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Valencia

Alfonso Grau quedará en libertad esta semana

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regalos caso Azud

València, 18 oct (EFE).- El exvicealcalde de València Alfonso Grau, que ingresó en prisión el pasado 15 de mayo por su implicación en el conocido como caso Azud, abandonará el centro penitenciario de Picassent esta misma semana, según han informado a EFE fuentes judiciales.

Las mismas fuentes han indicado que la permanencia de Grau -de 80 años- en prisión ya no es necesaria para el desarrollo de la investigación, que ha podido avanzar de forma satisfactoria.

En el marco del caso Azud, el Juzgado de Instrucción número 13 investiga el supuesto cobro de comisiones irregulares en el Ayuntamiento de València. Un proceso que nació en 2017 pero que no saltó a la luz pública hasta 2019, con la detención de José María Corbín, abogado y cuñado de la exalcaldesa Rita Barberá (PP).

Concretamente, se analizan varias operaciones urbanísticas y adjudicaciones de contratos en el Ayuntamiento de València, en otros consistorios de la Comunitat Valenciana y en diversas entidades públicas locales y estatales. El grueso de las pesquisas se centra en el periodo comprendido entre los años 2004 y 2011.

Grau entró en el centro penitenciario junto con el empresario Jaime María Febrero y el entonces subdelegado del Gobierno en Valencia, Rafael Rubio, aunque es el único que todavía permanece en prisión.

Las tres detenciones se practicaron después de los registros practicados en las oficinas del grupo CVC Axis (Construcciones Valencia Constitución).

En el despacho de esta firma, propiedad del empresario Jaime Febrer, se halló documentación que permitió llegar hasta el que fue «número dos» en los sucesivos gobiernos de Rita Barberá, Alfonso Grau, y el socialista Rafael Rubio, que lideró la oposición socialista en aquellos años y ocupó cargos de responsabilidad en empresas municipales.

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Valencia

Estas son las nuevas multas por ensuciar las calles de Valencia

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suciedad en València

El Ayuntamiento de Valencia ha aprobado nuevas medidas para reforzar la limpieza urbana y sancionar comportamientos incívicos en la vía pública. La Junta de Gobierno Local ha iniciado el trámite para modificar la Ordenanza de Limpieza, adaptándola a la normativa estatal y autonómica, incluyendo nuevas infracciones y aumentando las multas por las conductas que más ensucian la ciudad.

Multas más severas para comportamientos incívicos

Las sanciones se incrementan considerablemente y abarcan desde residuos domésticos hasta actos de maltrato al patrimonio urbano:

  • Abandonar basura y residuos en la vía pública: hasta 3.000 euros.

  • Tirar colillas, chicles, papeles o cáscaras fuera de papeleras: hasta 1.500 euros.

  • Depositar elementos voluminosos en papeleras o contenedores: hasta 3.000 euros.

  • Escupir o hacer las necesidades fisiológicas en la vía pública: hasta 3.000 euros.

  • Pintadas o grafitis en bienes patrimoniales: hasta 3.000 euros.

  • No retirar escombros de obras en la vía pública: hasta 1.500 euros.

  • Propietarios de mascotas que no recojan orines o excrementos: hasta 1.500 euros.

Obligaciones de comerciantes y ciudadanos

La nueva normativa también establece responsabilidades específicas:

  • Separar los residuos en origen y fomentar el reciclaje.

  • Recoger y limpiar los residuos tras eventos públicos, verbenas o ventas temporales.

  • Uso obligatorio del servicio de recogida puerta a puerta para comercios en zonas de alta concentración comercial. El incumplimiento puede acarrear multas de hasta 1.500 euros.

El concejal de Limpieza y Recogida de Residuos, Carlos Mundina, destacó que “el objetivo es concienciar sobre el respeto al medio ambiente, la salubridad pública y la conservación de la imagen urbana. El espacio público es de todos y debemos cuidarlo”.

Mundina subrayó que “acciones como escupir en la vía pública o ensuciar de manera visible son muy graves y se sancionan con hasta 3.000 euros. También la protección de nuestro patrimonio es clave: grafitis sobre bienes inmuebles protegidos serán sancionados de manera severa”.

Próximos pasos

La ordenanza debe pasar por exposición pública y ser aprobada en el Pleno municipal antes de entrar en vigor, momento en el que estas nuevas sanciones comenzarán a aplicarse de manera efectiva.

Con estas medidas, Valencia busca reforzar la educación cívica y garantizar que sus calles y espacios públicos mantengan la limpieza y el respeto que merece una ciudad de referencia.

 

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