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Valencia

Los alumnos valencianos de todas las etapas podrán elegir si hacen un examen en valenciano o castellano

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Alumnos valencianos examen valenciano o castellano
Los alumnos valencianos de todas las etapas podrán elegir si hacen un examen en valenciano o castellano

València, 10 jun (OFFICIAL PRESS-EFE).- El alumnado de todas las etapas educativas en la Comunitat Valenciana tendrá derecho a realizar los exámenes y las pruebas de evaluación, tanto de carácter parcial como final, en valenciano o en castellano a su elección, con independencia de la lengua vehicular de las mismas.

Así lo incluirá la futura ley de libertad educativa que promueven el PP y Vox en Les Corts, después de que este lunes se hayan debatido y votado las enmiendas parciales presentadas por los grupos parlamentarios a este proyecto de ley.

Han salido adelante todas las propuestas realizadas por el PP y Vox, excepto una de estos últimos, que pedía que las familias pudieran elegir la lengua de escolarización de sus hijos en la etapa de 2 a 3 años el próximo curso, y que no ha contado con el apoyo del PP porque aseguran que técnicamente no es posible hacerlo.

Alumnos valencianos podrán elegir el examen en valenciano o castellano

Entre las iniciativas aprobadas, se encuentra una pactada entre el PP y Vox que amplía la posibilidad de realizar los exámenes de las materia no lingüísticas en cualquiera de las dos lenguas cooficiales a todo el alumnado, en lugar de solo a los de ESO y Bachillerato, como recogía originalmente la norma.

También han salido adelante las propuestas del PP que, entre otras cosas, pretendían «dejar claro que las familias y los consejos escolares van a poder seguir decidiendo» qué materia se va dar en cada una de las lenguas, y que «la inspección va a velar para que haya una proporción razonable entre las dos lenguas oficiales», según ha explicado la diputada popular Beatriz Gascó.

El PSPV ha apoyado una enmienda de los populares para mantener el requisito lingüístico de valenciano en el cuerpo de inspectores de educación, mientras que las enmiendas del PPSV y Compromís no han salido adelante al no contar ninguna de ellas con el apoyo de los grupos que sustentan al Consell.

El socialista José Luis Lorenz ha reiterado que el objetivo del PP con esta «ley de falsa libertad educativa» es «hacer desaparecer el valenciano» de las aulas, y ha advertido de que frente a eso, los socialistas defienden «una ley que se base en la Ley de plurilingüismo y que se tengan en cuenta los informes de los expertos».

Gerard Fullana (Compromís) ha dicho que no esperaban «ningún acercamiento» por parte del PP y Vox en esta ley, en la que su grupo ha planteado mayoritariamente enmiendas de supresión, con el fin, sobre todo, de «evitar la segregación que planteará» esta norma entre el alumnado.

La popular Beatriz Gascó ha lamentado que el PSPV y Compromís sigan «alabando las bonanzas de la ley de imposición lingüística», que acabó en los tribunales y con manifestaciones en las calles, y ha abogado por la libertad que dará la nueva norma, que este lunes ha superado un trámite más y está lista ya para su aprobación definitiva en pleno.

Desde Vox, Julia Llopis ha insistido en la que esta ley «es democrática y da la libertad» a las familias y a los alumnos; «protege a los niños de educación especial y a los niños que vienen de otras comunidades o países, aumentando la inserción», y «reconoce el esfuerzo por aprender» las diferentes lenguas «sin discriminación».

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Valencia

Ribó imputado por supuesta construcción ilegal de piscina en Alboraia

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Joan Ribó imputado

VALÈNCIA. La presunta edificación irregular de una piscina municipal promovida por el Ayuntamiento de Alboraia en terrenos pertenecientes a València está generando controversia legal. Esta situación no solo afecta al consistorio de l’Horta Nord, sino también a la capital del Turia, ya que su exalcalde, Joan Ribó, ha sido citado a declarar como investigado en el proceso judicial.

El Juzgado de Instrucción Nº 19 de València ha admitido la solicitud de comparecencia formulada por la Asociación para la Defensa del Estado de Derecho, que ejerce la acusación popular y está presidida por la exalcaldesa de Catarroja, María Ángeles López. Según el auto judicial al que ha accedido Valencia Plaza, Ribó deberá comparecer el próximo 22 de julio.

La mencionada asociación, representada por el abogado Víctor Soriano, sostiene que existía conocimiento previo por parte de Joan Ribó y la exconcejala de Urbanismo, Sandra Gómez, sobre la construcción de la piscina, dado que su emplazamiento fue ampliamente difundido en medios de comunicación.

 

Sin embargo, afirman que no se tomaron medidas administrativas para legalizar la situación o iniciar procedimientos sancionadores.

Tanto el Ayuntamiento de València como el de Alboraia están bajo investigación por esta supuesta irregularidad urbanística. Desde 2022, el consistorio de Alboraia impulsó la construcción de la piscina en terrenos propios ubicados dentro del término municipal de València.

Según las declaraciones recopiladas en la instrucción judicial, estos terrenos se encontrarían en un proceso de segregación para ser incorporados al municipio de Alboraia.

Plan General de Alboraia

El Plan General de Alboraia los clasifica como suelo urbano, mientras que el de València los considera suelo protegido no urbanizable.

El complejo acuático en cuestión es una piscina municipal al aire libre, cuyo coste ascendió a 1,2 millones de euros, financiado parcialmente con una subvención de la Diputación de València. Su ubicación colinda con el campo de fútbol del Alboraya UD, pero según la investigación, fue construido en terrenos no urbanizables catalogados como huerta protegida.

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