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Antifraude acusa a Ribó de pagar más de 770.000 euros en sobresueldos a sus concejales

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La Agencia Valencia Antifraude ha presentado un informe en el que se concluye que el Ayuntamiento de València pagó en la anterior legislatura hasta 772.000 euros en sobresueldos a diez tenientes de alclade de Compromís y el PSPV. Esos sobresueldos no se justificaron, ya que no se acreditó las competencias que los producían, y tampoco están detallados. De esta manera, explica el informe, se superó el límite legal de 25 asesores de dedicación exclusiva.

Según la investigación de Antifraude, los sobresueldos afectan a cinco concejales de Compromís (el actual vicealcalde Sergi Campillo y los tenientes de alcalde Guiseppe Grezzi, Gloria Tello, Pilar Soriano y Consuelo Castillo), tres del PSPV (la vicealcaldesa Sandra Gómez y los antiguos concejales Anaïs Menguzzato y Vicent Sarriá) y dos de Podem (Neus Fábregas y María Oliver) y empezaron en el 2015.

El informe explica que no se ha encontrado ninguna justificación para asignar ese complemento por «especial responsabilidad» y que este se valorara en un 25% más de sueldo, y recuerda que esa reponsabilidad ya está pagada y reconocida por el cargo asignado.

La oposición, encabezada por el PP, ya ha solicitado que la investigación llegue hasta el final. El Alcalde, Joan Ribó, ha defendido la actuación del Consistorio y la ha justificado como un «acto de equidad», que sólo buscaba equiparar su sueldo y el de los concejales. El Ayuntamiento ya prepara alegaciones al informe de Antifraude.

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Maduro pidió inmunidad para él y su familia a Trump para abandonar Venezuela

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Estados Unidos negocia con Maduro alternativas al petróleo ruso

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, solicitó a Donald Trump inmunidad total para él y su familia a cambio de abandonar el país, según fuentes cercanas a la conversación. La llamada, ocurrida el 21 de noviembre de 2025, se produjo en medio de la creciente presión de Estados Unidos sobre Venezuela, que incluye sanciones, amenazas militares y acciones contra presuntos grupos de narcotráfico vinculados al gobierno venezolano.

Durante la conversación telefónica, Maduro pidió el levantamiento de sanciones no solo para él, sino también para más de cien funcionarios de su gobierno, muchos de ellos acusados por Estados Unidos de corrupción, narcotráfico o violaciones de derechos humanos. Además, propuso que la vicepresidenta Delcy Rodríguez encabezara un gobierno interino antes de convocar nuevas elecciones.

Rechazo de Trump y expiración del salvoconducto

Trump rechazó la mayoría de las solicitudes de Maduro durante la llamada, que duró menos de 15 minutos, aunque le ofreció un plazo de una semana para salir del país hacia cualquier destino que eligiera con su familia. Este salvoconducto expiró el viernes siguiente, lo que llevó a la Casa Blanca a declarar el cierre total del espacio aéreo venezolano.

A pesar del rechazo, fuentes indican que Maduro ha solicitado una nueva conversación con Trump, aunque persisten diferencias significativas sobre los términos de cualquier salida negociada.

Contexto de la presión estadounidense sobre Venezuela

Estados Unidos ha intensificado las medidas contra el gobierno de Maduro, incluyendo:

  • Ataques a lanchas presuntamente usadas para narcotráfico en el Caribe.

  • Designación del Cartel de los Soles como organización terrorista.

  • Recompensas de hasta 50 millones de dólares por información que conduzca al arresto de Maduro, y 25 millones por otros altos funcionarios como Diosdado Cabello.

El gobierno de Maduro, en respuesta, sostiene que las acusaciones estadounidenses buscan un cambio de régimen para controlar los recursos naturales de Venezuela, incluido el petróleo.

Situación política interna

Maduro, en el cargo desde 2013, reafirmó su lealtad al pueblo venezolano tras las elecciones que Estados Unidos y varios observadores calificaron como fraudulentas. Sin embargo, Washington no reconoce su legitimidad como presidente. Las negociaciones y las conversaciones con Trump se mantienen bajo reserva, y aún no se descarta una salida negociada si se resuelven las diferencias sobre inmunidad y sanciones.

 

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