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124 detenidos en una macrooperación contra el contrabando de tabaco

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CÁCERES/VALÈNCIA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) – Agentes de la Guardia Civil han detenido a 124 personas en 22 provincias españolas, entre ellas València, Alicante y Castellón, por un delito continuado de contrabando de tabaco, en el marco de una macrooperación con origen en Extremadura, donde presuntamente compraban la mercancía que luego vendían «sin control fiscal ni sanitario».

Se trata de la segunda fase de la Operación ‘Pacote’, cuya primera fase se explotó en noviembre de 2017 con la detención de seis miembros de una misma familia dedicados al cultivo y la producción de tabaco en la provincia de Cáceres, quienes supuestamente introducían grandes partidas de su producción y de terceras personas en el mercado ilícito de España y Portugal. En esa ocasión se intervinieron 250.000 kilogramos.

Según informa la Guardia Civil en nota de prensa, la organización delincuencial contaba con «múltiples canales de envío de hoja de tabaco», ya que utilizaba empresas de mensajería o las furgonetas de alquiler, donde «cargaban la mercancía durante las horas nocturnas, con el fin de eludir los controles policiales».

Estas furgonetas que solían ir acompañadas de vehículos «lanzadera» para informar de la posible existencia de controles policiales.

Además de su propia producción, la organización recurría a terceras personas «para cubrir la demanda del mercado ilícito y del propio cupo asignado», ya sea en connivencia con ellos o exigiéndoles una contraprestación en género a cambio del secado de tabaco en las instalaciones de la empresa, explica la Benemérita.

Ahora, en esta segunda fase, se ha investigado parte de la información obtenida desde sus inicios, como que los presuntos autores, introdujeron en el mercado negro durante el año 2016 al menos 87.000 kilos de tabaco por medio de una empresa de mensajería.

En total, han sido detenidas 124 personas en 22 provincias, que son Albacete, Alicante, Almería, Badajoz, Barcelona, Cádiz, Castellón, Ciudad Real, Córdoba, Huelva, Jaén, La Coruña, León, Madrid, Málaga, Murcia, Navarra, Pontevedra, Sevilla, Tarragona, Toledo y Valencia.

EN ESTANCOS, BARES E INTERNET

La mayoría de los detenidos regentaban importantes puntos de distribución y venta de picadura de tabaco, en ocasiones medios directos de venta como propios domicilios, establecimientos abiertos al público, como bares y kioscos, mientras que en otras lo hacían mediante Internet.

La Guardia Civil ha confirmado que los ahora detenidos compraban el tabaco a los investigados en la primera fase a través de Internet, atraídos por anuncios que resaltaban, que se trataba de «tabaco natural directamente del agricultor», aunque «luego se detectara que contenía otras sustancias impropias al tabaco, que pudiera conllevar riesgo sanitario a los consumidores», señala.

Explica que esta fase de la investigación se prolongó en el tiempo más de un año, donde la Guardia Civil con el fin de extraer la suficiente carga probatoria para poder sostener las acusaciones formuladas, analizó más de 172.000 datos informáticos y cerca de 3000 envíos dirigidos a un total de 658 destinatarios, unas actuaciones que se han recogido en un sumario de mas de 5.000 folios.

La operación ha sido desarrollada por el Equipo de Policía Judicial y Equipo ROCA de la Guardia Civil de Llerena (Badajoz), con el apoyo de otras Unidades del Cuerpo y de la Unidad Técnica de Policía Judicial de Madrid. Asimismo se ha contado con el apoyo de la Dirección General de Agricultura de la Junta de Extremadura.

Por otro lado, señala que se han detectado presuntas irregularidades en el cobro de cantidades importantes en subvenciones públicas, que «están siendo examinadas para determinar el grado de participación de las personas implicadas», un extremo que unido a la investigación de otras vías de envío y distribución, están siendo aún analizados por la Guardia Civil.

Las diligencias instruidas, detenidos e investigados fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Llerena.

