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Valencia

Alfonso Grau recibió una comisión de un millón a través de cuentas en EE.UU. vinculadas a su hija, según la jueza

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El exvicealcalde de València Alfonso Grau. EFE/CATI CLADERA/Archivo

El exvicealcalde de Valencia y mano derecha de la fallecida Rita Barberá, Alfonso Grau, habría cobrado una comisión de un millón de euros por una operación urbanística a través de las cuentas de Estados Unidos de una de sus hijas, según sostiene la jueza encargada de la instrucción del caso Azud. Este caso, del que recientemente se ha levantado el secreto de sumario tras siete años de investigación, sigue destapando detalles sobre las presuntas actividades ilícitas de Grau.

Detalles del auto judicial en el caso Azud

Según un auto del Juzgado de Instrucción número 13 de Valencia, fechado en mayo de 2021, se señala que Grau habría recibido comisiones ilegales a cambio de favorecer adjudicaciones de obra pública en la ciudad. Recientemente condenado a cuatro años y medio de prisión por financiación irregular del PP local y a nueve meses de cárcel en 2022 por aceptar regalos de lujo, Grau está vinculado con varias tramas de corrupción que involucran operaciones urbanísticas.

Las operaciones urbanísticas y el empresario Jaume Febrer

La investigación de la jueza ha puesto en evidencia la implicación de Alfonso Grau en al menos ocho tramas de corrupción ligadas al empresario Jaume Febrer y sus empresas del grupo Axis. La jueza afirma que Grau utilizó su cargo público para facilitar expedientes administrativos de manera arbitraria, favoreciendo a estas empresas a cambio de comisiones.

Un estudio económico desvela el incremento patrimonial ilícito

Para desenmascarar estas prácticas, se ha realizado un exhaustivo estudio económico del entorno familiar y empresarial de Grau, abarcando también a sus dos hijas y sus respectivas parejas. Entre los años 2004 y 2014, se detectó un incremento patrimonial no justificado de 728.051,75 euros, manejados principalmente en efectivo y ocultados a través de compras de inmuebles y otras estrategias financieras. Esta actividad también involucraba la sociedad mercantil Edificio Familia 3000 S.L., vinculada a Grau y su familia.

La cuenta en EE.UU. y la comisión de un millón de euros

Uno de los detalles más impactantes revelados por la jueza es que una de las hijas de Grau, casada con un ciudadano estadounidense, tenía una cuenta en EE.UU. utilizada para canalizar una comisión de un millón de euros. Según la investigación, Febrer utilizó esta cuenta para pagar a Grau en noviembre de 2006 por facilitar una operación urbanística vinculada a la empresa Mediterráneas de Actuaciones Integradas, en la que también participaba la mercantil Construcciones Valencia Constitución SL. La jueza descubrió que esta cuenta ya había sido usada en una operación inmobiliaria previa.

Contexto del caso Azud

El caso Azud investiga una compleja trama de corrupción vinculada al Ayuntamiento de Valencia bajo la administración de la exalcaldesa del PP Rita Barberá. Empresas adjudicatarias de obra pública supuestamente pagaban sobornos a cambio de contratos municipales. Los delitos investigados en esta causa incluyen blanqueo de capitales, cohecho, tráfico de influencias y falsedad documental.

Este caso continúa su curso, y los recientes hallazgos no solo han revelado la profundidad de las actividades ilícitas, sino también el entramado familiar y financiero que sustentaba estas operaciones.

Alfonso Grau, protagonista de «ocho tramas»: radiografía de la corrupción urbanística

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Valencia

Esto es lo que dice la Guardia Civil sobre el uso de bengalas en restaurantes

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Esto es lo que dice la Guardia Civil sobre el uso de bengalas en restaurantes-FREEPIK

La Guardia Civil ha defendido la normativa nacional sobre pirotecnia que regula el uso de bengalas con un fin recreativo en restaurantes y otros espacios de ocio tras los incidentes generados en España. El instituto armado recuerda que España es un referente en regulación frente a otros países europeos, donde el uso de pirotecnia ha estado vinculado a altercados y tragedias recientes.

