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Ángel Hernández, el hombre que ayudó a morir a su mujer, será juzgado por violencia de género

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La Fiscalía ha anunciado este jueves que recurrirá la decisión de la juez que ha derivado el caso del suicidio asistido de María José Carrasco a un Juzgado de Violencia de Género.

Ángel Hernández, el marido de María José Carrasco, ya reconoció ante la juez que la ayudó a morir, y fue puesto en libertad sin medidas cautelares investigado por un delito de auxilio o cooperación al suicidio. La juez que instruía el caso considera ahora que el caso debe ser tratado como «violencia de género» basándose en una sentencia previa del Tribunal Supremo. Por lo que Ángel Hernández podría enfrentarse a una acusación por homicidio.

La responsable de la Fiscalía de Violencia contra la Mujer, Pilar Martín-Nájera, ha asegura este jueves, en rueda de prensa, que se trata de «un caso bastante alejado de la violencia de género y no debería confundirse».

En este sentido, la Fiscalía ha remarcado que «no basta solo con que haya relación entre el hombre y la mujer: Hay un matiz, y es que tiene que haber humillación, dominación, discriminación».

Por su parte, la abogada de la defensa de Ángel Hernández cree que no se puede considerar «en ningún caso que lo que hizo fue un acto contra ella. Muy al contrario. Siguió los deseos de su esposa». Por eso, la abogada insiste en que el caso debe volver a ser competencia de un juzgado de instrucción ordinario.

Desde que se conoció el caso de María José Carrasco, muchos han sido los políticos que han aprovechado el momento para pronunciarse ante este tema tan delicado y que, a día de hoy, sigue siendo una tarea pendiente, sin resolución judicial ni consenso político. Y que ha reabierto el debate sobre la legalización de la eutanasia en España en un momento complicado por la carrera política hacia la Moncloa.

 

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El rey Juan Carlos I demandará a Revilla en Madrid tras fracasar la conciliación en Santander

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Juan Carlos I y Miguel Ángel Revilla

La demanda del rey emérito sigue adelante tras no llegar a un acuerdo con Miguel Ángel Revilla, quien se negó a rectificar sus declaraciones en televisión

Tras una conciliación sin acuerdo celebrada el pasado viernes 16 de mayo en los juzgados de Santander, el rey emérito Juan Carlos I presentará una demanda formal contra el expresidente de Cantabria y líder del PRC, Miguel Ángel Revilla, en los tribunales de Madrid.

El acto de conciliación fue el paso previo legal antes de una querella civil por injurias y vulneración del derecho al honor, después de que Revilla realizara declaraciones críticas sobre el monarca en diferentes programas televisivos. La abogada del rey emérito, Guadalupe Sánchez, solicitaba una rectificación pública y una indemnización de 50.000 euros.


📝 Sin avenencia en la conciliación: Revilla se negó a rectificar

Durante la vista, celebrada en el Juzgado de Primera Instancia número 13 de Santander, Revilla se mantuvo firme:

«Yo no rectifico en nada. Creo que estoy en lo cierto», aseguró el líder regionalista a su salida del juzgado.

El rey emérito no acudió personalmente al acto, aunque estuvo representado legalmente por su procurador y su abogada. Revilla, por su parte, asistió de forma presencial junto a su defensa. Ante la falta de acuerdo, la letrada de la Administración de Justicia dio por finalizado el acto sin avenencia, permitiendo así al emérito continuar por la vía judicial ordinaria.


💬 ¿Qué motivó la demanda de Juan Carlos I?

El origen del conflicto se remonta a manifestaciones públicas de Miguel Ángel Revilla en las que criticó al rey Juan Carlos en espacios televisivos de gran audiencia. Según la representación legal del emérito, esas declaraciones:

  • «Carecen de base fáctica»

  • Se fundamentan en informaciones periodísticas «que no equivalen a sentencias»

  • Constituyen un ataque a su honor y reputación

Revilla, por su parte, sostiene que sus palabras fueron simples opiniones personales y que se basaron en hechos públicos divulgados por medios de comunicación.


🚨 ¿Qué implica la demanda del rey emérito?

Concluida la fase de conciliación sin resultados, Juan Carlos I formalizará una demanda en los juzgados de Madrid, como permite la legislación civil española. El proceso judicial se iniciará con una reclamación por:

  • 50.000 euros de indemnización

  • Una rectificación pública de las declaraciones consideradas injuriosas

La defensa de Revilla prevé una batalla legal que podría alargarse en el tiempo. “Me veo en el banquillo a punto de cumplir 83 años”, comentó el expresidente cántabro tras conocer la decisión del emérito.

 

 

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