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Los supermercados españoles muestran su «firme oposición» a la reducción de la jornada laboral

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El presidente de ASEDAS, Josep Antoni Duran i Lleida. - Europa Press - Archivo

El sector de la distribución alimentaria rechaza el proyecto de ley del Gobierno

El presidente de la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas), Josep Antoni Duran i Lleida, ha remitido una carta oficial a la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en la que expresa la «firme oposición al Proyecto de Ley sobre la reducción de la jornada laboral», aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 6 de mayo y remitido ya a las Cortes para su tramitación parlamentaria.

Malestar en el sector por la forma en que se ha presentado la reforma

En la misiva, la patronal que representa a grandes cadenas como Mercadona, Dia, Lidl, Aldi y Uvesco, ha trasladado el «profundo malestar» de la distribución alimentaria ante la forma en que se ha planteado el proyecto. Denuncian que se ha presentado como una medida que beneficia especialmente a millones de trabajadores del comercio y la distribución, obviando el esfuerzo negociador que ya se refleja en los convenios vigentes.

«Como si en muchos años de fructífera negociación colectiva no se hayan tenido en cuenta sus necesidades, cuando los empresarios y los representantes de los trabajadores han acordado las mejores condiciones posibles para ambos», ha manifestado Duran i Lleida.

Críticas a los informes que sustentan la propuesta

Asedas sostiene que los informes que sustentan la propuesta del Gobierno muestran un «profundo desconocimiento» de la realidad socioeconómica y laboral del sector de la distribución. Además, critican que estos documentos proyectan una imagen negativa e injustificada de los supermercados, que —recuerdan— ofrecen un amplio servicio a la ciudadanía a través de sus horarios extendidos y su capacidad de adaptación a las necesidades del consumidor.

Solicitud de enmiendas a la totalidad y reclamación de diálogo social

Duran i Lleida ha atribuido el origen del conflicto a la falta de diálogo entre el Gobierno y los representantes empresariales. «Nos ha impedido explicarte con detalle por qué la consideramos inadecuada y perjudicial», expone en la carta enviada a Díaz.

Ante esta situación, ha anunciado que solicitarán a todos los grupos parlamentarios con representación en las Cortes que apoyen enmiendas a la totalidad del proyecto de ley de reducción de jornada.

El papel clave del sector de distribución alimentaria en el empleo

Asedas ha querido subrayar la importancia del sector de la distribución alimentaria como motor económico y de empleo en España. Recuerda que las empresas asociadas representan aproximadamente el 75% del total de la distribución alimentaria en el país y dan trabajo a más de 340.000 personas, consolidando a este sector como uno de los principales generadores de empleo estable y de calidad.

Además, destaca el papel de las pequeñas empresas: 214 enseñas locales integradas en Asedas dan empleo directo a más de 3.000 trabajadores, lo que pone de relieve el carácter descentralizado y diverso del tejido empresarial del sector.

Un modelo competitivo frente a Europa

En su posicionamiento, Asedas también recuerda que España cuenta con más empresas del sector de la alimentación que otros países de su entorno, en todos los tamaños y formatos. Este modelo, basado en la proximidad y en una fuerte capilaridad, ha convertido al sistema español de distribución alimentaria en uno de los «mejores y más competitivos del mundo», según palabras de la patronal.

Reclaman respeto a los convenios colectivos y una visión realista del sector

En el comunicado, Asedas no solo se posiciona en contra del fondo de la ley, sino también del enfoque y discurso con el que se ha impulsado. Consideran que no se ha tenido en cuenta la realidad compleja de un sector que opera con amplios horarios, gran movilidad laboral y capacidad de adaptación a las necesidades sociales y familiares de los consumidores.

«Los convenios colectivos vigentes reflejan ya acuerdos justos entre trabajadores y empresarios. Cambiar ese equilibrio sin consenso puede afectar negativamente a la estabilidad del sector», afirman desde la organización.

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