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Valencia

Alfonso Grau recibió una comisión de un millón a través de cuentas en EE.UU. vinculadas a su hija, según la jueza

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Alfonso Grau hija
El exvicealcalde de València Alfonso Grau. EFE/CATI CLADERA/Archivo

El exvicealcalde de Valencia y mano derecha de la fallecida Rita Barberá, Alfonso Grau, habría cobrado una comisión de un millón de euros por una operación urbanística a través de las cuentas de Estados Unidos de una de sus hijas, según sostiene la jueza encargada de la instrucción del caso Azud. Este caso, del que recientemente se ha levantado el secreto de sumario tras siete años de investigación, sigue destapando detalles sobre las presuntas actividades ilícitas de Grau.

Detalles del auto judicial en el caso Azud

Según un auto del Juzgado de Instrucción número 13 de Valencia, fechado en mayo de 2021, se señala que Grau habría recibido comisiones ilegales a cambio de favorecer adjudicaciones de obra pública en la ciudad. Recientemente condenado a cuatro años y medio de prisión por financiación irregular del PP local y a nueve meses de cárcel en 2022 por aceptar regalos de lujo, Grau está vinculado con varias tramas de corrupción que involucran operaciones urbanísticas.

Las operaciones urbanísticas y el empresario Jaume Febrer

La investigación de la jueza ha puesto en evidencia la implicación de Alfonso Grau en al menos ocho tramas de corrupción ligadas al empresario Jaume Febrer y sus empresas del grupo Axis. La jueza afirma que Grau utilizó su cargo público para facilitar expedientes administrativos de manera arbitraria, favoreciendo a estas empresas a cambio de comisiones.

Un estudio económico desvela el incremento patrimonial ilícito

Para desenmascarar estas prácticas, se ha realizado un exhaustivo estudio económico del entorno familiar y empresarial de Grau, abarcando también a sus dos hijas y sus respectivas parejas. Entre los años 2004 y 2014, se detectó un incremento patrimonial no justificado de 728.051,75 euros, manejados principalmente en efectivo y ocultados a través de compras de inmuebles y otras estrategias financieras. Esta actividad también involucraba la sociedad mercantil Edificio Familia 3000 S.L., vinculada a Grau y su familia.

La cuenta en EE.UU. y la comisión de un millón de euros

Uno de los detalles más impactantes revelados por la jueza es que una de las hijas de Grau, casada con un ciudadano estadounidense, tenía una cuenta en EE.UU. utilizada para canalizar una comisión de un millón de euros. Según la investigación, Febrer utilizó esta cuenta para pagar a Grau en noviembre de 2006 por facilitar una operación urbanística vinculada a la empresa Mediterráneas de Actuaciones Integradas, en la que también participaba la mercantil Construcciones Valencia Constitución SL. La jueza descubrió que esta cuenta ya había sido usada en una operación inmobiliaria previa.

Contexto del caso Azud

El caso Azud investiga una compleja trama de corrupción vinculada al Ayuntamiento de Valencia bajo la administración de la exalcaldesa del PP Rita Barberá. Empresas adjudicatarias de obra pública supuestamente pagaban sobornos a cambio de contratos municipales. Los delitos investigados en esta causa incluyen blanqueo de capitales, cohecho, tráfico de influencias y falsedad documental.

Este caso continúa su curso, y los recientes hallazgos no solo han revelado la profundidad de las actividades ilícitas, sino también el entramado familiar y financiero que sustentaba estas operaciones.

Alfonso Grau, protagonista de «ocho tramas»: radiografía de la corrupción urbanística

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Valencia

La AVL rechaza cambiar a tilde cerrada el topónimo oficial ‘València’

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valencia cambio denominación bilingue
Vista general del pleno del Ayuntamiento de València, que ha aprobado conceder la distinción de alcaldesa honoraria, a título póstumo, a Rita Barberá, e iniciar el procedimiento para el cambio de denominación de la ciudad por la versión bilingüe. EFE/Biel Aliño

La Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) ha aprobado un informe en el que rechaza la propuesta de modificar el topónimo oficial en valenciano de la ciudad para escribirlo con tilde cerrada —‘Valéncia’— y mantiene la grafía actual: València.

El documento, aprobado por una amplia mayoría en el pleno celebrado este viernes, será remitido a la Dirección General de Administración Local de la Generalitat y posteriormente se hará público con toda su argumentación técnica y filológica.


La propuesta partió del Ayuntamiento de València

El debate se reactivó después de que el pleno del Ayuntamiento de València aprobara en diciembre de 2025 solicitar el cambio del topónimo por la versión bilingüe ‘Valencia’ (castellano) y ‘Valéncia’ (valenciano con tilde cerrada).

La iniciativa salió adelante con los votos del equipo de gobierno municipal (PP y Vox) y el rechazo de la oposición (Compromís y PSPV-PSOE). El ejecutivo local justificó la petición en un estudio técnico encargado al lingüista y académico de la propia AVL Abelard Saragossà.


La Generalitat debe recabar informe preceptivo

La competencia para fijar la toponimia oficial de los municipios corresponde a la Generalitat Valenciana, que debe solicitar un informe preceptivo a la AVL antes de adoptar cualquier decisión.

A partir de ahora, se abrirá un periodo de alegaciones tras la emisión de la resolución del ente normativo.


La AVL mantiene el criterio fijado en 2016

La decisión adoptada sigue la misma línea que el acuerdo alcanzado por la AVL en diciembre de 2016. Entonces ya se concluyó que, aunque la pronunciación recomendada para los valencianos es con ‘e’ cerrada, la grafía adecuada desde el punto de vista histórico y lingüístico del topónimo es València, con tilde abierta.

El informe aprobado ahora refuerza ese criterio y defiende la coherencia normativa y filológica del nombre oficial.


Apoyo académico al mantenimiento de ‘València’

También se han pronunciado otras entidades académicas, como el Instituto Interuniversitario de Filología Valenciana (IIFV) —integrado por las universidades de Alicante, València y Jaume I de Castelló—, que defiende mantener el topónimo oficial en valenciano.

El IIFV advierte de que alterar la grafía sin criterios filológicos consolidados supondría una fractura cultural y lingüística sin justificación académica.

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