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5 detenidos y 89 denunciados, balance de la noche de Halloween en València

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La noche de Halloween en la Comunitat Valenciana estuvo marcada por las limitaciones aprobadas por la Generalitat para frenar el avance del coronavirus: no hubo incidentes graves pero los distintas cuerpos de policía sí que tuvieron que disolver varias fiestas privadas que superaban el límite de seis personas y denunciaron a otras decenas por saltarse el toque de queda.

La Policía de la Generalitat tuvo que cerrar dos fiestas ilegales y colaboró en la disolución de otras cinco fiestas con la Policía Nacional. Levantó 31 actas por no respetar las medidas anticovid, controló 90 establecimientos (de los que propuso sancionar a dos) e identificó a 52 personas.

En la ciudad de València, la Policía Local montó un dispositivo que empleó a 210 agentes. Se disolvieron un total de 17 reuniones privadas que superaban las seis personas. Se redactaron 89 denuncias por infringir el confinamiento nocturno que empezaba a medianoche y se levantaron 70 actas por mal uso de la mascarilla. También se detuvo a una persona por un delito de lesiones y a otra por agresión. Además, en los diversos controles de alcohol y drogas repartidos por toda la ciudad se detuvo a tres personas tras las pruebas de alcoholemia.

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Condena histórica al fiscal general: dos años de inhabilitación por revelación de secretos contra el novio de Ayuso

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Álvaro García Ortiz

El Tribunal Supremo (TS) ha condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortíz, a dos años de inhabilitación y a pagar una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de secretos. La sentencia afecta a Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a quien el Tribunal ordena indemnizar con 10.000 euros por daños morales.

Según la resolución del Supremo, García Ortíz vulneró la confidencialidad de información sensible relacionada con Alberto González Amador, un acto considerado grave por comprometer derechos fundamentales y la confianza en la administración pública.

Esta decisión del Tribunal Supremo marca un precedente significativo sobre la responsabilidad de altos cargos en el manejo de información confidencial, reforzando la protección jurídica frente a filtraciones o revelaciones indebidas.

 


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