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86 agresores sexuales han rebajado condenas en la Comunitat gracias a la ‘ley del solo sí es sí’

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agresores sexuales valencia
Irene Montero-INSTAGRAM
Madrid/València, 3 mar (OFFICIAL PRESS- EFE).-Un total de 86 agresores sexuales han visto rebajadas sus condenas en la Comunitat Valenciana gracias a la ley del solo sí es sí.

Las audiencias provinciales de la Comunitat Valenciana han rebajado 86 condenas a agresores sexuales, ocho de los cuales han sido excarcelados, en aplicación de la conocida como ley del solo sí es sí, según los datos oficiales hechos públicos este jueves por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

La Audiencia Provincial de Valencia ha reducido 23 condenas, la de Castellón 17 y la de Alicante 46. En Castellón se han producido cinco excarcelaciones y en Alicante tres, mientras que Valencia no ha aportado este dato.

La de Valencia, sin embargo, es la única de las tres audiencias que aporta la cifra total de condenas revisadas, con un total de 139, e informa de que tiene otros 105 asuntos en trámite.

Los tribunales españoles han acordado 721 reducciones de penas de agresores sexuales, que han supuesto al menos 74 excarcelaciones.

En un comunicado, este órgano puntualiza que no todos los juzgados le han facilitado la información completa solicitada, que irá actualizando de forma periódica.

En las cifras hechas públicas falta información sobre el total de sentencias revisadas en los diferentes juzgados desde la entrada en vigor de la ley el 7 de octubre, lo que impide conocer en cuántos casos se ha mantenido la pena, y tampoco aparecen todas las excarcelaciones acordadas.

De los tribunales que sí han facilitado el total de casos revisados, la mayoría ha mantenido más condenas que las que ha rebajado.

Por ejemplo, la Audiencia Provincial de Madrid había revisado hasta mediados de febrero 451 condenas (el 84 % de todas las susceptibles) y había bajado la pena en 71 casos (el 15,7 % de todas las estudiadas). Ocho de las rebajas derivaron en la excarcelación del preso.

El CGPJ, que señala que varios tribunales han achacado a la huelga de los letrados de la administración de justicia la dificultad para ofrecer datos completos, advierte también de que sus cifras no incluyen las revisiones de pena que se hayan podido tramitar en juzgados de lo penal, competentes para enjuiciar delitos penados con hasta cinco años de prisión.

Según las tablas facilitadas, las audiencias provinciales han acordado 674 reducciones de penas, que han derivado en 73 excarcelaciones; los tribunales superiores de justicia han dictado 37 rebajas, con una excarcelación; y el Tribunal Supremo ha tomado esa decisión en diez ocasiones.

Contra las resoluciones dictadas en las audiencias provinciales cabe recurso ante los respectivos tribunales superiores, con lo que las cifras podrían variar en el futuro. Esta semana el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León revocó una rebaja de pena que había acordado previamente la Audiencia de Zamora.

Según las cifras que ha logrado recopilar el CGPJ, la Audiencia Provincial de Madrid es la que más sentencias ha revisado.

El segundo lugar se sitúan las de la Comunitat Valenciana con 193 revisiones y 23 reducciones de condena; y Baleares, con 111 revisiones, 46 rebajas de pena y 6 excarcelaciones.

De las 50 audiencia provinciales, 19 no han facilitado datos del total de revisiones.

Solo en 7 de las 31 que sí han proporcionado ese dato son más las rebajas de penas que las condenas que se han mantenido.

Se trata de Burgos (21 revisiones y 12 rebajas), Cuenca (3 y 2), Lleida (12 y 8), Lugo (7 y 5), Ourense (12 y 9), Pontevedra (28 y 16) y Zamora (10 y 9).

También hay disparidad entre los tribunales superiores de justicia. Mientras que el catalán ha rebajado las cinco condenas que ha revisado, el de Castilla y León ha mantenido todas y ha revocado una rebaja.

