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Valencia

Alfonso Grau recibió una comisión de un millón a través de cuentas en EE.UU. vinculadas a su hija, según la jueza

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Alfonso Grau hija
El exvicealcalde de València Alfonso Grau. EFE/CATI CLADERA/Archivo

El exvicealcalde de Valencia y mano derecha de la fallecida Rita Barberá, Alfonso Grau, habría cobrado una comisión de un millón de euros por una operación urbanística a través de las cuentas de Estados Unidos de una de sus hijas, según sostiene la jueza encargada de la instrucción del caso Azud. Este caso, del que recientemente se ha levantado el secreto de sumario tras siete años de investigación, sigue destapando detalles sobre las presuntas actividades ilícitas de Grau.

Detalles del auto judicial en el caso Azud

Según un auto del Juzgado de Instrucción número 13 de Valencia, fechado en mayo de 2021, se señala que Grau habría recibido comisiones ilegales a cambio de favorecer adjudicaciones de obra pública en la ciudad. Recientemente condenado a cuatro años y medio de prisión por financiación irregular del PP local y a nueve meses de cárcel en 2022 por aceptar regalos de lujo, Grau está vinculado con varias tramas de corrupción que involucran operaciones urbanísticas.

Las operaciones urbanísticas y el empresario Jaume Febrer

La investigación de la jueza ha puesto en evidencia la implicación de Alfonso Grau en al menos ocho tramas de corrupción ligadas al empresario Jaume Febrer y sus empresas del grupo Axis. La jueza afirma que Grau utilizó su cargo público para facilitar expedientes administrativos de manera arbitraria, favoreciendo a estas empresas a cambio de comisiones.

Un estudio económico desvela el incremento patrimonial ilícito

Para desenmascarar estas prácticas, se ha realizado un exhaustivo estudio económico del entorno familiar y empresarial de Grau, abarcando también a sus dos hijas y sus respectivas parejas. Entre los años 2004 y 2014, se detectó un incremento patrimonial no justificado de 728.051,75 euros, manejados principalmente en efectivo y ocultados a través de compras de inmuebles y otras estrategias financieras. Esta actividad también involucraba la sociedad mercantil Edificio Familia 3000 S.L., vinculada a Grau y su familia.

La cuenta en EE.UU. y la comisión de un millón de euros

Uno de los detalles más impactantes revelados por la jueza es que una de las hijas de Grau, casada con un ciudadano estadounidense, tenía una cuenta en EE.UU. utilizada para canalizar una comisión de un millón de euros. Según la investigación, Febrer utilizó esta cuenta para pagar a Grau en noviembre de 2006 por facilitar una operación urbanística vinculada a la empresa Mediterráneas de Actuaciones Integradas, en la que también participaba la mercantil Construcciones Valencia Constitución SL. La jueza descubrió que esta cuenta ya había sido usada en una operación inmobiliaria previa.

Contexto del caso Azud

El caso Azud investiga una compleja trama de corrupción vinculada al Ayuntamiento de Valencia bajo la administración de la exalcaldesa del PP Rita Barberá. Empresas adjudicatarias de obra pública supuestamente pagaban sobornos a cambio de contratos municipales. Los delitos investigados en esta causa incluyen blanqueo de capitales, cohecho, tráfico de influencias y falsedad documental.

Este caso continúa su curso, y los recientes hallazgos no solo han revelado la profundidad de las actividades ilícitas, sino también el entramado familiar y financiero que sustentaba estas operaciones.

Alfonso Grau, protagonista de «ocho tramas»: radiografía de la corrupción urbanística

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Valencia

La celebración del Festival de les Arts y BigSound, en peligro por una sentencia judicial en València

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Festival de les Arts 2026
Imagen de un concierto en la Ciudad de las Artes de València - EUROPA PRESS

El juez ordena medidas contra la contaminación acústica en la Ciudad de las Artes y reconoce indemnizaciones a vecinos

La Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia número 8 de València ha estimado la demanda presentada por vecinos de dos edificios y ha ordenado al Ayuntamiento de la capital adoptar medidas para evitar que el ruido de discotecas y conciertos en la Ciudad de las Artes y las Ciencias vulnere derechos fundamentales.

La resolución judicial incluye la posibilidad de revocar autorizaciones o reubicar eventos y reconoce además el derecho de los vecinos a ser indemnizados por daño moral.

