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Air Nostrum creará el mayor grupo de aviación regional de Europa

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VALÈNCIA, 22 Mar. – Air Nostrum cambiará su estructura en los próximos meses con la creación de siete sociedades para evitar duplicidades y que sus trabajadores puedan prestar servicios comunes a otras aerolíneas propias o de terceros, en una estrategia de consolidación y anticipación al momento «convulso» del sector.

Así lo ha anunciado el presidente de la firma valenciana, Carlos Bertomeu, en rueda de prensa tras presentar el plan a directivos, jefes de sección y sindicatos.

Este proceso afectará a la práctica totalidad de los 1.500 empleados de la aerolínea, que pasarán a las nuevas sociedades conservando su antigüedad y «todos los derechos laborales». Estarán radicadas en España y bajo legislación española en un procedimiento jurídico «muy garantista» que se prolongará durante tres o cuatro meses.

La marca mantendrá el nombre y continuará operando como hasta ahora, a la espera de autorización europea al reciente acuerdo de fusión con CityJet que permitirá crear «el mayor grupo de aviación regional de Europa».

Según la estrategia a largo plazo, tanto los pilotos como los tripulantes de cabina (TCP) permanecerán «normalmente» en la operadora Air Nostrum, mientras que los de nueva contratación servirán para «digerir los picos y bailes» en el arrendamiento de aeronaves con tripulación (‘wet lease’).

Bertomeu ha descartado que el plan suponga una deslocalización y ha insistido en que la meta es crecer, aumentar la flexibilidad y generar sinergias en un contexto «convulso» por el aumento del precio del dólar y la subida del precio del combustible, si bien ha avanzado que 2018 fue «un buen año» para Air Nostrum.

Fuente: (EUROPA PRESS)

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Francisco D’Agostino obtiene el embargo total de bienes de Manuel March tras sentencia por incumplimiento contractual

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El empresario hispanovenezolano Francisco D’Agostino, residente en España y con larga experiencia en el ámbito de las inversiones internacionales, ha obtenido una resolución favorable del Juzgado de Primera Instancia nº 10 de Madrid.

La jueza ordenó el embargo total de los bienes de Manuel March Cencillo, nieto del banquero Juan March Ordinas, fundador de la Banca March, por no haber cumplido con una sentencia de 2024 que lo obligaba a pagar más de tres millones de euros.

La disputa se originó tras la fallida venta de la finca Son Galcerán, una propiedad situada en las afueras de Valldemossa y con gran valor histórico. En 2021, March firmó un contrato para venderla a una sociedad vinculada a Francisco Javier D’Agostino Casado por 8 millones de euros, recibiendo 2,4 millones en concepto de arras y anticipo.

No obstante, el vendedor rompió el acuerdo unilateralmente y vendió el inmueble a otro comprador por una suma superior, sin devolver el adelanto previamente recibido.

En abril de 2024, el tribunal madrileño falló a favor de la parte compradora, obligando a March a reembolsar los 2,4 millones de euros y a pagar 300.000 euros adicionales por los daños y perjuicios pactados en el contrato.

Dado que no realizó el pago dentro del plazo establecido, la justicia procedió al embargo de sus bienes personales, cuentas bancarias, inversiones y propiedades, tanto en España como en el extranjero. Con intereses acumulados y costas judiciales, la deuda asciende a 3,5 millones de euros.

La finca Son Galcerán es una residencia histórica que perteneció al archiduque Luis Salvador de Austria y recibió visitas de la emperatriz Sissí.

La jueza del caso subrayó que no se había aportado una justificación válida ni creíble para la cancelación del contrato original, señalando que el único interés probado por parte del vendedor era obtener un beneficio económico mayor con la segunda venta.

Francisco D’Agostino Casado es cuñado de Luis Alfonso de Borbón, figura de la nobleza española y descendiente directo del rey Alfonso XIII.

Esta relación ha sido mencionada en distintos medios pero no ha influido en ningún aspecto del proceso judicial.

A principios de 2025, Francisco Javier D’Agostino Casado fue retirado de la lista de sancionados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, luego de que una investigación concluyera que sus actividades empresariales no guardaban relación alguna con el régimen de Nicolás Maduro.

 

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