El Tribunal Supremo ha bajado la pena en 10 de las 26 sentencias estudiadas. Tiene pendientes de resolver 224 recursos de casación.

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Valencia

Argüeso defiende su actuación durante la dana del 29O: «Fui al 112 y salvé muchas vidas»

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Valencia justicia dana

También respalda a Mazón y afirma que no tenía obligación de acudir al Cecopi

VALÈNCIA, 11 Abr. (EUROPA PRESS)
El exsecretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, ha asegurado este viernes ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja que el 29 de octubre de 2024, día en el que se produjo la devastadora DANA en la Comunitat Valenciana, se dirigió personalmente al centro 112 debido a la falta de respuesta a sus solicitudes de rescate. Según ha afirmado, su intervención directa permitió salvar numerosas vidas.

Argüeso ha declarado en calidad de investigado dentro del proceso judicial que analiza la gestión de la emergencia por la riada. Durante su testimonio, ha recalcado que no tenía competencias para convocar al Cecopi, algo que correspondía a la entonces consellera Salomé Pradas, quien lo hizo sobre las 15:00 horas. También ha defendido al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, asegurando que no fue convocado al Cecopi y que, por tanto, no tenía por qué acudir.

Según el exnúmero dos de Emergencias, la dirección del operativo estaba en manos de Pradas y de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé. Asimismo, ha asegurado que no fue informado de la retirada de los bomberos forestales del barranco del Poyo, y que lo desconocía hasta fechas recientes. Ha indicado además que el subdirector general de Emergencias, Jorge Suárez, estaba de vacaciones en esos días, y que su sustituta fue quien le pidió reincorporarse por la gravedad de la situación.

Gritos y protestas a su llegada a los juzgados

Argüeso ha llegado a los juzgados de València a las 9:45 horas, en medio de un ambiente de tensión. Familiares de víctimas y miembros de asociaciones lo recibieron con protestas, pancartas y gritos de “asesinos” y “di la verdad”, mientras sonaba una alarma del sistema ES-Alert. La Policía tuvo que intervenir para calmar los ánimos.


Salomé Pradas se desvincula de la dirección del operativo y se declara inexperta en emergencias

La exconsellera afirma que siguió siempre las instrucciones técnicas

También ha comparecido ante la jueza instructora la exconsellera de Justicia y Emergencias, Salomé Pradas, quien ha declarado durante casi tres horas, visiblemente emocionada. Pradas ha insistido en que no tenía experiencia en gestión de emergencias y que no dirigía el operativo, recalcando que fue su primera crisis de este tipo desde que asumió el cargo en julio de 2024.

Durante su testimonio, Pradas ha entregado un listado de llamadas realizadas y recibidas el día de la catástrofe, y ha explicado el rol de cada administración implicada. Ha señalado que la coordinación técnica recaía en el Puesto de Mando Avanzado (PMA), liderado por José Miguel Basset, ex inspector jefe del Consorcio de Bomberos.

En relación con el retraso del aviso ES-Alert enviado a la población, Pradas ha defendido que no fue responsabilidad de Carlos Mazón, sino que se siguieron las directrices técnicas. El mensaje se emitió a las 20:11 horas, cuando ya había localidades inundadas y personas atrapadas.

“229 fallecidos, 0 responsables”: el clamor de las víctimas

La llegada de Pradas a la Ciudad de la Justicia, sobre las 9:17 horas, también estuvo marcada por una protesta masiva. Manifestantes portaban pancartas con lemas como “Mazón dimisión”, “Valencia no olvida” y “Nuestros familiares han muerto por vuestra incompetencia”. Incluso se exhibió una figura gigante de Mazón con las manos rojas, simbolizando responsabilidad por la tragedia.

Pradas ha insistido en que su cargo era “institucional” y que eran los técnicos quienes tomaban decisiones. También ha señalado que no recibió ninguna advertencia sobre un posible desbordamiento del barranco del Poyo hasta avanzada la tarde, y que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) no emitió alertas previas concluyentes.


 

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