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Los alumnos valencianos de todas las etapas podrán elegir si hacen un examen en valenciano o castellano

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Alumnos valencianos examen valenciano o castellano
Los alumnos valencianos de todas las etapas podrán elegir si hacen un examen en valenciano o castellano

València, 10 jun (OFFICIAL PRESS-EFE).- El alumnado de todas las etapas educativas en la Comunitat Valenciana tendrá derecho a realizar los exámenes y las pruebas de evaluación, tanto de carácter parcial como final, en valenciano o en castellano a su elección, con independencia de la lengua vehicular de las mismas.

Así lo incluirá la futura ley de libertad educativa que promueven el PP y Vox en Les Corts, después de que este lunes se hayan debatido y votado las enmiendas parciales presentadas por los grupos parlamentarios a este proyecto de ley.

Han salido adelante todas las propuestas realizadas por el PP y Vox, excepto una de estos últimos, que pedía que las familias pudieran elegir la lengua de escolarización de sus hijos en la etapa de 2 a 3 años el próximo curso, y que no ha contado con el apoyo del PP porque aseguran que técnicamente no es posible hacerlo.

Alumnos valencianos podrán elegir el examen en valenciano o castellano

Entre las iniciativas aprobadas, se encuentra una pactada entre el PP y Vox que amplía la posibilidad de realizar los exámenes de las materia no lingüísticas en cualquiera de las dos lenguas cooficiales a todo el alumnado, en lugar de solo a los de ESO y Bachillerato, como recogía originalmente la norma.

También han salido adelante las propuestas del PP que, entre otras cosas, pretendían «dejar claro que las familias y los consejos escolares van a poder seguir decidiendo» qué materia se va dar en cada una de las lenguas, y que «la inspección va a velar para que haya una proporción razonable entre las dos lenguas oficiales», según ha explicado la diputada popular Beatriz Gascó.

El PSPV ha apoyado una enmienda de los populares para mantener el requisito lingüístico de valenciano en el cuerpo de inspectores de educación, mientras que las enmiendas del PPSV y Compromís no han salido adelante al no contar ninguna de ellas con el apoyo de los grupos que sustentan al Consell.

El socialista José Luis Lorenz ha reiterado que el objetivo del PP con esta «ley de falsa libertad educativa» es «hacer desaparecer el valenciano» de las aulas, y ha advertido de que frente a eso, los socialistas defienden «una ley que se base en la Ley de plurilingüismo y que se tengan en cuenta los informes de los expertos».

Gerard Fullana (Compromís) ha dicho que no esperaban «ningún acercamiento» por parte del PP y Vox en esta ley, en la que su grupo ha planteado mayoritariamente enmiendas de supresión, con el fin, sobre todo, de «evitar la segregación que planteará» esta norma entre el alumnado.

La popular Beatriz Gascó ha lamentado que el PSPV y Compromís sigan «alabando las bonanzas de la ley de imposición lingüística», que acabó en los tribunales y con manifestaciones en las calles, y ha abogado por la libertad que dará la nueva norma, que este lunes ha superado un trámite más y está lista ya para su aprobación definitiva en pleno.

Desde Vox, Julia Llopis ha insistido en la que esta ley «es democrática y da la libertad» a las familias y a los alumnos; «protege a los niños de educación especial y a los niños que vienen de otras comunidades o países, aumentando la inserción», y «reconoce el esfuerzo por aprender» las diferentes lenguas «sin discriminación».

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Valencia

La jueza de la dana pide al TSJCV que impute a Carlos Mazón

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Carlos Mazón imputación dana
La jueza de la dana pide al TSJCV que impute a Carlos Mazón-EUROPA PRESS

La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 ha acordado elevar una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) para que se investigue al expresident de la Generalitat Carlos Mazón por una presunta “inactividad negligente” durante la emergencia que causó 230 víctimas mortales y una más en estudio.

La magistrada considera que existen indicios suficientes para que el alto tribunal asuma la investigación sobre el exjefe del Consell, dado que mantiene su acta de diputado en Les Corts y, por tanto, su condición de aforado. En la causa ya figuran como investigados la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y su ex número dos Emilio Argüeso.

La instructora ve “conexidad” para investigar al expresident

Según el auto judicial, de 109 páginas, la investigación debe “extenderse de manera inevitable” a Mazón por la “evidente conexidad” con los hechos y la normativa de protección civil. La magistrada sostiene que, desde la perspectiva de la Presidencia de la Generalitat, la gestión de la emergencia “se detuvo de facto” durante varias horas en las que el entonces president permaneció en el reservado de un restaurante.

La resolución subraya que esa permanencia “absolutamente pasiva” durante cerca de cinco horas podría constituir una “grosera negligencia” con un resultado mortal de 230 fallecidos y numerosos heridos.

Competencia autonómica en la emergencia

La jueza recuerda que la gestión de la emergencia correspondía “exclusivamente” a la Generalitat Valenciana al haberse declarado el nivel dos. En ese contexto, cita resoluciones de la Audiencia Provincial que inciden en la competencia autonómica conforme al Estatuto de Autonomía, la Ley de Protección Civil y el plan especial frente a inundaciones.

El auto detalla además las circunstancias de cada una de las víctimas mortales y sitúa la dirección del plan de emergencias en la entonces consellera Salomé Pradas.

Cadena de negligencias y responsabilidad jerárquica

La instructora describe una “cadena de negligencias” en la que habrían intervenido distintos responsables. Entre los elementos señalados figuran:

  • La convocatoria tardía del CECOPI.

  • El retraso en el envío de la alerta a la población, que se produjo a las 20.11 horas cuando la mayoría de víctimas ya habían fallecido.

  • La falta de coordinación entre organismos autonómicos.

  • Los avisos previos de la Agencia Estatal de Meteorología y la Confederación Hidrográfica del Júcar.

  • El elevado número de llamadas al 112 durante la jornada.

A juicio de la magistrada, la estructura jerárquica implicaba que el president debía supervisar y controlar la actuación de los responsables inferiores, lo que sitúa su eventual responsabilidad en un plano de mayor gravedad.

Horas clave sin decisiones relevantes

El auto apunta a una “situación de ajenidad” del entonces president entre las 14.30 y las 20.28 horas, cuando llegó al CECOPI en l’Eliana. En ese periodo, la jueza aprecia una supuesta minimización de la gravedad de la emergencia y ausencia de decisiones relevantes por parte de la máxima autoridad autonómica.

También ve indicios de una posible participación en el proceso de envío de la alerta Es-Alert, al considerar que los mensajes del jefe de gabinete del expresident a la consellera no eran simples opiniones, sino órdenes.

La instructora cuestiona además la falta de comunicación directa en momentos críticos y la imposibilidad de coordinar la emergencia si el teléfono no estaba operativo o accesible.

Sin valoración política

La magistrada recalca que la exposición razonada no se basa en un análisis moral o político, sino en la posible relevancia penal de la actuación del aforado y en su papel en la coordinación de la emergencia.

El TSJCV deberá decidir ahora si asume la investigación sobre Carlos Mazón en el marco de la causa abierta por la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 en la Comunitat Valenciana.

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