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Valencia

Alfonso Grau recibió una comisión de un millón a través de cuentas en EE.UU. vinculadas a su hija, según la jueza

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Alfonso Grau hija
El exvicealcalde de València Alfonso Grau. EFE/CATI CLADERA/Archivo

El exvicealcalde de Valencia y mano derecha de la fallecida Rita Barberá, Alfonso Grau, habría cobrado una comisión de un millón de euros por una operación urbanística a través de las cuentas de Estados Unidos de una de sus hijas, según sostiene la jueza encargada de la instrucción del caso Azud. Este caso, del que recientemente se ha levantado el secreto de sumario tras siete años de investigación, sigue destapando detalles sobre las presuntas actividades ilícitas de Grau.

Detalles del auto judicial en el caso Azud

Según un auto del Juzgado de Instrucción número 13 de Valencia, fechado en mayo de 2021, se señala que Grau habría recibido comisiones ilegales a cambio de favorecer adjudicaciones de obra pública en la ciudad. Recientemente condenado a cuatro años y medio de prisión por financiación irregular del PP local y a nueve meses de cárcel en 2022 por aceptar regalos de lujo, Grau está vinculado con varias tramas de corrupción que involucran operaciones urbanísticas.

Las operaciones urbanísticas y el empresario Jaume Febrer

La investigación de la jueza ha puesto en evidencia la implicación de Alfonso Grau en al menos ocho tramas de corrupción ligadas al empresario Jaume Febrer y sus empresas del grupo Axis. La jueza afirma que Grau utilizó su cargo público para facilitar expedientes administrativos de manera arbitraria, favoreciendo a estas empresas a cambio de comisiones.

Un estudio económico desvela el incremento patrimonial ilícito

Para desenmascarar estas prácticas, se ha realizado un exhaustivo estudio económico del entorno familiar y empresarial de Grau, abarcando también a sus dos hijas y sus respectivas parejas. Entre los años 2004 y 2014, se detectó un incremento patrimonial no justificado de 728.051,75 euros, manejados principalmente en efectivo y ocultados a través de compras de inmuebles y otras estrategias financieras. Esta actividad también involucraba la sociedad mercantil Edificio Familia 3000 S.L., vinculada a Grau y su familia.

La cuenta en EE.UU. y la comisión de un millón de euros

Uno de los detalles más impactantes revelados por la jueza es que una de las hijas de Grau, casada con un ciudadano estadounidense, tenía una cuenta en EE.UU. utilizada para canalizar una comisión de un millón de euros. Según la investigación, Febrer utilizó esta cuenta para pagar a Grau en noviembre de 2006 por facilitar una operación urbanística vinculada a la empresa Mediterráneas de Actuaciones Integradas, en la que también participaba la mercantil Construcciones Valencia Constitución SL. La jueza descubrió que esta cuenta ya había sido usada en una operación inmobiliaria previa.

Contexto del caso Azud

El caso Azud investiga una compleja trama de corrupción vinculada al Ayuntamiento de Valencia bajo la administración de la exalcaldesa del PP Rita Barberá. Empresas adjudicatarias de obra pública supuestamente pagaban sobornos a cambio de contratos municipales. Los delitos investigados en esta causa incluyen blanqueo de capitales, cohecho, tráfico de influencias y falsedad documental.

Este caso continúa su curso, y los recientes hallazgos no solo han revelado la profundidad de las actividades ilícitas, sino también el entramado familiar y financiero que sustentaba estas operaciones.

Alfonso Grau, protagonista de «ocho tramas»: radiografía de la corrupción urbanística

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Valencia

Ribó imputado por supuesta construcción ilegal de piscina en Alboraia

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Joan Ribó imputado

VALÈNCIA. La presunta edificación irregular de una piscina municipal promovida por el Ayuntamiento de Alboraia en terrenos pertenecientes a València está generando controversia legal. Esta situación no solo afecta al consistorio de l’Horta Nord, sino también a la capital del Turia, ya que su exalcalde, Joan Ribó, ha sido citado a declarar como investigado en el proceso judicial.

El Juzgado de Instrucción Nº 19 de València ha admitido la solicitud de comparecencia formulada por la Asociación para la Defensa del Estado de Derecho, que ejerce la acusación popular y está presidida por la exalcaldesa de Catarroja, María Ángeles López. Según el auto judicial al que ha accedido Valencia Plaza, Ribó deberá comparecer el próximo 22 de julio.

La mencionada asociación, representada por el abogado Víctor Soriano, sostiene que existía conocimiento previo por parte de Joan Ribó y la exconcejala de Urbanismo, Sandra Gómez, sobre la construcción de la piscina, dado que su emplazamiento fue ampliamente difundido en medios de comunicación.

 

Sin embargo, afirman que no se tomaron medidas administrativas para legalizar la situación o iniciar procedimientos sancionadores.

Tanto el Ayuntamiento de València como el de Alboraia están bajo investigación por esta supuesta irregularidad urbanística. Desde 2022, el consistorio de Alboraia impulsó la construcción de la piscina en terrenos propios ubicados dentro del término municipal de València.

Según las declaraciones recopiladas en la instrucción judicial, estos terrenos se encontrarían en un proceso de segregación para ser incorporados al municipio de Alboraia.

Plan General de Alboraia

El Plan General de Alboraia los clasifica como suelo urbano, mientras que el de València los considera suelo protegido no urbanizable.

El complejo acuático en cuestión es una piscina municipal al aire libre, cuyo coste ascendió a 1,2 millones de euros, financiado parcialmente con una subvención de la Diputación de València. Su ubicación colinda con el campo de fútbol del Alboraya UD, pero según la investigación, fue construido en terrenos no urbanizables catalogados como huerta protegida.

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