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Alfonso Grau condenado a cuatro años de prisión

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VALÈNCIA, 6 Jun.-

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a penas que suman cuatro años y dos días de prisión, así como dos años y un día de suspensión de empleo y cargo público, al que fuera primer teniente de alcalde de Valencia con el PP Alfonso Grau por aceptar relojes de lujo de un contratista del Ayuntamiento, cambiarlos por otros más caros y pagar la diferencia.

La sentencia declara probado que el político recibió en diciembre de 2010 y el mismo mes de 2011, en atención al cargo público que ejercía, sendos relojes de lujo que le había regalado un proveedor del Ayuntamiento, el empresario Urbano Catalán, responsable de Transvia y Viajes Privilege, también condenado a nueve meses y un día de cárcel en esta causa por un delito continuado de cohecho.

Según el tribunal, el entonces primer teniente de alcalde de València cambió los dos relojes en la joyería donde habían sido adquiridos por el empresario por otros de mayor valor y pagó la diferencia en metálico para «ocultar el origen ilícito» de los obsequios, informa el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

El empresario condenado era apoderado de varias empresas dedicadas al transporte urbano e interurbano que habían suscrito con el consistorio valenciano un total de 16 contratos entre los ejercicios 2006 y 2015.

En las mismas fechas del segundo regalo, diciembre de 2011, una de esas mercantiles, Transvia SL, había recibido la adjudicación por parte del Ayuntamiento de un contrato para el servicio de gestión y ejecución de fiestas y conmemoraciones para personas mayores por un importe de 652.748 euros, IVA incluido.

 

MÁS DE 25.000 EUROS DE LUCRO

La Sala cifra en 25.095 euros el lucro obtenido con ambas operaciones por el antiguo concejal y le impone una multa por igual cuantía. Por el delito continuado de cohecho, los magistrados le condenan a nueve meses y un día de prisión, así como a dos años y un día de suspensión de empleo y cargo público. Por el delito de blanqueo de capitales, le imponen tres años, tres meses y un día de cárcel.

La sentencia, que puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, impone asimismo a los dos condenados el pago de las costas del proceso.

La causa contra el que fuera mano derecha de la exalcaldesa fallecida Rita Barberá se abrió a finales de 2015, cuando el juzgado recibió una denuncia de la Fiscalía contra el político y el empresario.

Según explicaba el fiscal en su escrito, Transvia regalaba supuestamente a cambio de contratos relojes de alta gama al exvicealcalde, que el exedil del PP en el consistorio cambiaba por otros de precio superior y abonaba la diferencia, sistema que constituía el blanqueo.

Los investigadores pudieron rastrear esta actuación porque en los relojes figura el número de serie, que pudieron cotejar en el establecimiento donde se hacían los cambios, y así comprobar el proceso.

 

Fuente: Europa Press

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La defensa de Begoña Gómez pide archivar el caso y critica el impacto en la Justicia

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Juez Peinado

La defensa de Begoña Gómez ha solicitado al juez el archivo definitivo de la causa judicial que investiga su actividad profesional, al considerar que no existen fundamentos jurídicos suficientes. “Flaco favor se está haciendo a la imagen de la Justicia”, ha afirmado su abogado durante la vista celebrada este miércoles.

El procedimiento está dirigido por el magistrado Juan Carlos Peinado, quien ha reunido a las partes en un nuevo trámite en los juzgados de Madrid en plena Semana Santa.


La defensa insiste en el archivo del caso

El abogado de Gómez, Antonio Camacho, ha reiterado que no existe base para investigar los delitos que se le atribuyen, entre ellos malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional.

Durante su intervención, el letrado ha criticado la falta de imparcialidad en el proceso y ha calificado la situación como una “pesadilla jurídica”. Además, ha defendido que la investigación responde a intereses ajenos a la Justicia.

En la misma línea, la Fiscalía también ha vuelto a posicionarse a favor del archivo de la causa tras casi dos años de investigación.


Solicitud de nuevas pruebas y testigos

De forma preventiva, la defensa ha pedido al juez que, en caso de continuar el proceso, se practiquen nuevas diligencias. Entre ellas, destaca la declaración como testigo de José Manuel Ruano, vinculado a la actividad de Gómez en la Universidad Complutense de Madrid.

Asimismo, se han solicitado informes periciales para analizar:

  • El papel del cónyuge del presidente del Gobierno
  • El funcionamiento de las cátedras extraordinarias
  • El supuesto perjuicio económico a la universidad

Por su parte, la defensa de Cristina Álvarez, asesora de Gómez, también ha pedido documentación oficial que acredite sus funciones en La Moncloa.


Las acusaciones piden ampliar la investigación

En el lado opuesto, las acusaciones populares, lideradas por Hazte Oír, han solicitado al juez nuevas diligencias para profundizar en la investigación.

Entre sus peticiones se incluyen:

  • La vida laboral completa de Gómez
  • La actualización del salario de su asesora
  • Información sobre reuniones relacionadas con proyectos tecnológicos vinculados a su actividad

Posible juicio con jurado popular

El juez ha reiterado que, en caso de que el procedimiento continúe hasta juicio, este podría celebrarse ante un jurado popular. Esta decisión ya generó controversia y fue objeto de revisión por parte de la Audiencia Provincial de Madrid.

En una resolución reciente, Peinado defendió que existen indicios suficientes para continuar la causa, apuntando a un posible aprovechamiento de la posición institucional de Gómez, algo que la defensa rechaza y califica de “meras conjeturas”.


Origen del caso Begoña Gómez

La investigación se inició en abril de 2024 tras una denuncia del colectivo Manos Limpias y posteriormente se amplió con acciones judiciales impulsadas por Vox y otras entidades.

El caso analiza, por un lado, la relación profesional de Gómez con empresarios y la universidad, y por otro, el uso de recursos públicos en su actividad como esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.


Un caso con impacto político y mediático

La causa judicial contra Begoña Gómez sigue generando un fuerte impacto político y mediático en España, con posiciones enfrentadas entre las partes implicadas.

Mientras la defensa insiste en el archivo inmediato, las acusaciones reclaman seguir investigando, manteniendo abierto un proceso que continúa marcando la actualidad judicial y política del país.

 

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