudadanos tengan la máxima información posible a la hora de decidir a qué playa van. Esta herramienta daría a conocer el tiempo real el grado de ocupación en la arena.

Más allá de las medidas de seguridad, la Generalitat quiere dar a conocer todas las playas y calas valencianas, ya que representan más del 70% de la costa y «muchas son desconocidas». Puig ha destacado que la crisis también abre una gran oportunidad para descubrir esta riqueza natural.

Con 277 kilómetros, la Comunitat tiene el porcentaje más alto de playas y calas en relación a la costa entre las comunidades peninsulares. El protocolo de Turisme se centrará en coordinar la acción diaria de carga de usuarios en las playas y en la corresponsabilidad de la ciudadanía.

Tras su reunión de este domingo con Pedro Sánchez y el resto de presidentes autonómicos, Puig ya hizo hincapié en que las playas no representan un peligro porque son espacios ventilados donde se puede mantener la distancia de seguridad. «Todos tenemos derecho al ocio en un año tan duro», ha exclamó.

Respecto al baño en las playas, previsto para la fase 3 de desescalada, el ‘president’ remarcó hace unas semanas que «ir a la playa no significa ir a una abarrotada masificada en pleno agosto, sino poderse bañar manteniendo la distancia y toda la prevención posible».

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Anticorrupción solicita 24 años de cárcel para Ábalos, 19 para Koldo y 7 para Aldama

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Koldo García, que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, comparece ante la comisión del Senado. EFE/ J.J. Guillén

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al Tribunal Supremo penas que van desde los 7 hasta los 24 años de prisión para los principales investigados del conocido caso Koldo, la presunta trama de corrupción ligada a contratos de mascarillas adjudicados durante la pandemia por el Ministerio de Transportes.

24 años de prisión y multa de casi 4 millones para José Luis Ábalos

El Ministerio Público pide una condena de 24 años de prisión para José Luis Ábalos, exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE.
La Fiscalía le atribuye cinco presuntos delitos:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Tráfico de influencias

  • Malversación

  • Uso de información privilegiada

Además, reclama para él una multa de 3,9 millones de euros y responsabilidades económicas conjuntas por los perjuicios ocasionados a dos empresas públicas.

19 años y medio de cárcel para Koldo García

Para Koldo García, exasesor ministerial de Ábalos, Anticorrupción solicita 19 años y medio de prisión, así como una multa también de 3,9 millones de euros, por los mismos delitos atribuidos al exministro.

La Fiscalía pide que tanto Ábalos como Koldo indemnicen de forma conjunta y solidaria a:

  • Ineco: 34.477,86 euros

  • Tragsatec: 9.500,54 euros

Asimismo, reclama el decomiso de al menos 430.298,4 euros, cantidad que correspondería a ganancias obtenidas mediante cohecho.

Atenuante de confesión para Víctor de Aldama

En el caso del empresario Víctor de Aldama, considerado presunto intermediario de la trama, la Fiscalía aplica la atenuante de confesión y solicita una pena de 7 años de prisión por:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Uso de información privilegiada

También reclama para él una multa de 3,8 millones de euros.

El origen de la causa

El escrito de acusación llega después de que el magistrado instructor del Supremo, Leopoldo Puente, propusiera el pasado 3 de noviembre juzgar a los tres implicados. Según el juez, se habrían concertado poco después de la llegada de Ábalos al Ministerio, buscando obtener beneficios económicos mediante su influencia en contratos públicos.

Puente dividió la causa en dos piezas:

  • La principal, centrada en los contratos de mascarillas.

  • Una pieza separada dedicada a la supuesta trama de cobro de comisiones por obra pública.

 

 

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