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Valencia

Los alumnos valencianos de todas las etapas podrán elegir si hacen un examen en valenciano o castellano

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Los alumnos valencianos de todas las etapas podrán elegir si hacen un examen en valenciano o castellano

València, 10 jun (OFFICIAL PRESS-EFE).- El alumnado de todas las etapas educativas en la Comunitat Valenciana tendrá derecho a realizar los exámenes y las pruebas de evaluación, tanto de carácter parcial como final, en valenciano o en castellano a su elección, con independencia de la lengua vehicular de las mismas.

Así lo incluirá la futura ley de libertad educativa que promueven el PP y Vox en Les Corts, después de que este lunes se hayan debatido y votado las enmiendas parciales presentadas por los grupos parlamentarios a este proyecto de ley.

Han salido adelante todas las propuestas realizadas por el PP y Vox, excepto una de estos últimos, que pedía que las familias pudieran elegir la lengua de escolarización de sus hijos en la etapa de 2 a 3 años el próximo curso, y que no ha contado con el apoyo del PP porque aseguran que técnicamente no es posible hacerlo.

Alumnos valencianos podrán elegir el examen en valenciano o castellano

Entre las iniciativas aprobadas, se encuentra una pactada entre el PP y Vox que amplía la posibilidad de realizar los exámenes de las materia no lingüísticas en cualquiera de las dos lenguas cooficiales a todo el alumnado, en lugar de solo a los de ESO y Bachillerato, como recogía originalmente la norma.

También han salido adelante las propuestas del PP que, entre otras cosas, pretendían «dejar claro que las familias y los consejos escolares van a poder seguir decidiendo» qué materia se va dar en cada una de las lenguas, y que «la inspección va a velar para que haya una proporción razonable entre las dos lenguas oficiales», según ha explicado la diputada popular Beatriz Gascó.

El PSPV ha apoyado una enmienda de los populares para mantener el requisito lingüístico de valenciano en el cuerpo de inspectores de educación, mientras que las enmiendas del PPSV y Compromís no han salido adelante al no contar ninguna de ellas con el apoyo de los grupos que sustentan al Consell.

El socialista José Luis Lorenz ha reiterado que el objetivo del PP con esta «ley de falsa libertad educativa» es «hacer desaparecer el valenciano» de las aulas, y ha advertido de que frente a eso, los socialistas defienden «una ley que se base en la Ley de plurilingüismo y que se tengan en cuenta los informes de los expertos».

Gerard Fullana (Compromís) ha dicho que no esperaban «ningún acercamiento» por parte del PP y Vox en esta ley, en la que su grupo ha planteado mayoritariamente enmiendas de supresión, con el fin, sobre todo, de «evitar la segregación que planteará» esta norma entre el alumnado.

La popular Beatriz Gascó ha lamentado que el PSPV y Compromís sigan «alabando las bonanzas de la ley de imposición lingüística», que acabó en los tribunales y con manifestaciones en las calles, y ha abogado por la libertad que dará la nueva norma, que este lunes ha superado un trámite más y está lista ya para su aprobación definitiva en pleno.

Desde Vox, Julia Llopis ha insistido en la que esta ley «es democrática y da la libertad» a las familias y a los alumnos; «protege a los niños de educación especial y a los niños que vienen de otras comunidades o países, aumentando la inserción», y «reconoce el esfuerzo por aprender» las diferentes lenguas «sin discriminación».

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Valencia

Condenan a la Generalitat por la muerte de una paciente tras amputarle una pierna

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La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha dictado una sentencia en la que condena a la Generalitat a indemnizar con 100.000 euros a los hijos de una paciente que falleció debido a las complicaciones surgidas tras una cirugía de prótesis de cadera. Este fallo judicial responde al recurso presentado por los familiares de la fallecida, quienes alegaron una «defectuosa asistencia sanitaria».

Detalles de la Sentencia

Hechos del Caso

Los hechos se remontan a abril de 2019, cuando una paciente de 74 años fue sometida a una intervención quirúrgica para la colocación de una prótesis de cadera en el Hospital Francesc de Borja de Gandia. Durante la operación, la paciente sufrió una rotura de la pared posterior y del fondo del acetábulo, lo que requirió la colocación de unos clavos. Estos clavos perforaron el peritoneo, causando una lesión en la arteria ilíaca interna y un desgarro de la vena ilíaca.

Complicaciones Postoperatorias

Tras la cirugía, se detectó una falta de vascularización en la arteria ilíaca de la pierna derecha, lo que llevó a que la paciente fuera trasladada a otro centro hospitalario. Sin embargo, este traslado se realizó demasiado tarde, y la pierna tuvo que ser amputada. La paciente falleció dos meses después debido a las complicaciones derivadas de la amputación.

Reclamación de Responsabilidad Patrimonial

En 2020, los hijos de la paciente presentaron una reclamación de responsabilidad patrimonial ante la Generalitat, solicitando una indemnización de 140.000 euros. Esta reclamación fue desestimada por silencio administrativo. No conformes con esta decisión, los hijos impugnaron la desestimación, lo que llevó al TSJCV a pronunciarse a su favor parcialmente.

Sentencia del TSJCV

La sentencia, fechada el 19 de junio, reconoce la responsabilidad patrimonial de la Generalitat y otorga a los reclamantes una indemnización de 100.000 euros. La asociación El Defensor del Paciente, que ejerció la defensa, facilitó esta información y expresó su desacuerdo con el importe de la indemnización, considerando que debería ascender a los 140.000 euros inicialmente reclamados.

Opinión del Defensor del Paciente

Críticas al Proceso Asistencial

El Defensor del Paciente ha criticado la gestión del caso, señalando la ausencia de un cirujano vascular en el hospital de Gandia como un factor crucial que contribuyó al desenlace fatal. Según la asociación, el traslado de la paciente a otro hospital se realizó demasiado tarde, cuando la recuperación de la pierna ya no era posible.

Desigualdad en las Indemnizaciones

Además, la asociación ha manifestado su desacuerdo con el importe de la indemnización fijada por el TSJCV. Argumentan que esta cantidad genera una situación de desigualdad en comparación con otros casos similares, y reiteran que la cifra justa debería ser de 140.000 euros.

Conclusión

La sentencia del TSJCV pone de manifiesto la importancia de una adecuada asistencia sanitaria y la responsabilidad de las instituciones en garantizar la seguridad y el bienestar de los pacientes. Este fallo, aunque parcial, reconoce los errores en la atención brindada y ofrece una indemnización a los familiares de la paciente fallecida. Sin embargo, la discrepancia sobre el importe de la compensación destaca la necesidad de revisar y ajustar los criterios de indemnización para asegurar la equidad y justicia en todos los casos de negligencia médica.

 

 

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