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Alerta 112 inverso: El pitido que te avisará en tu móvil de una catástrofe

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alerta 112 inverso

La nueva alerta 112 inverso, así se llama, es el nuevo protocolo que está ensayando el Ministerio del Interior. Se trata de un aviso rápido de emergencias o catástrofes inminentes.

En el móvil suena un pitido, el teléfono vibra y se puede leer un mensaje que explica que es una prueba del sistema de alertas de protección civil a través de las redes de telefonía móvil y no hay que hacer nada especial.

Se trata del sistema ES-Alert, también conocido como 112 inverso, porque en este caso son los servicios de emergencias los que avisan a los ciudadanos.

Alerta 112 inverso

¿Quién envía las alertas?

Los centros de respuesta a emergencias, en coordinación con el Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación Emergencias del Ministerio del Interior. Interior realiza estos tests a través de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias.

¿Para qué sirven los avisos?

La tecnología ES-Alert se integra en la Red de Alerta Nacional y permite a Protección Civil enviar mensajes de alerta generalizados e inmediatos a los teléfonos móviles localizados en un área afectada por una emergencia o catástrofe. También avisará de condiciones climatológicas extremas, entre otras circunstancias.

¿Cuál es el texto del mensaje?

El texto reza: “Esto es un mensaje de prueba del nuevo sistema español de avisos de emergencias a través de redes de telefonía móvil «112 inverso» enviado por los Servicios de Protección Civil. Una vez leído el mensaje pulse Aceptar para eliminarlo de la pantalla. No es necesario realizar ninguna otra acción”.

¿Solo se envían alertas en español?

El sistema permite seleccionar el envío del mensaje tanto en español, como en inglés, lo que será de especié importancia si se tienen que usar en zonas turísticas.

¿Cuándo se pueden recibir estos avisos?

La campaña se desarrolla desde este lunes 24 de octubre hasta el 16 de noviembre.

¿Me puede llegar la alerta?

No se trata de un envío masivo a toda la población, en cada comunidad autónoma se realiza en un área determinada.

¿En qué comunidades autónomas se hace?

En todas, y también en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, pero se realiza de forma escalonada. El 27 de octubre en Extremadura, Comunidad Valenciana y Galicia; el 2 de noviembre, en Murcia, Baleares, Madrid, Aragón, Navarra y Cataluña; el 10 de noviembre se hará en País Vasco, Castilla y León, Canarias y Ceuta. Las últimas pruebas serán el 16 de noviembre en Castilla-La Mancha, La Rioja y Melilla.

¿Interior controla a los destinatarios?

No, se respeta la protección de datos, para enviarlo se cuenta con un sistema “ciego”, que no sabe nada de la persona que recibe la alerta, sino que se envía a las tarjetas SIM directamente por la ubicación de las mismas.

¿ES-Alert forma parte de un plan?

El despliegue forma parte de las medidas incluidas en el Plan para la Conectividad y las Infraestructuras digitales y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El sistema fue implementado el 21 de junio fruto de la colaboración entre los Ministerios del Interior y de Asuntos Económicos y Transformación Digital y está financiado por los fondos de recuperación europeos.

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Facebook cierra un grupo de 32.000 usuarios en Italia por difundir fotos íntimas sin consentimiento

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Meta ha cerrado un grupo de Facebook con más de 32.000 usuarios en el que se compartían imágenes íntimas de mujeres, muchas de ellas tomadas sin su consentimiento.

El grupo, llamado “Mia Moglie” (“Mi esposa”, en italiano), llevaba más de siete años activo, publicando fotos y comentarios de carácter sexista y misógino.

Facebook elimina un grupo que compartía imágenes íntimas sin consentimiento

Según ha explicado un portavoz de Meta a EFE, el grupo fue eliminado por infringir la normativa de la plataforma contra la explotación sexual de adultos:

“No permitimos contenidos que promocionen la violencia, los abusos o la explotación sexual. Si detectamos publicaciones que inciten a la violación o difundan material íntimo sin consentimiento, deshabilitamos grupos y cuentas y compartimos la información con las fuerzas de seguridad”.

El grupo, con 31.885 miembros, compartía fotos de mujeres en momentos privados, en ocasiones tomadas por sus propias parejas para difundirlas en el foro y comentarlas con otros usuarios. Parte del material estaba además generado con Inteligencia Artificial, lo que agrava la situación al simular escenas íntimas sin consentimiento.

Denuncias que provocaron el cierre del grupo

El caso salió a la luz gracias a la denuncia de la organización No Justice No Peace y de la escritora Carolina Capria, quien expuso el caso en su cuenta de Instagram.

Capria explicó:

“Me han informado de un grupo de Facebook con 32.000 usuarios en el que algunos hombres intercambian fotos íntimas de sus propias esposas para comentarlas y fantasear sexualmente. Mujeres que muchas veces ni siquiera saben que son fotografiadas, siendo sometidas a una especie de violación virtual”.

En apenas 48 horas, las denuncias se viralizaron en Italia, con críticas masivas desde la ciudadanía, asociaciones y figuras políticas, que presionaron a Meta hasta conseguir el cierre del grupo.

Reacciones políticas en Italia

El caso ha tenido eco en la política italiana. El Partido Demócrata (PD) denunció públicamente este tipo de violencia digital.

Roberta Mori, portavoz nacional de la Conferencia de Mujeres Democráticas, declaró:

“Alentar, tolerar o minimizar estas formas de violencia digital significa ser cómplice de una cultura de la violación que lleva siglos afectando a mujeres y niñas. La responsabilidad es individual, pero también colectiva cuando se difunden imágenes sin consentimiento”.

El marco legal: “Revenge porn” en Italia

En Italia, la difusión no consentida de imágenes sexuales explícitas se castiga bajo el delito de “revenge porn” recogido en el artículo 612-ter del Código Penal.

La norma establece que cualquier persona que publique, difunda o comparta imágenes privadas sin consentimiento puede enfrentarse a penas de prisión de 1 a 6 años y multas de entre 5.000 y 15.000 euros, salvo que el hecho constituya un delito más grave.

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