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Antonio Pelayo, histórico corresponsal de Antena 3 en Roma, denunciado por presunta agresión sexual

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Antonio Pelayo-ATRESMEDIA

El periodista y sacerdote Antonio Pelayo, conocido corresponsal de Antena 3 en Roma y una de las voces más acreditadas sobre el Vaticano, ha sido acusado por la Fiscalía de Roma de presunta agresión sexual contra un periodista italiano de 40 años.

Según informa Corriere della Sera, los hechos habrían ocurrido el pasado 23 de mayo, durante la cobertura informativa de la muerte del papa Francisco y el cónclave que eligió a León XIV como nuevo pontífice. Ambos periodistas coincidieron en diversas coberturas mediáticas y, según la denuncia, Pelayo habría invitado a su colega a cenar en su domicilio, donde supuestamente intentó mantener relaciones sexuales sin consentimiento.

El denunciante relató que se vio obligado a abandonar la vivienda ante la insistencia del sacerdote. Tras cinco meses de investigación, la Fiscalía romana ha verificado el testimonio y considera los hechos «suficientemente acreditados» para acusar formalmente a Pelayo de presunta agresión sexual.

Mensajes de disculpa y posible juicio

El informe judicial recoge que Pelayo, de 81 años y natural de Valladolid, habría enviado posteriormente varios mensajes de disculpa al denunciante, entre ellos: “Lo siento mucho, no quería molestarte”. La Justicia italiana decidirá próximamente si se abre juicio oral o si el caso se archiva.

Un periodista veterano con larga trayectoria en el Vaticano

Antonio Pelayo no forma parte de la plantilla de Antena 3, sino que colabora como freelance especializado en información vaticana. Su dilatada carrera lo ha convertido en uno de los periodistas españoles con mayor reconocimiento en el ámbito religioso y diplomático. Durante el mes de mayo, Pelayo protagonizó múltiples conexiones en directo informando del fallecimiento del papa Francisco, con quien mantenía una estrecha relación personal.

En una de sus últimas apariciones televisivas, el veterano corresponsal rompió a llorar en directo al recordar al pontífice: “He perdido a un padre”, confesó entonces.


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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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