El Ayuntamiento vulneró derechos fundamentales, según la sentencia

Así lo señala el fallo, fechado el 24 de marzo, al que ha tenido acceso Europa Press. El magistrado declara que el Ayuntamiento de València ha vulnerado el derecho fundamental a la intimidad y a la integridad moral de los vecinos demandantes.

Los afectados residen en dos edificios de la avenida Profesor López Piñero, en las inmediaciones del recinto de CACSA, donde se celebran conciertos y eventos. El origen del proceso se remonta a una reclamación presentada en 2022.

Indemnización de 3.000 euros por daños morales

En la resolución, contra la que cabe recurso, el juez condena al consistorio a indemnizar con 3.000 euros a cada vecino demandante. Considera esta cantidad “proporcional” teniendo en cuenta el tiempo durante el que han sufrido las molestias.

El magistrado subraya que no es necesario aportar pruebas médicas para acreditar el daño moral, apoyándose en jurisprudencia consolidada:

  • La exposición continuada a ruido intenso genera daño moral
  • Provoca desasosiego, sufrimiento e incomodidad
  • Supone una merma en la calidad de vida

“El simple hecho de estar sometido de forma continuada a ruidos de ciertas características constituye un daño moral”, recoge la sentencia.

El control del ruido es competencia municipal

El fallo recuerda que corresponde al Ayuntamiento ejercer las inspecciones necesarias para garantizar que las actividades cumplen la normativa, en base a la Ley 7/2002 de la Generalitat sobre contaminación acústica.

Además, aclara que aunque ciertas actividades no requieran licencia previa, esto no elimina el control posterior:

  • El Ayuntamiento debe inspeccionar
  • Puede sancionar incumplimientos
  • Debe garantizar el respeto a la normativa acústica

“El hecho de que las actividades se desarrollen en ese entorno no implica que gocen de patente de corso en materia de contaminación acústica”, señala el magistrado.

“Ruidos insoportables” por conciertos y discotecas

Los vecinos denunciaron que los eventos celebrados en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, como conciertos o la actividad de la terraza del Umbracle, generan niveles de ruido “insoportables”.

Según informes periciales:

  • Se registraron niveles de hasta 80 dBA
  • Se superaron los límites legales de 45 dBA nocturnos y 55 diurnos
  • Se detectaron molestias en festivales como Big Sound, Love the 90’s o Festival de les Arts

Estas mediciones evidencian, según los demandantes, una vulneración de los límites acústicos establecidos en la ordenanza municipal.

Falta de control municipal en la zona

El magistrado también critica la actuación del Ayuntamiento, señalando que los controles han sido “escasísimos”, deficientes e ineficaces.

Según recoge la sentencia:

  • No se han realizado mediciones adecuadas en viviendas
  • Se han ignorado numerosas quejas vecinales
  • La mayoría de actas se centran en el Umbracle, sin control sobre conciertos

Además, considera que el consistorio no ha demostrado haber adoptado medidas eficaces para proteger los derechos de los vecinos tras la reclamación.

Postura del Ayuntamiento y de la Generalitat

El Ayuntamiento defendió que no tenía competencia directa, alegando que la Generalitat declaró en 2006 de interés general la Ciudad de las Artes y las Ciencias, excluyendo ciertas actividades de licencia municipal.

También cuestionó los informes periciales al considerar que no medían el ruido de fondo sin actividad.

Por su parte, desde la Ciudad de las Artes y las Ciencias se ha indicado que la resolución corresponde al Ayuntamiento, mientras que el fiscal se opuso inicialmente a la demanda al no apreciar inactividad municipal suficiente.

El Ayuntamiento estudiará la sentencia

Fuentes municipales han confirmado que los servicios jurídicos del consistorio analizarán el fallo, que no es firme y puede ser recurrido.

Además, recuerdan que los hechos denunciados se remontan a 2018 y que la demanda se presentó en mayo de 2023, antes de la llegada de la actual corporación municipal.

Desde la Ciudad de las Artes y las Ciencias también han señalado que su departamento jurídico está valorando la sentencia.

Un fallo con impacto en el modelo de eventos en València

Esta sentencia puede tener consecuencias importantes en la celebración de conciertos, festivales y actividades en la Ciudad de las Artes y las Ciencias.

El fallo reabre el debate sobre:

  • La convivencia entre ocio y vecinos
  • El control del ruido en grandes eventos
  • El modelo de festivales urbanos en València

La posible reubicación o limitación de eventos marca un punto de inflexión en la gestión de la actividad cultural en la ciudad.

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