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Anticorrupción pide el archivo de la pieza de la F1 en la que se investiga la compra de Valmor por un euro

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VALÈNCIA, 26 Jul. – La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al Juzgado de Instrucción número 2 de València el archivo de la pieza relativa a las negociaciones para la organización del Gran Premio de Fórmula 1 en València a través de Valmor Sports SL y la posterior absorción de esta sociedad por parte de la empresa pública Circuito del Motor.

La magistrada instructora ya sobreseyó las actuaciones con respecto al expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, y la exconsellera de Turismo y Deporte, Lola Johnson, entre otros, y esta pieza había quedado ya sin investigados.

En un escrito presentado el pasado martes, la fiscal encargada de este caso expone que la compra de Valmor por un euro por parte de la Generalitat fue la «decisión menos perjudicial para los valencianos» debido a que, si se dejaba a esta empresa organizadora del evento deportivo en concurso de acreedores, no se podría haber celebrado el Gran Premio en el año 2012 y esto supondría una penalización de más de 70 millones de euros por parte de la organización de la F1

Frente a esa penalización se buscó la «solución menos gravosa», absorber Valmor y asumir su deuda, de más de 20 millones de euros, según argumenta Anticorrupción en su escrito, tal y como han informado fuentes de la Fiscalía a Europa Press.

Tal y como ha avanzado el diario Las Provincias, la instrucción de esta pieza ha permitido descartar indicios de ilegalidad por parte de los miembros del Consell que presidía el ‘popular’ Alberto Fabra. De este modo, Anticorrupción cree que no existió ánimo de malversar, sino que se adoptó la decisión menos perjudicial para las arcas públicas, dada la amenaza de sanción.

Tras el archivo del resto de piezas –el último sobreseimiento, decidido por la Audiencia Provincial de Valencia respecto a la causa en la que estaba procesado Camps por presuntas irregularidades en la construcción del circuito–, únicamente queda una en proceso de instrucción, la relativa a los contratos celebrados por Circuito del Motor, empresa pública encargada de la organización del Gran Premio, y determinados proveedores que resultaban adjudicatarios por orden de Valmor.

Fuente: (EUROPA PRESS)

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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