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Anticorrupción pide entre dos y cuatro años de cárcel para los implicados en el amaño del partido Zaragoza-Levante

Publicado

hace 7 años

en

VALÈNCIA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) – La Fiscalía Anticorrupción reclama penas que oscilan entre los dos y los cuatros años de prisión, además de una inhabilitación de otros seis más, para los implicados en el presunto amaño del partido disputado en el estadio Ciudad de Valencia en 2011 entre el Zaragoza y Levante. Así, se piden las penas más altas para el expresidente del club maño, Agapito Iglesias, y otros dos directivos, por supuestos delitos de corrupción deportiva a la que sumaría la falsedad documental.

Por su parte, tanto el que fuera entrenador del Zaragoza Javier Aguirre como para 36 jugadores, 18 de la entidad aragonesa y otros 18 del Levante, se enfrentar a dos años de prisión por el delito de corrupción.

Asimismo, en el escrito que el ministerio público ha remitido al juzgado de instrucción número 8 de València se solicita que se celebre juicio oral ante el juzgado penal contra la sociedad Real Zaragoza, su entonces presidente, Agapito Iglesias, varios directivos y el entrenador Javier Aguirre. La acusación también se dirige contra 18 jugadores del Zaragoza y 18 jugadores del Levante de la temporada 2010-2011 por el amaño del partido, que se jugó en el estadio Ciudad de Valencia el sábado 21 de mayo de 2011 correspondiente a la última jornada de Liga.

Según el fiscal, los hechos constituyen un delito de corrupción deportiva del artículo 286 bis 4 del Código Penal y un delito de falsedad en documento mercantil.
Por ello, la Fiscalía solicita que se impongan a los acusados penas de entre dos y cuatro años de prisión y seis años de inhabilitación para la práctica del fútbol profesional y actividades relacionadas con ese deporte. Por último, pide el comiso de los 965.000 euros empleados en la ejecución del hecho delictivo.

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Carlo Ancelotti enfrenta casi 5 años de cárcel por presunto fraude fiscal de un millón de euros

Publicado

hace 1 semana

en

28 marzo, 2025

De

Carlo Ancelotti

La Fiscalía de Madrid ha solicitado una pena de cuatro años y nueve meses de prisión para el entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, por presuntamente haber defraudado 1.062.079 euros a Hacienda durante los ejercicios fiscales de 2014 y 2015.

Acusación contra Carlo Ancelotti

Según la investigación, el técnico italiano habría eludido el pago de impuestos correspondientes a sus derechos de imagen, empleando un entramado societario para ocultar parte de sus ingresos. La Fiscalía argumenta que Ancelotti habría simulado la cesión de estos derechos a empresas extranjeras con el objetivo de reducir su carga tributaria en España.

Consecuencias legales para Ancelotti

En caso de ser declarado culpable, Ancelotti podría enfrentarse a una pena de cárcel y a una sanción económica que incluiría el reintegro del monto defraudado más los intereses y una multa adicional. Aunque el técnico aún no se ha pronunciado públicamente sobre el caso, su defensa argumenta que el entrenador ya regularizó su situación con Hacienda y que no hubo intención de fraude.

Antecedentes de casos similares en el fútbol español

El fútbol español ha estado en el punto de mira de Hacienda en los últimos años, con varias figuras destacadas como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y José Mourinho enfrentando procesos judiciales por delitos fiscales. En la mayoría de estos casos, los acusados llegaron a acuerdos con la justicia para evitar penas de prisión.

Posibles escenarios para Ancelotti

Si el entrenador del Real Madrid opta por un pacto con la Fiscalía, podría reducir significativamente su condena y evitar la cárcel, dado que en España las penas inferiores a dos años pueden suspenderse si no existen antecedentes penales. Sin embargo, si el caso llega a juicio y es hallado culpable, la sentencia podría afectar su continuidad en el club blanco y su reputación profesional.

Este proceso judicial añade incertidumbre al futuro de Ancelotti, quien actualmente lidera al Real Madrid en su lucha por títulos nacionales e internacionales. La resolución del caso marcará un precedente en la relación entre el fútbol y la justicia fiscal en España.

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