Contexto europeo y comparación con España

La Guardia Civil sostiene que en España la pirotecnia no supone un problema generalizado como ocurre en otros países europeos, donde se ha utilizado por mafias o en altercados. Como ejemplos, recuerda los disturbios de Berlín durante la pasada Navidad o la tragedia en un bar de Suiza en una fiesta de Año Nuevo que dejó 40 personas fallecidas.

«No tiene por qué haber peligro si se siguen las instrucciones de uso»

«No tiene por qué haber peligro si se siguen las instrucciones de uso y son productos certificados para uso en interior», ha señalado en declaraciones a Europa Press el capitán Ismael Huerta, de la Intervención Central de Armas y Explosivos (ICAE) de la Guardia Civil, al valorar el uso cada vez más generalizado de bengalas con fines recreativos y festivos en interiores de locales de ocio.

El capitán Huerta se remite a la regulación estatal sobre los artículos pirotécnicos y la cartuchería, dimanante del Real Decreto 989/2015, junto a la ley orgánica de seguridad ciudadana y una directiva europea. También destaca la implicación de los más de cien talleres que existen en España, en su mayoría pequeñas y medianas empresas, que son las primeras interesadas en evitar riesgos.

La importancia de leer las instrucciones y cumplir la normativa

«Es importante, además, que el usuario final atienda a si esa bengala se puede usar en interiores, y eso se comprueba leyendo las instrucciones de uso», ha añadido el responsable de la ICAE. Ha recordado que este tipo de artículos se vigilan desde su entrada en España y que su venta se regula en función de su peligrosidad.

La normativa impide, por ejemplo, la manipulación de bengalas por niños menores de doce años con carácter general.

Preocupación por la pirotecnia en otros países europeos

El capitán Huerta diferencia la situación europea del control existente en España y sitúa a nuestro país a la vanguardia en regulación por dos razones principales: la larga tradición de fiestas con pirotecnia, como las Fallas de Valencia, y la experiencia acumulada por la Guardia Civil en la lucha contra el terrorismo.

«A nivel europeo es verdad que la pirotecnia se está convirtiendo en una preocupación para muchos países de nuestro entorno por todas las afecciones que tiene para la seguridad, por los desvíos de las materias, la utilización por parte de mafias, incluso en atentados o para atacar a las fuerzas y cuerpos de seguridad», ha expuesto.

En este sentido, recuerda lo ocurrido en Berlín, donde las autoridades informaron de la detención de 420 personas por disturbios en Nochevieja, con 30 agentes heridos, así como incidentes en Países Bajos e Italia por el uso privado de fuegos artificiales.

«Aquí en España no hay esa problemática; no quiere decir que no haya problemas, pero es verdad que no hay una problemática muy aguda en ninguna de las partes, ni hay robos ni desvíos; no quiere decir que no haya ningún caso, pero no es un problema como para tomar más medidas», ha sostenido.

Mesa de trabajo con el sector y control exhaustivo

El capitán Huerta se remite a la participación de la Guardia Civil en una mesa de trabajo con las empresas del sector en España y en grupos con otros países de la Unión Europea. En este ámbito, España inspira al resto de países para adoptar medidas que aquí se aplican desde hace años.

«Las medidas de seguridad en España, tanto de los explosivos como de la pirotecnia, son muy exhaustivas y se ejerce mucho mayor control que en el resto de países europeos; de hecho, hay muchos países europeos que han adoptado medidas que nosotros ya tenemos en nuestro reglamento», ha indicado.

Vigilancia en otros usos de bengalas y la Operación Signal

El trabajo preventivo de la ICAE de la Guardia Civil se extiende también a otros usos de bengalas, como el ámbito marítimo. La Operación Signal se saldó con 400 inspecciones sobre material potencialmente peligroso y con fecha de caducidad, por lo que su uso en el mar está especialmente vigilado.

«El interés de la Guardia Civil no es poner una infracción, sino que las cosas se hagan bien y que, si en algún caso se detecta algún ilícito penal o administrativo, el guardia civil tenga más herramientas gracias a que se han unificado criterios a nivel nacional», ha recordado el capitán Huerta.

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